La fuga de Ferrovial de España a Países Bajos no sólo va a afectar a los ingresos del Estado, sino que supone un duro golpe a la imagen de nuestro país como destino para hacer negocios. ¿Y cómo ha reaccionado el Gobierno de PSOE y Podemos cuando se han enterado de la mudanza de la compañía de infraestructuras? Pues se han dedicado a descalificar a la compañía.
La ministra de Economía, Nadia Calviño, llegó a llamar al máximo responsable de la empresa, Rafael del Pino, para pedirle explicaciones. Para Calviño es "inaceptable" que una empresa instale su sede social donde quiera. A Nadia Calviño le ha seguido la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ataca a Ferrovial por su marcha y a los Países Bajos por acogerles. Para Díaz, cobrar menos impuestos a los ciudadanos es dumping fiscal.
El ministro de Seguridad Social, Jose Luis Escrivá, ha hecho una valoración de lo más radical y también con descalificativos hacia la empresa. Achaca, ente risas, la fuga a la "codicia" de Ferrovial.
No podemos olvidarnos de la ministra de Derechos sociales, Ione Belarra, que ha llamado capitalista despiadado al presidente de Mercadona; "usureros" y "codiciosos" a los presidentes de los bancos y ahora "empresa pirata" y "antipatriota" a Ferrovial.
En definitiva, el discurso antiempresarial que viene llevando por bandera el Gobierno de Pedro Sánchez puede suponer un caldo de cultivo para que más empresas sigan la estela de Ferrovial y desincentivará a cualquier compañía extranjera a instalarse en nuestras fronteras si luego va a sufrir un auténtico escarnio por irse. Si a esto le sumamos el intervencionismo salvaje, la elevada fiscalidad, la burocracia y los constantes cambios de las reglas de juego a mitad de partido no es de extrañar que el tejido productivo del país esté completamente asfixiado.