El gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado que pondrá en marcha la derogación del delito de sedición. Lo hará por la puerta de atrás, sin los informes preceptivos del Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial y con el claro objetivo de seguir granjeándose el apoyo de los partidos separatistas que impulsaron el golpe del 1 de octubre de 2017.
Como bien señaló el editorial de Libertad Digital, el Ejecutivo de PSOE y Podemos vuelve a perpetrar un ataque frontal a la unidad de España a base de desmantelar el Estado de Derecho. Y no estamos ante un hecho aislado, puesto que Sánchez ya indultó a los condenados por el 1-O y desmanteló el Tribunal de Cuentas para aliviar el castigo que habrían recibido los sediciosos por haber incurrido también en serios de delitos de malversación de caudales públicos.
No es este el único frente abierto que tiene el gobierno. No hay que olvidar que tres de las cuatro asociaciones de referencia en el ámbito de la carrera judicial se han dirigido por carta a la Comisión Europea para denunciar el "riesgo claro de violación grave del Estado de Derecho" en el que se encuentra el poder judicial español a raíz del intento de asalto del gobierno de Pedro Sánchez al Consejo General del Poder Judicial.
Y, no lo olvidemos, el Tribunal Constitucional considera que Pedro Sánchez decretó dos Estados de Alarma de forma ilegal, apelando a la pandemia del coronavirus para restringir de forma irregular una larga lista de derechos y libertades fundamentales. En la misma línea, el TC también ha considerado que el cierre de la actividad parlamentaria en 2020 fue contrario a Derecho.
Pero sería un error pensar que lo que está haciendo el gobierno de España pasa inadvertido en los indicadores que miden estas cuestiones dentro y fuera de nuestro país. Nada más lejos de la realidad. De hecho, son cada vez más los indicadores nacionales e internacionales que reflejan el franco deterioro que está experimentando el imperio de la ley en España desde que Sánchez está en La Moncloa. A continuación se presentan cinco ejemplos de ello.
1. Se dispara la desconfianza en las instituciones.
La encuesta El gobierno, de un vistazo que elabora de forma rutinaria la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) pone de manifiesto que España es el país en el que más se está deteriorando la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas. Solo un 38% cree en el gobierno, frente al promedio del 51% que registran los países de la OCDE, y apenas un 33% piensa que se escucha la voz de la ciudadanía, por debajo de la media del 46% que se anota el conjunto de las economías desarrolladas.
2. La calidad democrática, cuesta abajo y sin frenos.
No hace tanto, cuando Mariano Rajoy ocupaba la jefatura de gobierno, España figuraba en el selecto club de las "democracias plenas". Este listado, elaborado por la división de análisis de la revista The Economist, jerarquiza el grado de democracia de decenas de países de acuerdo con cinco grandes categorías: procesos electorales y pluralismo político, buen funcionamiento del gobierno y las instituciones, participación ciudadana en política, cultura democrática y reconocimiento de libertades civiles y personales. Pero el buen desempeño de nuestro país se quebró con la llegada al poder de Pedro Sánchez. De hecho, las últimas ediciones del mismo informe sitúan a España como una "democracia defectuosa" y censuran el deterioro que está viviendo la independencia judicial desde que Sánchez es presidente.
3. Opacidad y falta de transparencia.
A comienzos de 2022 trascendió que el gobierno de Pedro Sánchez ha infringido más de 1.200 veces la Ley de Transparencia. El Ejecutivo de coalición entre PSOE y Podemos acumula cientos de apercibimientos por ocultar información que debería ser de dominio público, pero se está clasificando como "secreta" o "confidencial" para evitar su divulgación. A menudo, Pedro Sánchez y su gobierno se apoyan en la Ley de Secretos Oficiales que promulgó el régimen de Francisco Franco para seguir ocultando la realidad a la ciudadanía.
Este clima de opacidad solo se ha acrecentado en los últimos meses, puesto que el manejo de los 70.000 millones de euros provenientes de los fondos europeos se está desarrollando de forma tan incierta que la Comisión de Control del Parlamento Europeo ya ha pedido explicaciones a nuestro país.
Incluso en la técnica legislativa del gobierno se observa una preocupante deriva, puesto que el Ejecutivo se ha acostumbrado a gobernar a golpe de Decretos-ley, habiendo aprobado más de 120 textos de estas características para minimizar el control parlamentario de sus iniciativas legislativas.
4. El imperio de la ley, en retroceso.
El World Justice Project publica anualmente el Índice del Imperio de la Ley, en el que mide en qué grado se mantiene un Estado de Derecho coherente con los más altos estándares. Bajo gobierno de Pedro Sánchez, nuestro país ha caído del puesto 21 al 23 de la tabla. En la categoría que mide el desempeño de la justicia civil, pasamos del puesto 23 al 30, mientras que en la justicia penal caemos del número 20 al 23.
5. Incumplimientos reiterados de arbitrajes internacionales.
Y, por si todo lo anterior no fuese suficiente, Pedro Sánchez también ha situado a España como uno de los países que acumula más incumplimientos de arbitrajes internacionales. El ejemplo más claro es el del "pufo" de las renovables. Nuestro país prometió pagar generosas primas a los inversores que desarrollasen esta forma de energía, pero luego retiró estos incentivos de forma retroactiva. Las decenas de fallos que reiteran la ilegalidad de esta decisión siguen pendientes de pago… y la respuesta del gobierno de Pedro Sánchez ha sido generar aún más incertidumbre y anunciar la salida de España del Tratado de la Carta de la Energía, que suscriben las principales economías del globo desde hace años y se justifica, precisamente, para evitar la inseguridad jurídica.