En Europa las cosas nunca están tan claras. Desde hace un cuarto de siglo, desde que comenzó el proceso de instauración del euro, buena parte de las discusiones giran en torno a las reglas de "gobernanza" comunes, la forma de denominar, en bruselense, a las normas que los países deben cumplir por formar parte del euro. Porque el euro es un club que, como todos los clubes, tiene unas ventajas que sólo disfrutan los socios a cambio de una cuota. ¿Y si uno no paga esa cuota? En una asociación privada normal, la teoría es que le echan. Pero en la UE y en la Eurozona, esa lógica no se aplica.
Ahora la Comisión anuncia que va a presentar a los gobiernos una propuesta para reformar esas reglas: "Comunicación para la creación de un marco de gobernanza económica adaptado a los retos futuros" (aquí la información al respecto que publicó el ejecutivo comunitario) la pasada semana. El punto de partida es realista: el Pacto de Estabilidad y Crecimiento que salió del Tratado de Maastricht nunca se ha llegado a aplicar. De hecho, en la Comisión creen que estaba mal planteado desde el inicio. Pero ése es casi otro debate. Porque fuera buena o mala idea, los cierto es que apenas ha sido aplicado como se diseñó.
¿Y qué proponen ahora desde Bruselas? Pues un nuevo Pacto. Eso sí, esta vez aseguran que saldrá bien porque estará adaptado a los tiempos y se beneficiará de lo aprendido en los últimos años. Lo primero, se pactará "por consenso" entre la Comisión y los estados miembros. Y será, nos dicen, más flexible y eficaz. Nos olvidamos de los odiosos y estrictos límites del PEC: el 3% de déficit y el 60% de deuda pública no desaparecen pero pasan a convertirse más en una referencia que en una obligación. Y vamos a objetivos individualizados por país y que no hay que cumplir año a año, sino con la mirada puesta una meta que habrá que alcanzar "a medio plazo".
Todo el documento suena a la nueva Bruselas, a la que salió de la crisis de deuda soberana de 2010-15 y del impacto del Covid obsesionada con no caer en las rigideces que, creen, estuvieron a punto de arrasar con el proyecto europeo cuando Yanis Varoufakis y Alexis Tsipras lanzaron su órdago hace ya casi ocho años. El lenguaje con las novedades lo deja muy claro: "reforzar la asunción nacional de sus trayectorias presupuestarias"; "senda de ajuste de referencia"; "trayectoria descendente verosímil"; "ampliar la senda de ajuste presupuestario hasta tres años"...
En las instituciones comunitarias están convencidos de que el problema es que las reglas que han existido hasta ahora no dan margen de maniobra y son muy rígidas. De que cuando hay crisis y los países tienen más problemas de equilibrio presupuestario no es el momento de pedir ajustes. De que hay que dar tiempo para hacer reformas antes de ponerse a dar tijeretazos por uno y otro lado. De que políticamente los recortes son insostenibles y más en momentos de recesión.
Y en parte tienen razón. Probablemente, entre 2010 y 2015 lo que necesitaba Grecia eran más reformas estructurales que impulsasen su productividad antes que recortes del gasto público que no se sabía muy bien quién los había ordenado. El problema es la otra parte, la de la cuota del club. Porque lo otro que necesitaba Grecia era un compromiso creíble para organizar sus cuentas públicas y dejar de vivir de sus socios de la Eurozona... y aquello tampoco estuvo sobre la mesa hasta que le obligaron.
Reglas y cumplimiento
La gran debilidad de la UE post-Maastricht es que quiere ser sin ser. Una moneda única y un área política como el que dibujaron sólo puede sostenerse con reglas comunes y que se cumplan. Que tengan la parte mala de la rigidez, pero la buena de la previsibilidad, fiabilidad y confianza. Cuidado, "comunes" no quiere decir "iguales". Pueden ser referencias diferentes que se mueven en función de la coyuntura o de la situación del país de turno. Pero lo ineludible es que se cumplan las que se pacten, sean buenas o malas. Y si quieres flexibilidad, será a costa de ceder control a los otros.
Ahora, la Comisión asegura que se cumplirán porque: va a reducir los importes de las sanciones financieras, lo que debería hacer que fuera más sencillo e inmediato imponer multas (inteligentes se ha dicho) a los estados. Habrá "sanciones más severas en materia de reputación"; se ha hablado de ministros yendo a explicar por qué su país no cumple al Parlamento Europeo. Y se mantiene la amenaza más temida, la de cerrar el grifo del dinero, con la congelación de los fondos europeos si no se van cumpliendo los hitos.
