La modernización de las reglas urbanísticas en el Ayuntamiento de Madrid pende de un hilo. El veto de Vox a la reforma presentada por PP y Ciudadanos dejó los cambios planteados por el gobierno de José Luis Martínez Almeida al borde del colapso. La cercanía de las elecciones municipales y autonómicas añade más presión, puesto que un cambio político en Cibeles o Sol podría descarrilar definitivamente el proceso.
Sin embargo, la presión de promotores (ASPRIMA) y arquitectos (COAM) parece estar dando sus frutos. Tal y como avisó Libre Mercado, las fuerzas vivas de la sociedad civil han logrado que Vox vuelva a la mesa de negociación. Este vuelco ha sido bien recibido por el sector privado, que ha insistido abiertamente en la necesidad de revisar un marco urbanístico que data de 1997.
El acercamiento entre las partes se materializó definitivamente el pasado martes 28 de febrero, con una reunión a dos bandas entre el alcalde, Martínez Almeida, y el portavoz de Vox en la Villa y Corte, Javier Ortega Smith. El encuentro fue solicitado por el segundo al primero, mediante una carta que también fue enviada a los medios de comunicación. Ciudadanos quiso estar presente en la conversación a través de Mariano Fuentes, delegado de Urbanismo, quien acabó abandonando la sala ante la insistencia de Ortega Smith de hablar únicamente con el regidor popular.
Menos de una hora después, la charla entre Martínez Almeida y Ortega Smith parecía haber dado sus frutos. "Agradezco al alcalde su buena predisposición", arrancaba el de Vox. A renglón seguido, exponía sus objeciones y advertencias: "no entendemos que el nuevo Plan Urbanístico hable de perspectivas de género o de cuestiones referentes a la Agenda 2030 ni que se hayan perdido cuatro años". Sin embargo, Ortega Smith ofrecía razones para la esperanza: "más vale tarde que nunca...".
Crónica de un desencuentro
Lo cierto es que PP, Ciudadanos y Vox fueron de la mano durante los dos últimos años y, hasta finales de 2022, no parecía haber ningún problema entre las partes. Todo ha estallado sobre la bocina, en los últimos compases de la legislatura. En un primer momento, se temió que la ruptura fuese definitiva, lo que explica el esfuerzo de ASPRIMA y COAM por influir en el proceso. Finalmente, Vox se abre al acuerdo, pero siempre a cambio de que su modifiquen aquellos aspectos del nuevo marco urbanístico que considera improcedentes.
El punto que más molesta a Ortega Smith y sus concejales es "la insistencia en hablar de la perspectiva de género, de la ideología de género o de la Agenda 2030 en un documento que, si habla de algo, es de cómo construir un edificio o levantar un aparcamiento. Necesitamos un urbanismo moderno y ágil, pero carente también de imposiciones ideológicas de la izquierda", explicó el portavoz municipal.
Vox también ha defendido que "cualquier construcción tiene que tener en cuenta el daño al medio ambiente, por eso es importante que se mantenga la obligación de contar con un informe de impacto medioambiental favorable desde el minuto uno". Los plazos de dichos permisos pueden resultar un escollo muy dañino para el urbanismo y el margen discrecional inherente a tal procedimiento también genera incertidumbre entre los operadores privados, pero la exigencia de Vox es firme y la reforma tendrá que incorporar algún tipo de evaluación en esta línea.
De igual manera, Vox ha expresado sus reservas acerca de los nuevos planteamientos regulatorios aplicables a los pisos turísticos y las cocinas industriales. "Defendemos el desarrollo empresarial y la creación de empleo, pero hay que hacerlo con cuidado, para proteger a los residentes. Vamos a intentar buscar un equilibrio", añadió Ortega Smith a la salida de la reunión.
El portavoz de Vox también alertó de que, según todas las encuestas, la gobernabilidad del Ayuntamiento de Madrid dependerá del PP y de su partido. En este sentido, apuntó a un gobierno de coalición entre ambas formaciones como fórmula para asegurar que Cibeles no cae en manos de la izquierda.