Hace algunas semanas comentábamos la necesidad que tienen las empresas de ganar dinero para poder darnos servicio, crear empleo y pagar impuestos, algo que parece muy obvio pero que parece ser ignorado por miembros del actual gobierno.
Sin embargo, es cierto que hay una serie de empresas que da igual que pierdan dinero. Me refiero a las públicas, a compañías como RTVE, y que se puede ampliar a las televisiones autonómicas. Son un pozo de dinero público perdido con la excusa del servicio que ofrecen, pero todos sabemos que son excusas. Tienen exceso de personal, inversiones con criterios políticos y malos resultados en casi todos los aspectos. La pena es que no es algo que ocurra en todos los países, hay empresas públicas que funcionan bien en otros lugares pero en España en general el sector público es ineficiente.
Con la pandemia tuvimos un ejemplo muy claro: mientras empresas privadas como Mercadona reaccionaron con rapidez manteniendo el suministro y colocando pantallas de metacrilato a sus cajeras a los pocos días de empezado el encierro, el SEPE, por cierto responsabilidad de Yolanda Díaz "superstar", se colapsó durante meses mientras decenas de miles de empleados públicos estaban en casa cobrando su salario sin trabajar, debido a que no pueden (o nadie se atrevió a hacerlo) reciclarse de un departamento a otro.
La ineficiencia y falta de productividad también se aprecia en cómo la revolución informática ha reducido puestos de administración en la mayoría de empresas privadas, dado que agiliza los trámites y son necesarios menos administrativos, pero no ha evitado que el número de empleados públicos siga aumentando los últimos años. Y en un país donde la población prácticamente está estancada, los servicios públicos, a pesar de ese aumento de personal y mejora tecnológica, cada vez funcionan peor y con más retrasos. La exigencia de citas y la casi imposibilidad de ser atendidos por teléfono en muchas administraciones es el penúltimo caso de abuso y se contradice con la exigencia que se hace, por una ley de este gobierno, a los servicios de atención al cliente de las empresas privadas, que tienen que responder por teléfono, nunca por un robot, y en un tiempo límite. Hipocresía llamo yo a eso.
Sin embargo reconozco que el debate sobre la, para mí, necesaria y muy justificada reforma del sector público, exigiría toda una serie de artículos muy extensos ya que engloba muchos aspectos, así que hoy me voy a centrar en comentar otro caso que, en mi opinión, clama al cielo: el de la empresa pública española con más empleados.
Correos está tan mal gestionada que no es capaz de obtener beneficios del boom global de la paquetería, y sólo esquiva puntualmente los números rojos gracias a las convocatorias electorales, es decir, es una empresa estatal a la que el estado le cubre las pérdidas y, cuando no lo hace, le financia con un contrato en exclusiva. Sus empleados no dejan de crecer (son más de 50 mil) pero la productividad de éstos es muy baja. El 7 de mayo salieron las oposiciones para cubrir 7.757 plazas de contratos indefinidos (a los que se presentaron más de 84.000 personas). Casi 8.000 salarios más cubiertos por todos los españoles para una compañía que no gana dinero, ¿se imaginan algo así en una empresa privada?
Y antes de que alguien me diga que Correos cumple una función de servicio público, recordaré que en muchos países, con mejores servicios que el nuestro como Holanda o Alemania, hace años que pueden vivir sin problemas con la compañía de Correos privatizada y, además, son empresas que ganan dinero (y por tanto pagando impuestos en lugar de extraer capital del erario como hace casi cada año la Correos española).
De 2015 a 2018 perdió 377 millones de euros, las diversas convocatorias electorales de 2019 le proporcionaron un beneficio de 13 millones de euros, pero en 2020 perdió 264 millones. En 2021 "sólo" 96, y eso gracias a vender su sede valenciana por 24 millones de euros, y algunas desinversiones más. Y en 2022, aunque aún no hay cifras definitivas, según afirmó el diputado del PP Celso Delgado el pasado marzo en el Parlamento, rondarán los 270 millones de pérdidas, cifra que podría ser incluso superior este año a pesar de las convocatorias electorales.
Sin duda, una empresa privada tan mal gestionada jamás ampliaría su plantilla, y desde luego sus accionistas reaccionarían ante un equipo gestor tan malo, con un despido de su equipo dirigente. Sin embargo, el presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, cuyo anterior cargo fue el de Jefe de Gabinete de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE (y antes estuvo en la Federación Española de Municipios y Provincias), no ve peligrar su puesto. Al menos mientras su amigo Pedro Sánchez (el mismo que llegó a decirle a Rajoy que no era una persona decente) siga de presidente del gobierno.
No deberíamos asumir que una empresa por ser pública tenga que dar pérdidas, ni aceptar que sean dirigidas por personas sin la suficiente experiencia y que claramente están en el cargo por enchufismo. Y esta exigencia debemos dejarla clara también para los que gobiernen tras las generales de este año, porque por desgracia este problema no es exclusivo de la actual legislatura. Y ojalá que también se afronte, a ser posible con el mayor consenso posible, una reforma total del sector público español, en beneficio del servicio al ciudadano y con el menor coste para él.