Todos los analistas advirtieron durante el año pasado al Gobierno del enorme problema que se cernía sobre las comunidades de vecinos por el encarecimiento del gas. Las comunidades tenían sistemas de facturación que las obligaba a pagar como si se tratara de industrias y no como una suma de vecinos, con lo que los sistemas de pago social quedaban prohibidos para todos los hogares con caldera de gas comunitaria. Pero Pedro Sánchez demoró la reforma hasta octubre, de forma que la mayoría de los contratos en mercado libre de las comunidades de vecinos fueron renovados sin poder tener en cuenta la reforma que llegó in extremis.
Por fin el Gobierno reguló una TUR para comunidades, en octubre: tan tarde que a mitad de enero, sólo 2.000 comunidades habían solicitado el cambio al sistema social. Y el problema ha llegado ahora en forma de recibos. Recibos multiplicados hasta por cinco en el mercado libre. Pero, para colmo, los que han decidido escapar de las volatilidades del precio en el mercado han descubierto la realidad de un sistema legal de parches anunciado a bombo y platillo por Sánchez pero que no ha contenido la escalada del precio del combustible rey para las calefacciones: han descubierto ahora que, incluso con el sistema TUR, sus recibos casi se han duplicado —pasando de poco más de 900 euros anuales a casi 1.700 euros—. Traducido: muchos de esos hogares soportan ahora un sablazo mensual cercano a los 250 o 300 euros adicionales por los créditos hipotecarios y un duro golpe por el gas por valor de otros 65 o hasta 100 euros más por mes.
Hasta el 20 de octubre de 2022 las comunidades de vecinos no pudieron cerrar contratos para sus calderas de gas acogiéndose a la nueva tarifa social TUR. Pese a ser comunidades de propietarios de viviendas de uso residencial o agrupaciones de comunidades de propietarios de viviendas de uso residencial, por mucho que sus consumos anuales conjuntos fueron superiores a 50.000 Kwh, no pudieron escapar a la volatilidad de un mercado que no dejaba de disparar el precio del gas natural en plena ofensiva de Rusia sobre Ucrania.
Durante todo ese tiempo el Gobierno no dejó de afirmar que todo estaba bajo control y que el precio del gas ya contaba con sistemas legales para evitar el impacto de su encarecimiento en los bolsillos de los hogares. Pero nada más lejos de la realidad, como ahora han descubierto los hogares con calderas comunitarias. Todos los sistemas de limitación del precio se centraron en las TUR ya reguladas para los vecinos con calderas individuales o en el uso del gas para generar electricidad en centrales de ciclo combinado —y en este último caso, encima, con pago final por parte de los propios consumidores a través de un recargo compensatorio a las gasistas que se cobra en el propio recibo doméstico por exigencia legal—.
Lo cierto es que la ola de frío ha dejado ver las costuras de un sistema de parches legislativos más publicitarios que reales. Y más demagógicos que prácticos.
Las comunidades de vecinos con calefacción central han podido contratar desde ese reciente mes de octubre la nueva tarifa regulada de gas natural, TUR. Y esa tarifa ha supuesto una elevación del coste de los recibos de casi el doble de precio. Primer susto.
Pero lo cierto es que no han sido tantas las comunidades de vecinos que han migrado a la TUR, porque la reforma llegó tan tarde que muchas comunidades habían renovado ya sus contratos —se firman muchos de ellos en verano— de cara al año 2023. Así, mientras que la fuga de consumidores individuales del mercado libre del gas al regulado ha sido notable, a mitad de enero sólo sumaba 2.000 los bloques de viviendas que habían pasado a la nueva TUR comunitaria.
Y las comunidades de vecinos que no han cambiado su sistema de contrato han empezado a recibir el segundo y gran susto: recibos de gas mensuales multiplicados por tres y hasta por cinco veces.
También los requisitos exigidos para el paso a la TUR comunitaria han contribuido a esta lentitud de migración vecinal. Porque, en primer lugar, la comunidad debe de estar al corriente del pago de todas las obligaciones económicas contraídas con su actual comercializadora, excluyendo aquellas cantidades que estén sujetas a reclamaciones o discrepancias; en segundo, las viviendas deben disponer a 30 de septiembre de 2023 de contadores individuales de calefacción o repartidores de costes; tres, deben haber realizado en plazo la inspección de eficiencia energética con resultado positivo; y cuatro, en el caso de solicitar determinadas tarifas específicas —comprendidas entre RL.9 y RL.11—, deben solicitar autorización previa en la Dirección General de Política Energética y Minas a través del registro electrónico.
Y todo ello supone que, gracias al retraso y complejidad de la nueva TUR diseñada por el Gobierno, muchas de esas comunidades pagan hasta el doble de lo que podrían pagar, con lo que la recaudación fiscal fruto de ese consumo —en porcentaje al gasto— sigue llenando las arcas del Ministerio de Hacienda del Ejecutivo de Pedro Sánchez.