España lleva casi veinte años librando una larga batalla por la ampliación de su territorio debajo del mar. La Convención del Derecho del Mar de Naciones Unidas permite a los estados miembros extender sus fronteras marítimas más allá de la Zona Económica Exclusiva, limitada a 200 millas medidas desde la costa. En su artículo 76, contempla extender los límites hasta un máximo de 350 millas marinas siempre que se pruebe que ese territorio forma parte de la plataforma continental.
La zona de ampliación permite únicamente la explotación de los fondos marinos y el subsuelo. Pero estos recursos están llamados a multiplicar su importancia en los próximos años por la certeza de que el fondo del mar es rico en minerales y metales considerados críticos y que van a multiplicar su demanda, por su uso en tecnologías y energías verdes, en las próximas décadas.
Ante la "importancia económica" de los territorios susceptibles de ser reclamados ante la ONU, España lanzó tres propuestas de ampliación en el Cantábrico y el Atlántico (en el caso del Mediterráneo no había opción de extensión debido a que sus límites ribereños son menores a las 200 millas marinas):
- La primera en el Mar Cantábrico y Mar Céltico, conjuntamente con Francia, Reino Unido, e Irlanda, y de una extensión de 78.000 kilómetros cuadrados. La petición fue presentada en 2006 y fue aprobada por la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de la ONU el 24 de marzo de 2009.
- La segunda, en Galicia: se trata de una extensión de 50.000 kilómetros cuadrados. La petición se presentó en 2009 y diez años después, en 2019, se constituyó la subcomisión de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental para examinarlo, "proceso en el que estamos inmersos en la actualidad", según explica a LD el Instituto Español de Oceanografía.
- La tercera, y más espinosa, es la relativa a Canarias y a los tesoros que alberga el monte submarino Tropic, rico en cobalto, níquel y tierras raras, entre otros: España pidió ante la ONU en 2014 una extensión de 206.000 kilómetros cuadrados al oeste del archipiélago, unas aguas codiciadas por Marruecos que de hecho promulgó en 2020 dos leyes ampliando sus fronteras marítimas apropiándose de aguas españolas. La petición "no está incluida" de momento "en el calendario de trabajos de la CLCS".
En total, si España consigue el sí de la ONU a todos los territorios a los que aspira sumará casi 500.000 kilómetros cuadrados en fondos marinos a su extensión actual: un proceso que lleva años en marcha y puede durar muchos más, según enfatizan algunos de los agentes implicados, dado que la comisión de la ONU no puede asumir muchas peticiones "de forma simultánea" y más de cincuenta países tienen en marcha peticiones similares.
En la recogida de datos para justificar que ese territorio es efectivamente una prolongación de la tierra emergida colaboraron científicos del Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC), del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) y del Instituto Hidrográfico de la Marina del Ministerio de Defensa.
En el caso de la petición del Mar Cantábrico, España colaboró con Irlanda, Francia y el Reino Unido en una campaña oceanográfica a bordo del buque de la Armada Hespérides en 2005. Para la reclamación en Galicia, se realizó una segunda campaña oceanográfica también a bordo del Hespérides en 2008 y se utilizaron datos, según el Instituto de Oceanografía, de "campañas no realizadas de forma específica para este objetivo". En el caso de Canarias, y por "el tamaño de la zona a estudiar", fueron necesarias "cinco campañas oceanográficas específicas, realizadas entre los años 2010 y 2013".
El veredicto, ¿cuándo?
La decisión sobre Galicia es la más inminente dentro de estos dilatados tiempos. Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores indican a LD que desde que se constituyó en 2019 la subcomisión para examinar la propuesta española "se han celebrado cinco reuniones" con la delegación de nuestro país. La última reunión se celebró en octubre de 2022 en Nueva York y se prevé "una nueva reunión" este mismo mes. Sobre si la decisión va a llegar ya, desde el Ministerio contestan que "se desconoce".
En cuanto a la propuesta canaria, Exteriores señala que el expediente "sigue a la espera de que la CLCS constituya una subcomisión para examinar técnicamente la solicitud española".
"Dado el retraso en la constitución de las subcomisiones que analizan las solicitudes de ampliación de las plataformas continentales, la formación de la subcomisión para la plataforma de Canarias es un proceso que tardará aún unos años", destacan.
¿Llegará a explotarse?
Independientemente de que España consiga su objetivo, está por ver que las posibles riquezas minerales de estos lechos marinos lleguen a explotarse. La tecnología es aún incipiente, los ecologistas presionan para impedir la explotación económica del fondo del mar y, por otra parte, el Gobierno actual ya se ha posicionado en contra de la minería submarina en un debate que se multiplicará en los próximos años ante la demanda creciente de minerales estratégicos. Al caso canario, se suman, además, las ambiciones marroquíes.
Sobre la explotación de los recursos, la Convención del Derecho del Mar precisa que "si el Estado ribereño no explora la plataforma continental o no explota los recursos naturales de ésta, nadie podrá emprender estas actividades sin expreso consentimiento de dicho Estado".