En los últimos días, la guerra por el artificio estadístico del Gobierno con los datos del paro se ha recrudecido. Desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez (con el departamento de Yolanda Díaz a la cabeza) justifican el descarado maquillaje de los fijos discontinuos en que esta modalidad de contrato "lleva décadas existiendo". Ya estaba ahí cuando llegaron.
Bien es cierto que en el Gobierno de PSOE y Podemos no son los creadores de esta figura laboral. Sin embargo, sí son los responsables de la avalancha de contratos de este tipo que se ha producido a lo largo de todo 2022.
El motivo es que la entrada en vigor de la contrarreforma laboral de Yolanda Díaz del pasado año prohibió el contrato por obra y servicio y puso numerosas trabas a los contratos temporales, por lo que las empresas que necesitan algunos trabajadores solo para un periodo concreto del año (agricultores, comerciantes, restaurantes...) se vieron abocadas a transformar los contratos en una opción que usaba muy poco hasta entones: la modalidad de fijo-discontinuo. Sin embargo, este cambio implicaba un importante beneficio estadístico para el Gobierno por dos razones:
1- Maquilla la temporalidad
El Ejecutivo convertía por arte de magia empleos "temporales" en otros considerados "fijos" (el fijo discontinuo), aunque esta transformación no significa que esos empleados vayan a estar más tiempo trabajando que antes.
Tan marginal era la utilización de este tipo de contratos antes de la norma de Yolanda Díaz, que el número de fijos discontinuos se ha disparado la friolera de casi un 1.000% en el último año, como se observa en la tabla del Ministerio de Trabajo.
En la tabla anterior se observa también que, de los 464.152 contratos "indefinidos" del mes de diciembre de los que presume el Gobierno, 107.292 son indefinidos a tiempo parcial (de menos horas), que sumados a los 177.877 fijos discontinuos hacen que más del 60% de los contratos indefinidos de los que jacta Yolanda Díaz sean precarios.
Pero hay otro dato que también sustenta la teoría de que los empresarios están sustituyendo unos contratos por otros disfrazando la temporalidad que el Gobierno afirma haber eliminado: la mortalidad de la contratación indefinida. Solo en el mes de diciembre, unas 34.848 personas firmaron más de un contrato indefinido en ese mes. Es decir, ese contrato indefinido se firmó para unos pocos días, por lo que tiene fecha de caducidad y no tiene ninguna naturaleza indefinida.
2- Maquilla el paro
Los meses del año que los empleados fijos discontinuos no trabajan (como un camarero al que contratan en verano o un agricultor que va a una campaña específica) no cuentan como desempleados en las listas del paro.
Aunque en el Ministerio de Trabajo se niegan a dar el dato del número de fijos discontinuos que están inactivos porque no lo tienen "depurado", organismos como Randstad calculan que estamos hablando de más de medio millón de fijos discontinuos que están en su casa sin trabajar esperando una llamada de la empresa que puede durar incluso un año o que nunca se llegue a producir. Esto significaría que el paro efectivo estaría en los 3,3 millones de desempleados en lugar de situarse en los 2,8 millones de los que presumía el Gobierno esta semana relativos al cierre de 2022.
El precedente de los ERTE
El de los fijos discontinuos no es único aliado estadístico del Gobierno de Sánchez para meter bajo la alfombra a los ciudadanos que no están trabajando. Durante la pandemia, Yolanda Díaz y su equipo no dejaron de defender que, aunque estaban en casa sin trabajar y cobrando una prestación pública, las personas que estaban en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) no eran parados.
Aquí también es cierto que la fórmula para sacar a los afectados por un ERTE de las listas del Sepe no la había elaborado Yolanda Díaz, pero también es cierto que durante más de un año estos trabajadores se mantuvieron en un sistemático limbo laboral que llegó a esconder a más de 3 millones de personas sin actividad mientras el Gobierno sacaba tajada de ello.
La cocina de Caldera y Corbacho
Pero los fogones de la izquierda para ocultar el número de personas que no trabajan en España van mucho más allá de los ERTE o los fijos discontinuos.
Hace más de una década, el Gobierno socialista decidió sacar de las listas del paro a todas las personas que estaban realizando algún cursillo del paro, que son los denominados "demandantes de empleo no ocupados" (DENOS) y que el pasado mes de diciembre eran 189.069. Tampoco cuentan como parados los demandantes de empleo con "disponibilidad limitada" o con "demanda de empleo específica" que son aquellos parados que indican en su solicitud de empleo condiciones especiales de trabajo. Por ejemplo, sólo trabajar a domicilio, con teletrabajo, en el extranjero o en unos determinados días. En diciembre, esta categoría ascendió a 273.619 personas.
Así, si sumamos los 20.574 que todavía quedan en ERTE estaríamos ante otro medio millón de parados escondidos en un cajón. Es decir, hay un millón de desempleados ocultos en la actualidad teniendo en cuenta también a los fijos discontinuos que no trabajan.
Fue en febrero de 2008 cuando el entonces ministro de Trabajo, Jesús Caldera, inició su particular cocina estadística sacando de los registros de desempleados a esas personas que acuden a cursillos de formación y los catalogó como demandantes de empleo no ocupados (DENOS). Después, sería Celestino Corbacho el que sacaría a los ERTE del número de parados oficiales. De este típex estadístico también se benefició posteriormente el Gobierno del PP y, ahora, el actual Ejecutivo de PSOE y Podemos hace lo propio. La manipulación de los datos no tiene parangón.