En menos de una semana, el Gobierno ha abierto dos nuevos frentes contra las empresas españolas. El más reciente es que el Ejecutivo de Pedro Sánchez prepara una nueva estocada a las cotizaciones sociales. Sin especificar cuantías ni horquillas de renta, el Ministerio de Seguridad Social ha confirmado que tiene sobre la mesa un "recargo adicional en las cotizaciones de los salarios más altos".
La razón es que José Luis Escrivá necesita urgentemente incrementar los ingresos de la Seguridad Social, no solo porque el desorbitado gasto en pensiones está poniendo en jaque al sistema, sino porque en Bruselas ya se han dado cuenta de esto. Y la sostenibilidad de las cuentas públicas es un requisito fundamental para que el Estado reciba los ansiados fondos europeos.
Esta nueva subida de los impuestos al trabajo se produce después de que el 1 de enero de este año el Gobierno haya elevado un 0,6% las cotizaciones de todos los trabajadores dados de alta en la Seguridad Social (ya sean autónomos o empleados) para recaudar casi 3.000 millones de euros al año a través del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) que irán a la hucha de las pensiones y que pretende afrontar la oleada de jubilaciones de los baby boomers. Así, la cotización por contingencias comunes ha pasado de un 28,3% a un 28,9%.
Escrivá también ha decidido este año subir las bases máximas de cotización un 8,6%. Este incremento supone que la base máxima de cotización del Régimen General pase de los 4.139,4 euros al mes a los 4.495,4 euros, por lo que aquel que gane más de 4.495,4 euros al mes (sueldo bruto total entre 12 meses) cotiza ya este año por toda esa cantidad, en lugar de hacerlo por los 4.139,4 euros anteriores.
El SMI amenaza a pequeñas empresas y autónomos
Además, la semana pasada llegaba otro mazazo para algunos negocios: el Gobierno volverá a subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). En concreto, el Ejecutivo ha determinado que el SMI se incremente un 8% en 2023 hasta alcanzar los 1.080 euros mensuales en catorce pagas (15.120 euros al año).
Aunque Sánchez mencionó a las grandes empresas en el discurso del anuncio, al presidente del Gobierno se le olvidó recordar que son precisamente las compañías de mayor tamaño las que ya pagan sueldos por encima del SMI sin necesidad de que un político se lo imponga. Sin embargo, la realidad es que son las pequeñas empresas y los autónomos los que más dificultades tienen para cumplir con esta medida intervencionista, lo que desmonta el mito de las malvadas multinacionales al que tanto recurren algunos miembros del Ejecutivo.
En la patronal de la mediana y pequeña empresa Cepyme son conscientes de que las compañías de menor tamaño son las principales afectadas por la subida del SMI. Por ello, han denunciado la asfixia gubernamental a la que están siendo sometidas en un informe. "La productividad de las pequeñas empresas es menos de la mitad que la de las de más de 250 trabajadores, diferencia que alcanza cotas mayores en algunos sectores y territorios. Esto implica que cualquier incremento del salario mínimo afecta de forma distinta a los márgenes y la rentabilidad de las empresas, y, por tanto, incide en mayor medida en las de menor tamaño." denuncian.
Cepyme recuerda que, desde 2018, el Gobierno ha incrementado el salario mínimo un 52,6%, desde 707,7 euros mensuales a los 1.080 actuales. "Hasta diciembre de 2022, esa subida ha provocado la desaparición de 256.200 puestos de trabajo", lo que supone "la destrucción de forma directa de 105.800 puestos de trabajo y ha evitado la creación de 150.400 empleos" calculan.
Otros efectos perversos
La patronal también avisa de que el impacto del SMI afecta, sobre todo, a la Hostelería, Comercio o Actividades Administrativas, que son los sectores que acogen al empleo menos cualificado, jóvenes y extranjeros, precisamente, a los que el Gobierno dice proteger. "En la Hostelería un SMI de 1.080 iguala, prácticamente, el salario medio del sector. En esta actividad trabajan casi 1,5 millones de personas" reza el texto. Entonces, cabe preguntarse si tiene sentido que un camarero con 5 años de experiencia cobre lo mismo que el que acaba de entrar.
También recuerdan que uno de los problemas de fijar una subida nacional homogénea del SMI es que el alza puede ser especialmente difícil de asumir en aquellas autonomías con menor renta.
El documento avisa de que elevar el salario mínimo a 1.080 euros lleva a que el SMI supere el 60% del salario promedio en 13 comunidades autónomas. La Comunidad de Madrid, País Vasco, Navarra y Cataluña son las únicas regiones en donde el salario mínimo se mantiene por debajo del 60% (aunque superior del 50%) de la remuneración promedio, por lo que son las que menos problemas tendrían porque son las que más pagan.