El Gobierno ha culminado el primer paso para la reforma de la Ley de Minas, en vigor desde 1973. Hace unos días concluyó el plazo para la presentación de alegaciones en la consulta pública previa sobre la futura ley, impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Según señala el ministerio que dirige Teresa Ribera, el objetivo de cambiarla ahora es responder a "la aparición de nuevas demandas de materiales y materias primas" en el "proceso de transición ecológica y de cambio del paradigma económico mundial".
En un país con un potente sector minero pero en el que han encontrado obstáculos importantes proyectos para la extracción de minerales estratégicos (cabe recordar el caso de las tierras raras, con el fallido intento de Castilla-La Mancha, o el del litio en Extremadura, donde varios proyectos siguen atascados), la anunciada reforma del Gobierno ha desatado expectación en el sector.
Por un lado, coinciden con el Gobierno en que es necesario actualizar una norma aprobada antes de la Constitución para adecuarla a la legislación europea, a la estructura autonómica y a la regulación ambiental. El Gobierno señala que la nueva norma buscará, además de una "gestión sostenible" de las materias primas, una "reducción de las cargas administrativas". Desde la Confederación Nacional de Empresarios de la Minería y Metalurgia (Confedem), que acaba de enviar sus alegaciones al Gobierno, tienen como demanda principal la adaptación al marco autonómico recordando que "las competencias de derechos mineros están transferidas". Entre sus peticiones, está la aligeración de trámites y burocracia, que en algunos casos provoca que haya proyectos que pasen años "en un cajón". Reclaman, entre otras cosas, una relación "más fluida" entre departamentos como Urbanismo, Minas y Medio Ambiente y que se contemplen "plazos" y el concepto de "silencio administrativo".
Desde el Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas también piden la misma mejora: que la nueva norma "no se reduzca a regular la actividad minera" sino que "facilite esta actividad", obligando a que "se guarde el preciso equilibrio entre el derecho que todos tienen a disfrutar de un medio ambiente adecuado" y "la obligación de conservarlo" consignadas en la Constitución con el "deber de los poderes públicos de velar por la utilización racional de todos los recursos naturales".
Como explica a LD el presidente de la institución, Ángel Cámara, piden, entre otras cosas, la creación de un órgano consultivo, "como una Agencia Española de las Materias Primas", con representación estatal, autonómica así como de asociaciones empresariales, sindicales, industriales y colegios profesionales. También un refuerzo en las administraciones para evitar retrasos en la tramitación de expedientes que "en no pocas ocasiones" son de décadas.
¿Por qué ahora?
El sector, sin embargo, duda de que sea este el momento adecuado: desde el Colegio de Ingenieros recuerdan que está pendiente de aprobación un texto europeo que será clave para la legislación española: el Reglamento Europeo para las Materias Primas Críticas, Esenciales y Estratégicas, actualmente en fase de consulta y que "entrará en vigor en el momento de su publicación". Por ello, Cámara no ve aconsejable abordar en este momento una actualización de la vigente Ley de Minas que "podría verse pronto superada por la regulación europea".
Lo mismo explican a LD desde la patronal minera: el presidente de Confedem, Vicente Gutiérrez Peinador, señala cómo en sus alegaciones indican al Gobierno que este no es el momento de una nueva ley que no creen que dé tiempo a aprobar en esta legislatura y que en todo caso habría que volver a adaptar en breve a la legislación europea. Según Peinador, la legislación de la UE podría estar lista "a lo largo de 2023, como mucho a principios de 2024", por lo que creen que "no tiene sentido" abordar ahora la reforma.
La "Ley Antiminería" de Podemos
Los movimientos en el Gobierno para emprender la reforma proceden de la aprobación en verano de la denominada Hoja de Ruta para la gestión sostenible de las Materias Primas Minerales, que incluía el compromiso de abordar un cambio en la ley. Un documento que casi coincidió en el tiempo con una proposición de ley auspiciada por Podemos y desarrollada por Ecologistas en Acción para reformar la Ley de Minas tumbada en el Congreso por, entre otros, el PSOE, y que fue tachada de "locura" por el sector.
Según señala Cámara, "en realidad se podía considerar como una propuesta de ley antiminería", una "utopía ambientalista" que contemplaba, entre otras cosas, "plazos administrativos absolutamente inviables" para las empresas y estaba impregnada por la filosofía de "no en mi patio trasero", dejando la extracción de minerales críticos a países "cuyas condiciones humanas, sociales y ambientales dejan mucho que desear".
Planteamientos como el de Podemos hacen que la patronal enfatice que no se trata de hacer "algo nuevo" con la Ley de Minas sino "coger lo que hay" y hacer ciertas modificaciones. Según Peinador, existe el deseo de convertir esta norma en una "ley de impacto ambiental de la minería" cuando "no deja de ser una ley de derechos mineros", y recuerda cómo ya existe legislación en España dedicada específicamente a las cuestiones ambientales.
Presiones ecologistas
Entre tanto, desde Ecologistas en Acción ya han respondido a los planes del Ejecutivo haciendo sus propias sugerencias para la reforma y denunciando ante el Supremo los planes para cambiar la ley. Entre sus peticiones al Gobierno, están que el máximo de las concesiones de explotación sean de diez años en lugar de 30 o la prohibición de la explotación de los minerales metálicos submarinos, lo que impediría en un futuro la explotación de los yacimientos que albergan el Tropic y otros montes submarinos en Canarias.
También reclaman que "en lugar de sacrificar ambientalmente el territorio, se adopten medidas urgentes y decididas para fomentar la recuperación y reciclaje de los metales", fundamentales, paradójicamente, para tecnologías verdes como los paneles solares o los coches eléctricos.