En la Comunicación de la Comisión todo esto encaja. Pero no funcionará. El ajuste a cuatro años suena sensato, más lógico que el tira y afloja de cada Presupuesto que vemos actualmente. Pero lo sensato entra en colisión con las necesidades de la política. Seamos sinceros: ¿de verdad gobiernos como el español o el italiano, que llevan una década incumpliendo las recomendaciones de Bruselas, las van a acatar ahora cuando la posibilidad de sanción se ha alejado en el tiempo? ¿Los hombres de negro asustarán más si el gobierno de turno cree que las sanciones se las comerán otros o llegarán después de las próximas elecciones? Que Sánchez acaba de pactar con ERC reformar la sedición y malversación (dos medidas que posiblemente le costarán muchos votos) para sacar unos Presupuestos adelante y tirar en Moncloa unos meses más. ¿Estos son los políticos en los que vamos a confiar cuando los dos o tres primeros años las cuentas no salgan? ¿Vamos a pensar: "En realidad, el déficit está subiendo porque están haciendo las reformas con tranquilidad, pero los números rojos se irán cerrando cuando nos acerquemos a la fecha límite"? La ingenuidad debería tener un límite hasta en Bruselas.
Hasta ahora, las reglas comunes nunca han funcionado por muy graduales que fueran los avisos o las sanciones. Sólo el rescate directo o la amenaza de ruptura del euro obligó a algunos gobiernos a actuar. Como dice John Müller, el único agente reformista real que ha habido en España en los últimos veinte años ha sido la prima de riesgo. ¿Y ahora estos mismos gobiernos van a cambiar su forma de actuar para evitarse una comparecencia en el Parlamento Europeo que no tendría una cobertura ni de veinte segundos de telediario? ¿O van a dejar de cumplir una promesa electoral de más gasto por una multa que llegará, si llega, porque todavía nunca ha llegado, dentro de cuatro años?
Por no hablar de la discusión eterna sobre si se están cumpliendo o no los objetivos, algo que no estará claro hasta el final del período. O sobre si un presupuesto es realista o demasiado optimista: quién decide quién tiene razón sobre el déficit previsto, ¿los que anticipan más crecimiento, creación de empleo y recaudación? ¿o los que prevén un parón de la economía? Porque, además, entre que Bruselas lo califica, el Gobierno de turno alega, la Comisión responde y sale el dictamen, estamos en noviembre y no hay marcha atrás.
La disciplina de la realidad
Los incentivos de todos apuntan en la dirección contraria. Desde la Comisión, un enfrentamiento con los gobiernos es un proceso duro y con pocas posibilidades de éxito. Incluso aunque tengan razón en sus dictámenes, siempre existe el riesgo de que un acuerdo político en el Consejo lo deje todo en nada. Para los gobiernos, la prioridad es el aquí y ahora; y dentro de cuatro años, que otro responda en Bruselas o Estrasburgo.
La única disciplina que ha funcionado hasta ahora es la de siempre: la de ir a por dinero y que no haya, emitir deuda al vacío, saber que un euro más de gasto y estás quebrado. La disciplina de la realidad. ¿Que en la teoría de Paolo Gentiloni, el comisario de Economía, este plan es más lógico? Sí, pero esto es como una novela: internamente es 100% coherente, pero es que nadie vive en una novela.
La experiencia nos dice que todos los gobiernos usan la UE mientras sienten que pueden sacar algo del saco común. O hay unidad política (por cierto, una perspectiva horrible, pero eso hoy no toca) o tienes que plantear unas reglas escuetas y claras, con un calendario creíble y sanciones inmediatas. Vivimos en el peor de los mundos: durante el 90% del tiempo, los acuerdos son papel mojado en la práctica y sólo nos acordamos de ellos cuando estamos al borde de la ruptura. Entonces llega el momento de reproches y acusaciones. De hecho, esa falta de control en el corto plazo, con esas cumbres que terminan con unas fotos de todos los líderes sonrientes aunque no se fíen unos de otros... eso es lo que provoca que el riesgo de ruptura total sea más elevado a medio plazo. Menos buenas palabras en el día a día, a cambio de más confianza mutua. Como español, sé que el alivio del gobierno que torea a Bruselas, aunque suponga un recorte menos aquí o allá, en realidad aumenta el peligro de que un día nos pongan la etiqueta de "la nueva Grecia".
Dice la Comisión que la aplicación del nuevo paquete se hará de forma más estricta y automática. Pero en realidad lo que ha planteado (y todo esto antes de que los gobiernos le metan tijera e el redactado definitivo) sigue sonando a politiqueo sin fin. En realidad, suena a eso más que antes. Pero nos dicen que confiemos. Son los expertos y sus planes perfectos: se habla mucho de los populistas, pero nadie ha hecho más daño en este siglo XXI a la UE ni se ha equivocado más... que los sofisticados y los que se supone que más saben.