La reforma de las pensiones de José Luis Escrivá deberá salvar muchos obstáculos si quiere ser aprobada, como asegura el ministro de Seguridad Social, antes de fin de año. De hecho, este mismo lunes, aseguraba que es optimista al respecto y que la reforma va "en la dirección correcta". Lo hacía unas horas después de que se conociese una respuesta de la Comisión Europea en la que recordaba que el incumplimiento en este punto tendría consecuencias en el calendario de pagos relacionados con el Plan de Recuperación y Resiliencia. Lo que, en lenguaje comunitario, podría traducirse como "pocas bromas con este tema".
El problema es que por el otro lado tampoco tiene mucho margen. Desde Podemos ya le han advertido de que se opondrán a sus planes. No sólo los morados, también Yolanda Díaz –que no está muy claro a qué partido o coalición representa– ha criticado lo publicado en prensa –porque, recordemos, oficial no hay nada–. E incluso los sindicatos, que en estos años de Gobierno de Pedro Sánchez han estado bastante tranquilos, han anunciado que esta vez sí habrá pelea por este tema. Entre la espada de sus aliados y la pared de sus financiadores europeos, el ministro de Seguridad Social tiene muy poco espacio para maniobrar. Y si de verdad quiere tenerlo todo listo en menos de tres semanas, la tarea se complica todavía más.
La respuesta de Gentiloni
La novedad de esta semana es la respuesta que el Comisario de Economía, Paolo Gentiloni, dio a la eurodiputada de Ciudadanos Eva María Poptcheva. Desde el grupo naranja, le habían preguntado hace unas semanas si (1) la Comisión considera "que el actual sistema de pensiones español cumple los principios de equidad intergeneracional y sostenibilidad del sistema" y (2) qué medidas podrían adoptarse en el caso caso "de que no se hicieran las reformas adecuadas para garantizar esos principios antes de 2023".
La contestación del equipo de Gentiloni en realidad no supone ninguna novedad. Y tampoco es especialmente dura en términos de lenguaje comunitario. Pero sí incluye algunos aspectos interesantes. Lo que dicen desde Economía es: (1) que la Comisión ya ha señalado en el pasado "su preocupación por la sostenibilidad fiscal del paquete de reformas del Plan de Recuperación y Resiliencia (...) incluido el mecanismo de equidad intergeneracional"; (2) que existe un "riesgo de una desviación presupuestaria significativa"; (3) que la reforma de las pensiones forma parte de los hitos incluidos en el Componente 30 y que se evaluará cuando el Gobierno español haga la "cuarta solicitud del paro"; y (4) que, por supuesto, "si la Comisión considera que no se han cumplido satisfactoriamente todos los hitos y objetivos asociados a un tramo, suspenderá parcialmente el pago" e incluso podría haber un recorte en la cantidad transferida si los incumplimientos no se corregían.
¿Va en serio esta advertencia? Pues todo lo en serio que pueden ir las advertencias de Bruselas. En el pasado, no sirvieron de mucho. Pero también es verdad que los Gobiernos no pueden ignorarlas por completo. En este punto asistimos desde hace años a un tira y afloja complicado de manejar por los involucrados y de entender por parte de la opinión pública.
Por una parte, todos saben (y todos sabemos) que es muy difícil que la Comisión cumpla realmente con sus amenazas. Tiene que poner tono de dureza... pero nadie espera que aplique una medida como suspender los fondos a un país salvo enfrentamiento directo con sus dirigentes, un escenario poco probable. Eso sí, en el Gobierno de turno también saben que no pueden ignorar por completo lo que llegue de Bruselas. Hay que hacer como que cumplen, quieran o no. España, además, tiene la desventaja de que es quizás, junto a Italia, el país al que más se mira (aunque sólo sea porque es el que más ha incumplido los objetivos de déficit en los últimos quince años). Y las pensiones son la promesa más importante, por cantidad, por su impacto en la opinión pública, porque es un tema en el que las comparaciones entre países son muy sencillas... Por eso, la contestación de Gentiloni a Ciudadanos no supone ninguna novedad. No hay nada que se salga de lo normal, ni el lenguaje es especialmente duro. Dice lo único que podía decir. Es la típica respuesta oficial de manual. Pero funciona como recordatorio y advertencia: tenéis que presentar algo y hacerlo en plazo.
Presión desde Podemos
Si sólo fuera Bruselas, la cosa sería manejable. El problema para Sánchez y Escrivá es que la presión llega también del otro frente: el de la izquierda en la que se han apoyado estos años. Ya comentamos en su momento que los planes del ministro de Seguridad Social parecían diseñados para molestar a los socios. Sus propuestas contradicen, punto por punto, el programa electoral de Podemos: mientras uno pide adelantar la jubilación, el otro quiere retrasarla; y frente a la promesa de no recortes, la última medida anunciada, ampliar el período de cálculo hasta los 30 años, supone la forma más contundente de minorar las pensiones de futuro.
A cinco meses de que comience un ciclo electoral intenso y muy reñido, parece la ocasión perfecta para que los socios menores de la coalición se posicionen frente al mayoritario. En primer lugar, porque sus propuestas son mucho más populares: ¿quién va a oponerse a no recortar pensiones o adelantar la edad de jubilación? Como, además, ha sido el propio Escrivá quien ha repetido una y otra vez que el sistema no tiene problemas de sostenibilidad y ha tildado de agoreros y mal informados a los que anticipaban recortes, la campaña ya la tienen hecha. Después de tres años diciendo que no lo harías y que no hacía falta, cuando llegan los recortes, es fácil que te acusen de estar en manos de Bruselas o la banca, y de faltar a tu palabra.
Por todo esto, no es extraño que la semana pasada todos salieran en tromba a posicionarse contra Escrivá. Lo hicieron Pablo Echenique y Jaume Asens desde Podemos, Íñigo Errejón desde Más País, Yolanda Díaz por Sumar y casi todos los grupos parlamentarios que forman el llamado "bloque de la investidura". Pero quizás los más duros fueron los sindicatos. Unai Sordo, secretario general de CCOO, dijo que la ampliación a 30 años del período de cálculo es una medida que "no genera consenso", "no es necesaria" y no es una recomendación del Pacto de Toledo. En la misma línea, UGT le ha pedido directamente que "retire" la propuesta porque "distorsiona" el diálogo sobre el resto de asuntos objeto de la reforma.
A partir de aquí, Escrivá tiene tres semanas, con megapuente y Navidad incluidos, para cerrar un acuerdo. El ministro ya ha reconocido que en primera instancia la reforma se aprobará por Decreto Ley, pero incluso así tendrá que pasar por el Consejo de Ministros, donde le esperan sus socios con los cuchillos afilados. Y si no hace nada, algo que a estas alturas ya no parece posible y que sería una derrota política colosal, a oposición estaría encantada de recordar a Bruselas que Sánchez no cumple con lo pactado. No es la mejor situación posible para un año electoral. Es lo que tiene retrasar las reformas, que cuando te llegan, te encuentras con titulares sobre recortes en pensiones a unos pocos meses de las urnas.