La jubilación de los funcionarios es un problema para el Gobierno porque entre la media de edad del cuerpo funcionarial y las jubilaciones anticipadas, en los últimos años están aumentando cada vez más los trabajadores del Estado que dejan sus funciones para comenzar el periodo de retiro.
De hecho, casi siete de cada diez funcionarios se jubilan antes de cumplir los 65 años. En 2019, los jubilados de las Clases Pasivas aumentaron un 15%, pero es que en la segunda mitad del 2020 el número de trabajadores que se jubilaron con 60 años se disparó un 26% con respecto al año anterior.
Por todo ello, el Gobierno, mediante la Ley de Función Pública, quiere crear mecanismos para fomentar que estos trabajadores no solamente lleguen a los 65 años en su puesto laboral, sino que amplíen su permanencia a cambio de una serie de incentivos por determinar. De hecho, José Luis Escrivá, ministro de Inclusión y Seguridad Social, ya dejó entrever la posibilidad de crear un cheque de 12.000 euros para convencer a estos empleados públicos y que así prolonguen su vida laboral más allá de la edad de jubilación.
Este cheque prevé dar entre 5.000 y 12.000 euros, en función a la base reguladora y del número de años cotizados, a cambio de prolongar su vida laboral durante al menos un año más. También se plantean medidas como una mejora de la pensión del 4% anual. Unas medidas que ya fueron criticadas por el impacto económico y fiscal que pueden generar en las cuentas nacionales, pero que ahora se vuelven a poner sobre la mesa para buscar atractivos de cara a motivar al funcionariado a trabajar más años.
Sin embargo, en los últimos años, las jubilaciones anticipadas no han parado de crecer en las clases pasivas. Por ejemplo, en 2020 fueron 6.500 los que pidieron jubilarse antes de tiempo, en 2021 la cifra subió por encima de los 9.000. Un problema que crece cada vez debido a la media de edad de los funcionarios. La media de edad es de 53,88 años frente a los 43,26 de la edad media de los empleados del sector privado. Y es que, un gran número del funcionariado español pertenece a la generación del famoso ‘baby boom’ que se jubilará en los próximos 10 años.