Este viernes, la empresa que está detrás del intento de extraer uranio en Salamanca, Berkeley Minera, anunció la posibilidad de llevar a España a un proceso de arbitraje por el no del Gobierno al proyecto. La compañía invocó el Tratado sobre la Carta de Energía, que abre la puerta a demandas de compañías energéticas contra Estados por cambios en sus políticas que afecten a sus inversiones e ingresos. Según anunció Berkeley, han enviado una notificación "que informa al Reino de España" de la "disputa y de los incumplimientos" de este tratado e invita al Gobierno a "negociar". Avisa de que si las conversaciones no se resolvieran "satisfactoriamente", se podría "iniciar un arbitraje internacional".
La noticia es el último capítulo de la larga batalla entre la compañía de origen australiano y el Gobierno por el uranio de Salamanca. La región albergó en su día una mina, la de Saelices El Chico, explotada por la pública ENUSA, que echó el cierre en 2000 no por el agotamiento de los recursos sino por la caída en los precios del uranio y la baja rentabilidad: en el momento de la clausura, los costes de producción superaban en casi un 30% los precios de mercado. Los cambios en el mercado, sin embargo, llevaron a que años después varias empresas pusieran sus ojos en los yacimientos españoles.
Una década detrás del uranio
Berkeley fue la que llegó más lejos: la empresa arrancó en 2012 el "desarrollo técnico" de un proyecto para construir en Retortillo una mina a cielo abierto y una planta de fabricación de concentrados de uranio. El largo proceso de obtención de permisos para la apertura de una mina, aún más complicado en este caso por tratarse de elementos radiactivos, avanzó lentamente durante varios años hasta que se detuvo en 2018 "a raíz del cambio de gobierno", según fuentes de la empresa.
El no definitivo llegó en 2021: el Consejo de Seguridad Nuclear tumbó el proyecto, con el voto discrepante de uno de los consejeros, aduciendo "las elevadas incertidumbres de los análisis de seguridad de la instalación radiactiva en los aspectos geotérmicos e hidrogeológicos" en relación al almacenamiento definitivo de los residuos. Las dudas sobre "la capacidad efectiva de aislamiento de las barreras" les llevaron a emitir un informe desfavorable que sirvió de base al Gobierno para rechazar la mina.
Antes, en mayo de 2021, PSOE y Podemos sacaron adelante la Ley de Cambio Climático que incluye entre otras cosas la prohibición de la extracción de uranio, una enmienda que sin embargo no afectaría a este proyecto por tratarse de una concesión ya tramitada pero que fuentes del sector vincularon en su día a la guerra del Ejecutivo contra el proyecto de Retortillo.
La guerra contra el Gobierno
Berkeley Minera respondió al Ejecutivo acusando al CSN de actuar "fuera de la legalidad" al tratar al proyecto de Salamanca "de una manera injustificadamente distinta, más estricta y más exigente" que en otros casos. Aludieron a los expedientes de la citada mina de Saelices el Chico y de la mina de La Haba, en Badajoz, que echó el cierre en 1990. También acusaron al Ministerio de saltarse el procedimiento administrativo al no remitir al CSN el Informe de Mejora y la documentación extra que aportaron tras el "no" a los permisos de construcción.
Desde la compañía, avisaron de que continuarían batallando contra el Ejecutivo ante "una cuestión obviamente política" de un Gobierno opuesto a lo nuclear. Ahora, la batalla legal podría terminar convirtiéndose en una demanda millonaria contra España: la empresa afirma haber invertido ya 86 millones en un proyecto que contemplaba una inversión total de 400 millones y la creación de 500 puestos de trabajo.
Los últimos movimientos
Sólo unos días días antes de este anuncio, que hizo que Berkeley se disparara en bolsa, la compañía anunció la creación de un Comité Asesor para reimpulsar el proyecto, con el fichaje de los empresarios Rafael Miranda, Miguel Riaño y el ex diputado popular y ex secretario de Estado de Comercio Jaime García Legaz.
Desde la empresa se sostiene que la mina podría extraer 89,3 millones de libras de uranio convirtiendo a España en la principal fuente de este mineral de Europa. El proyecto, además de con el "no" del PSOE, se ha encontrado en esta década con la oposición ecologista por la tala de encinas y el impacto que tendría una explotación a cielo abierto en el paisaje, y el apoyo de parte de los vecinos por el impacto económico que tendría en la comarca.