Los ataques de Ione Belarra a los diferentes sectores empresariales del país no cesan. Las últimas damnificadas por la ministra de Derechos Sociales han sido las inmobiliarias, cuyo negocio ahora también pretende intervenir. Así, lo adelantó la líder de Podemos el pasado fin de semana en una entrevista en La Sexta.
Una de las principales medidas que quiere aplicar Belarra en el sector es prohibir a las agencias que cobren los honorarios a los inquilinos y que sean los dueños de las viviendas los que asuman ese coste. Pretende incluirlo dentro de la Ley de Vivienda que todavía siguen perfilando PSOE y Podemos.
"Una de las cuestiones que se está debatiendo es que los honorarios tengan que correr a cargo del arrendatario, de la persona que va a obtener el beneficio de alquilar esa vivienda, es una de las cuestiones que los grupos han puesto sobre la mesa y a mí me parece más razonable", aseguró Ione Belarra, que no solo parece que tiene un lapsus y confunde al arrendatario (inquilino) con el arrendador (casero), sino que ignora que la persona que alquila un piso también está obteniendo un beneficio por vivir en allí.
"No es de recibo que le pidamos a la gente más requisitos para alquilar una vivienda que, prácticamente, para presentarse a una oposición de abogado del Estado", exageró la líder de la formación morada. En esta misma entrevista, Belarra reconoció que Podemos ya propuso anteriormente a los socialistas prohibir el cobro de honorarios al inquilino, pero sus socios de gobierno se negaron. Ahora, habrían aceptado debatirlo. "Esto nosotros tratamos de incluirlo en la ley, y no fue posible, pero ahora se está trabajando en ese sentido y yo espero que sea posible" porque el pago de la comisión de gestión de las inmobiliarias "es uno de los grandes problemas" para Belarra.
"No conseguirá su objetivo"
Para el director de Estudios de Pisos.com, Ferran Font, de aplicarse, la idea de Belarra supondrá un fracaso para la ministra. "No conseguirá su objetivo porque al final, al ser un contrato nuevo, el propietario lo repercutirá en el precio de la renta. Lo acabará pagando el inquilino aunque sea poco a poco" asegura a Libre Mercado.
Sin embargo, "el ruido que genera en el mercado del alquiler una medida tan intervencionista como esta provoca más incertidumbre en un sector donde el Gobierno solo protege al inquilino con sus normas y deja a la intemperie al propietario". Según los propios datos de su portal, desde el final de la pandemia, la oferta de vivienda de alquiler se ha reducido entre un 30% y un 40% "por la vuelta del alquiler turístico, pero también porque los propietarios prefieren vender sus casas antes de alquilarlas ante la inseguridad jurídica" que generan las normas del Gobierno. "Y el principal problema de los altos precios de alquiler en España es la falta de oferta" recuerda Font.
La Ley de Vivienda, cada vez más cerca
Hace casi un año, en febrero de 2022, el Consejo de Ministros aprobó definitivamente la Ley de Vivienda con la que el Gobierno de Pedro Sánchez va a poner todavía más coto al propietario. El texto contempla la limitación de los precios de los alquileres en "zonas tensionadas", asestando un duro golpe a la libertad de mercado, y plantea un sablazo en de hasta el 150% el IBI a las consideradas como "viviendas vacías", entre otros asuntos.
Eso sí, la parte más infructuosa y débil de la normativa gubernamental es que deja en manos de CCAA y ayuntamientos la potestad para aplicarla, lo que limita considerablemente su alcance en los territorios menos intervencionistas con el mercado inmobiliario, como la Comunidad de Madrid, que ya ha asegurado que no piensa aplicarla.
Con muchos meses de retraso, la Ley de Vivienda todavía sigue atascada en la tramitación parlamentaria en el Congreso, aunque cada vez está más cerca de salir adelante. Otro de los puntos que estarían valorando aceptar los socialistas es rebajar el requisito de 10 viviendas que define al "gran tenedor" (en Podemos quieren que sean 5 viviendas). Actualmente, el consenso de gran tenedor alude a toda aquella persona física o jurídica con más de diez viviendas en propiedad. Estos grandes propietarios son víctimas de una regulación inmobiliaria más dura por parte del Gobierno y reducirlo no haría más que aumentar el número de afectados por la normativa inmobiliaria.