El gobierno de Pedro Sánchez sigue en el ojo del huracán por su nefasto manejo de los fondos europeos. En los últimos días hemos conocido la profunda desconfianza que despierta en Bruselas el sistema de gestión y control de dichos recursos. De hecho, la Comisión Europea habría ordenado una auditoría con la que pretende esclarecer qué está haciendo el Ejecutivo con los desembolsos comunitarios.
Además de un problema de control, el despliegue de los fondos está recibiendo numerosas críticas por el intolerable despilfarro asociado a algunos de los proyectos seleccionados por el gobierno. Solamente en el caso del Ministerio de Trabajo que dirige la comunista Yolanda Díaz, nos encontramos con un sinfín de escándalos, que van desde los 160 millones con los que se pretende engordar más aún la plantilla de empleados públicos a los 688 millones que se movilizarán en ayudas "con criterio de género" y cláusulas similares, pasando por los 25 millones que irán a centros de orientación que ya existen en las autonomías o 100 millones que se inyectarán en la renovación de las sedes de los sindicatos.
La cosa no acaba ahí: el gobierno ni siquiera es capaz de ejecutar los fondos recibidos, de modo que buena parte de sus anuncios se quedan en eso, en anuncios que no llegan a concretarse en nada. Este 2022, por ejemplo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) estima que solo se lleguen a desembolsar 10.000 millones de euros provenientes de Bruselas. En Italia, por ejemplo, el gobierno del primer ministro saliente, Mario Draghi, estima que habrá movilizado más de 21.000 millones a lo largo del mismo ejercicio. Comparándonos con Francia o Portugal llegamos a conclusiones igualmente preocupantes.
Pero, si acaso todo lo anterior no fuese suficiente, lo cierto es que el despliegue de los fondos europeos en España también está lidiando con una problemática de fondo asociada a la desconexión observada entre los intereses y las necesidades del sector empresarial y las metas y objetivos del gobierno.
Como explicó Libre Mercado, las iniciativas que va a cubrir el gobierno de PSOE y Podemos están tan lejos de las preocupaciones reales del empresariado español que solo un 14% de las mercantiles españolas se plantean participar en las adjudicaciones de los fondos comunitarios. De hecho, el propio gobierno ha reconocido que, de momento, solo hay 6.000 empresas que han acudido a las convocatorias que se han concretado, lo que supone menos del 0,2% del tejido productivo nacional.
La gigafactoría de Volkswagen
Y, para rizar el rizo, esta semana hemos conocido que el gobierno de Sánchez va a tirar la casa por ventana para financiar su proyecto fetiche para los fondos europeos. Se trata de una gigafactoría de baterías para coches eléctricos que el Grupo Volkswagen tiene previsto desarrollar en la localidad valenciana de Sagunto.
La pasada semana empezaron a crecer los rumores de que el plan estrella del gobierno para el despliegue de los recursos comunitarios podría terminar en nada, puesto que la compañía alemana y su socio nacional Seat esperaban recibir entre 800 y 1.000 millones para financiar esta infraestructura.
Sin embargo, el gobierno puso menos de 200 millones sobre el tapete y, tras las presiones y discusiones entre ambas partes, elevó su propuesta hasta el entorno de los 400 millones. Volkswagen quiere que sus proyectos para Sagunto queden vinculados a otras inversiones similares pero de menor tamaño que se podrían desarrollar en Barcelona y Pamplona, pero el Ejecutivo quiere analizar cada proyecto por separado.
"La industria española del automóvil necesita una urgente y favorable resolución del PERTE, alineada con las inversiones que plantean realizar todas las compañías, para acelerar el proceso de transformación del sector en toda su cadena de valor. El Grupo Volkswagen, SEAT y las 60 empresas que forman parte del programa Future: Fast Forward queremos movilizar 10.000 millones de euros para electrificar la industria del automóvil en España y convertir el país en un hub de la movilidad eléctrica en Europa. Este desarrollo ha estado siempre vinculado a los fondos europeos, a través del programa PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica) y su línea VEC (Vehículos Eléctricos)", destacaron fuentes de la firma en un comunicado.
En privado, el lenguaje que han venido empleando los directivos de Volkswagen es aún más duro. Fuentes de la compañía consultadas por este diario consideraban que el Ejecutivo había viniendo dado por sentado que aceptarían cualquier cifra. De momento, su enfado ha convencido a Sánchez de duplicar la cantidad ofertada, aunque en VW consideran que su propuesta amerita una cifra de inversión más alta, de entre 800 y 1.000 millones.
Más allá de la polémica con Volkswagen y su filial Seat, el gobierno tiene previsto dedicar 170 millones a Mercedes-Benz, 108 millones a D-Hub, 67 millones a Stellantis, 40 millones a Renault, 33 millones a Sapa, 28 millones a Faurecia, 24 millones a Irizar y 9 millones a Fagor. Ford se ha retirado del programa PERTE VEC, mientras que la china Envision optó a los fondos pero se quedó fuera de la licitación y buscará otras líneas de financiación pública con el apoyo del gobierno extremeño, que quiere impulsar otra planta de baterías en la región.
Todas estas informaciones coinciden con la publicación de las últimas estimaciones referidas al escaso impacto de los fondos europeos. Tales informes, elaborados por el Instituto de Estudios Económicos, estiman que menos del 10% de los recursos desplegados en los últimos meses han ido a parar a la empresa privada y también alertan del nulo efecto sobre el crecimiento a medio y largo plazo que podrían tener los programas de gasto asociados al plan de estímulo sufragado por Bruselas.