En 2004, la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados decidió que un almacén nuclear único era la mejor solución para los residuos españoles como paso previo a su almacenamiento definitivo. Dieciocho años después, el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido que no por "las dificultades que se plantean para lograr el necesario grado de consenso social, político e institucional", según la última versión del Plan de Residuos Radiactivos que rechaza de plano esta opción y opta en su lugar por siete almacenes en cada una de las centrales españolas.
Esta frase, y las explicaciones de Teresa Ribera diciendo que había que velar por "la mayor aceptabilidad de las soluciones que se proponen", evidencian que el Ejecutivo no se ha guiado por criterio técnico o científico alguno en su decisión de enterrar unas instalaciones por las que sí han optado varios países de nuestro entorno. Es más: el Ministerio, que nada más llegar al poder paralizó el proyecto, habría actuado en contra de los múltiples argumentos a favor del ATC recogidos en los anteriores planes avalados por expertos nacionales e internacionales.
Uno de ellos es el catedrático de Ingeniería Nuclear de la Universidad Politécnica de Madrid Eduardo Gallego, que nada más conocerse la decisión recopiló algunos de los argumentos a favor del ATC que dio la denominada misión Artemis, un grupo internacional de especialistas enviados por la Organización Internacional de la Energía Atómica en octubre de 2018 para evaluar la gestión de desechos en España.
El informe tras la visita expresaba su preocupación por los retrasos que acumulaba el proyecto, que en un primer momento se quería tener en marcha en 2010, y reiteraba las ventajas de un ATC frente a otras soluciones. Años antes, el anterior Plan de Residuos, aprobado en 2006, también recogió por qué España debía optar por esta solución. Estas son algunas de las razones que avalaban, y avalan, el almacén único:
1.Agiliza las tareas de desmantelamiento de las centrales nucleares, permitiendo la retirada del combustible gastado de los emplazamientos.
2.Permite liberar los emplazamientos de las centrales nucleares desmanteladas para otros usos, sin ningún tipo de restricción.
3.Reduce el número de instalaciones con combustible gastado y residuos de alta radiación en España y por lo tanto de emplazamientos nucleares dispersos por la geografía española, "con la consiguiente disminución de los riesgos y servidumbres asociados a este tipo de instalaciones".
4.Los riesgos de impacto ambiental se multiplican por siete si se opta por siete emplazamientos en lugar de uno.
5.Permite racionalizar y optimizar la operación y los servicios de apoyo a la gestión del combustible gastado (como la vigilancia y seguridad) al centrarse la atención del gestor (Enresa) y el regulador (el Consejo de Seguridad Nuclear) en una única instalación.
6.Permite abordar la gestión de los residuos "en condiciones óptimas" y de un modo unificado con instalaciones como una "celda caliente" para inspeccionar y manipular en caso necesario combustible gastado. En el plan de Ribera se contempla que dispongan de esta "celda caliente" uno de los siete almacenes.
7.Proporciona a España un centro tecnológico con laboratorios que sirvan de apoyo para satisfacer las funciones de seguridad y de investigación de cara al almacenamiento definitivo.
8.Es más barato: según contemplaba la anterior versión del plan de residuos, construir un almacén en lugar de siete, uno por central, supondría 2.137 millones de ahorro.
9.Posibilita la repatriación de los residuos almacenados en el extranjero, que tenían que haber regresado en junio de 2017 y por los que España paga una penalización millonaria que sólo será devuelta a su regreso. El nuevo plan de Ribera proyecta ahora que sean guardados en el almacén que se levantará en Vandellós.
10.Dota al sistema de gestión español de capacidad de maniobra ante posibles incertidumbres, como la necesidad de desmantelamiento prematuro de alguna central.
Los países que sí tienen ATC
Gallego destaca por estos y otros motivos que la alternativa de los siete almacenes es "la peor desde el punto de vista técnico y económico" y cómo los motivos para haberla adoptado "son exclusivamente políticos". En declaraciones a LD, destaca cómo existen "muchos países que tienen centralizado el almacenamiento del combustible gastado y los residuos", entre ellos Finlandia (Olkiluoto), Francia (La Hague, Cadarache y Marcoule), Países Bajos (la instalación HABOG, modelo del fallido ATC español), Reino Unido (Sellafield), Suiza (Zwilag) y Suecia (la instalación CLAB).
Varios de estos países, como Finlandia, Holanda, Suecia y Suiza "son ejemplos de actuaciones racionales y en diálogo con la población y consenso entre las fuerzas políticas", señala el profesor. En España, mientras, cabe recordar que el proyecto ha estado marcado por retrasos, protestas ecologistas y zancadillas políticas.
Una "cuestión de Estado"
La opción de los siete almacenes es en todo caso una solución temporal a la espera de que se aborde el siguiente gran proyecto: el almacén geológico profundo, que deberá albergar, para siempre, los residuos altamente radiactivos del parque nuclear español. La fecha es aún muy lejana (2073) pero es muy probable que para entonces vuelvan a surgir problemas similares. "Si no se trabaja el consenso desde el principio no cabe esperar que surja espontáneamente precisamente en las fases finales", señala al respecto Gallego, que subraya que para "una cuestión de Estado como esta" son necesarios "acuerdos políticos" y "diálogo con las administraciones autonómica y local y con las poblaciones más directamente implicadas".