Los tiempos y procesos del urbanismo en España son un auténtico infierno burocrático. La CNMC ha llegado a proponer que todo el suelo sea urbanizable salvo los espacios protegidos para revertir el sistema actual, lastrado por la burocracia, el intervencionismo e incluso la corrupción. Mientras los poderes públicos miran hacia otro lado, nos hemos convertido en el país de Europa con mayor escasez de oferta en el mercado de la vivienda. Desarrollar obra nueva llega a suponer entre diez y doce años de espera y, como es lógico, los precios reflejan ese parón en forma de precios cada vez más altos, sobre todo en las zonas con mayor demanda.
La ciudad de Madrid es una de esas áreas donde hace falta desbloquear cuanto antes el urbanismo. El actual gobierno municipal, conformado por PP y Cs, se ha puesto manos a la obra y ha acelerado la reforma de la situación, tomando medidas de desregulación a lo largo de la legislatura. El pasado mes de septiembre, por ejemplo, Libre Mercado informó del impacto de la nueva ordenanza de licencias, que acorta la concesión de estos permisos de dieciocho meses a treinta días. Muchos de estos cambios se han venido dando con el acuerdo de los dos partidos que conforman la Administración local y el voto favorable del grupo municipal de Vox.
En gran medida, lo que está haciendo el alcalde José Luis Martínez Almeida es revertir el parón urbanístico de la Era Carmena, que se tradujo en el bloqueo de incontables proyectos e impidió el desarrollo de más de 163.000 viviendas. Pero, para coronar el avance que se ha venido desarrollando en los últimos años, el alcalde necesita dar un paso de gigante con la aprobación de la reforma del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que data de 1997. Sin embargo, la falta de acuerdo entre PP, Ciudadanos y Vox amenaza con descarrilar el proceso. Y es que, aunque los concejales liderados por Almeida y Villacís están deseosos de sacar adelante el nuevo modelo urbanístico, los ediles que encabeza Ortega Smith lo ven de manera diferente.
La Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (ASPRIMA) ha emitido un inaudito comunicado en el que toma postura sobre esta cuestión y denuncia que "la falta de acuerdo para aprobar la modificación del PGOU es una mala noticia para la ciudad de Madrid". En palabras de la presidenta de la entidad, Carolina Roca, "contamos con una normativa urbanística muy obsoleta y esta modificación normativa es imprescindible para actualizar y adecuar el marco jurídico". Para los promotores inmobiliarios, "se trata de acompañar la Ley Ómnibus que ha aprobado la Comunidad de Madrid y que plantea un cambio de paradigma en la normativa urbanística hacia un urbanismo posibilista, en lugar de intervencionista. Solo así se podrán viabilizar los proyectos e inversiones que demandan el mercado y la sociedad en su conjunto, con su consiguiente impacto en el empleo y el crecimiento de Madrid".
Algo similar defiende el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM). Según explica Sigfrido Herráez, decano de la entidad, en un artículo que comenta la situación actual, "han pasado más de veinticinco años desde que se aprobaron las normas urbanísticas aplicables y, desde entonces, se han producido importantes cambios sociales, económicos, tecnológicos y normativos que deben ser contemplados en la legislación, cuya adaptación es muy necesaria para superar una regulación derogada y obsoleta. Se trata de mejorar y modernizar la ciudad, apostando por un urbanismo más dinámico, por más facilidades para rehabilitar viviendas, por flexibilizar el marco administrativo que regula el sector… Por lo tanto, resulta complejo entender la negativa a la actualización. Los partidos tienen la responsabilidad de promover leyes que beneficien a todos los habitantes, defiendan sus intereses y contribuyan al desarrollo local, el crecimiento económico, la inclusión social y el bienestar de la población. Estas circunstancias evidentemente se han olvidado y amenazan con hacer que Madrid se quede sin una necesaria actualización de su urbanismo".
Un informe de PwC sostiene que la reforma puede generar 4.400 puestos de trabajo en el sector, amén de generar un impacto positivo valorado en 225 millones de euros. Con los cambios que se plantean, será más sencillo cambiar el uso asignado al suelo, levantar nuevas viviendas, tramitar proyectos y, en definitiva, plantear el fin de la vieja planificación urbanística. Los sectores más beneficiados serían la construcción y el inmobiliario, pero también el comercio minorista, el transporte, el almacenamiento, la hostelería y la restauración.
Promotores y arquitectos esperan que Vox acabe involucrándose en el proceso. Advierten que redactar un proyecto desde cero dependería del resultado de las elecciones. En caso de victoria de las fuerzas de centro-derecha, redactar un nuevo proyecto requeriría al menos dos años de espera. En caso de victoria de los partidos de izquierdas, la posibilidad de cambiar el urbanismo quedaría definitivamente enterrada. Pero la situación es muy delicada. El grupo municipal de Javier Ortega Smith dio su visto bueno a la reforma del PGOU en junio de 2021, pero votó en contra del documento final en la votación de diciembre de 2022. Sin embargo, Vox considera que el gobierno municipal ha errado "en el fondo y en la forma". Además, la formación recuerda que ya tumbó los presupuestos de Almeida para 2023 por entender que el alcalde no había derogado Madrid Central y, por lo tanto, afirma que no le temblará el pulso si debe hacer lo mismo con la reforma del PGOU.