Hay una expresión en economía que se denomina moral hazard, y que se traduce por riesgo moral, lo que le da en castellano un aire a temática religiosa. En realidad, el término procede del mundo de los seguros y se refiere al riesgo de que el asegurado, sabiéndose protegido frente al siniestro, adopte menos precauciones para evitarlo, llegando en ocasiones al extremo incluso a forzarlo para cobrar la indemnización. Un ejemplo para entenderlo sería que si el dueño de un puesto de castañas sabe que el seguro contra incendios le proporcionará más dinero que el contenido, tenga la tentación de rebajar las normas de seguridad, o que incluso al final de la temporada, cuando las ventas ya sean más bajas, provoque aposta la deflagración.
Sin embargo, el uso de la expresión ya es mucho más común (por ejemplo, el riesgo moral de pagar un rescate puede incentivar que éstos aumenten), y en el mundo económico se ha generalizado para expresar el riesgo cierto de favorecer la no resolución de problemas por culpa de unas ayudas excesivas que restan incentivo al que debe resolverlos. En concreto, muchos hemos hablado del riesgo moral que suponía la política monetaria del BCE de los últimos años. Con los tipos de interés en negativo y las generosísimas compras de deuda (en el mercado secundario para no traicionar "legalmente" sus estatutos que le prohíben financiar a los estados), a mi juicio han restado incentivos a los gobiernos de la Eurozona para reducir drásticamente sus déficits presupuestarios y tomar medidas impopulares de reducción del gasto. Los bancos centrales los últimos años se han comportado como un padre que regala una tarjeta de crédito a un hijo derrochón, y sin ponerle límite alguno.
A un gestor político que no se juega su propio dinero, y cuyo principal objetivo es ganar unas elecciones, nunca se le debería haber proporcionado una herramienta tan poderosa para aumentar la deuda de su país y poder retrasar las medidas necesarias para ajustar los presupuestos. Si a eso se suma la irresponsabilidad de la UE, que sigue dando manga ancha a los gobiernos incumplidores, creo que se puede apreciar muy bien el riesgo moral que supone dar demasiadas ayudas sin unas condiciones muy estrictas y con un marco temporal muy bien definido, ya que desanima la resolución de los problemas. Y hay una consecuencia indeseada más: que nos acostumbremos tanto a esos parabienes que no sepamos funcionar sin ellos. Es por ello que ciertos políticos españoles que sólo saben aumentar el gasto llaman "terrorismo financiero" a la subida de tipos.
La cuestión es que el riesgo de dar ayudas y que no sepamos vivir luego sin ellas, no es algo que se circunscriba sólo a la política monetaria, se puede aplicar a muchas otras medidas como las que desincentivan a los parados a buscar un empleo, por ejemplo. Resulta impactante que la tasa de paro española sea tan alta y, a la vez, se necesite de tantos emigrantes para poder cubrir muchos puestos de trabajo, ¿hasta qué punto son responsables las políticas que hacen que no trabajar, o hacerlo esporádicamente, resulte tan rentable? Sin duda es un tema importante del que se lleva hablando durante décadas con muchos ejemplos, pero como prima el interés electoral por encima del general, los gestores políticos no se arriesgan a una posible reforma que pueda cambiar determinados malos hábitos del mercado laboral español.
Y hay muchos más temas: ¿incentivamos la irresponsabilidad financiera de los bancos y de algunas empresas al rescatarlos cuando tienen problemas? En general cada vez que se aprueba una subvención se corre un riesgo moral, por eso es importante que se estudien bien, y que cuando se otorguen, sean de forma temporal y con unas condiciones que impidan que se incentive el mal uso de esos fondos públicos. Ejemplos hay muchísimos, y uno bien reciente es el tema del transporte. El que en 2023 haya tantas elecciones está seguramente detrás de la ampliación al próximo año de la rebaja en el precio de los trenes de media distancia y la práctica gratuidad del Cercanías, aunque nos quieran vender temas ecológicos.
Nos encontramos, como ante la política monetaria de BCE en su momento, con una medida excepcional de corta duración que se va prolongando y creando un riesgo moral importante: ¿volverá la gente a querer pagar para coger un transporte público tras más de un año sin hacerlo, asumirá el siguiente gobierno la impopular medida de volver a cobrar por el Cercanías? Y habrá quien defienda la gratuidad para siempre, pero hay que ser consciente que, incluso pagando el billete, la mayoría de líneas llevan años arrojando pérdidas, por lo que multiplicarlas lo que hará será aumentar aún más que el que no usa el servicio, lo pague. Es como si alguien que nunca viaja en avión, pague las tasas del aeropuerto.
Por desgracia, esa tendencia va a más en este país: los contribuyentes cada vez financiamos más servicios que no usamos y medidas con las que no estamos de acuerdo, para que el político de turno conserve su puesto