Los separatistas de ERC lanzaron este martes una petición al Gobierno que, de momento, no ha sido atendida en unas semanas protagonizadas por las cesiones al partido desde el Gobierno. Los republicanos reclamaron mediante una interpelación urgente las competencias de gestión de emergencias nucleares, para arrebatar al Estado la coordinación de una hipotética catástrofe nuclear en las inmediaciones de las centrales que están en Cataluña, Ascó y Vandellós.
La encargada de plantear la exigencia, Norma Farré, destacó que Tarragona "es la zona más nuclearizada del Estado español" y que los planes de emergencia exterior han creado "preocupación" y "críticas" de gobiernos cercanos por su "falta de actualización" y "carencia de medios y recursos". La diputada llegó a señalar que "hay una carretera de
evacuación en Riba-roja d´Ebre, en la que el Estado construyó un puente para poder llegar a ella y no lleva a nada". También reclamó simulacros con población civil y planteó problemas como la ausencia de cobertura en algunas zonas.
En su respuesta, Fernando Grande Marlaska rechazó de plano un posible traspaso de competencias: el Gobierno, dijo, "no puede estar en modo alguno de acuerdo con ese extremo" y destacó que "la gestión del riesgo nuclear es una competencia exclusiva del Estado en todas sus fases". "Así fue establecido en la primera Ley 2/1985 sobre Protección Civil", señaló el ministro, que señaló que "nos encontramos ante un tipo de riesgo que tiene una indudable naturaleza nacional, incluso puede tenerla internacional, y en el que es preferible que los mecanismos de respuesta cuenten con un mando único y con capacidad de articular el mayor número de capacidades posibles".
Marlaska también destacó otras razones por las que la gestión del riesgo nuclear es "un todo indivisible": la participación en ellos del Consejo de Seguridad Nacional, con "competencia regulatoria exclusiva en todo el territorio nacional", y que dejar las cosas como están evitaría posibles retrasos en la respuesta.
"Esto no significa negar en modo alguno a la Generalitat o a otras administraciones su participación en materias claramente conexas con la gestión del riesgo nuclear", continuó Marlaska que pasó a detallar los millones que han llegado o están llegando a los municipios próximos a las centrales relacionados precisamente con los planes de emergencia: el ministro citó "subvenciones a cuarenta y nueve municipios por un importe total de 2,5 millones de euros".
Esta no es la primera vez que ERC habla de las centrales nucleares catalanas para abogar por su cierre, para exigir competencias o para demandar más dinero, como el contemplado para los municipios vinculados a las centrales una vez estas se clausuren, algo que ocurrirá, en el caso de las situadas en Cataluña, en 2030 y 2034. También han reclamado parte de la recaudación que generan los impuestos a las nucleares, a pesar de que el Ejecutivo catalán cobra su propia tasa a las centrales.