Como era de esperar, las patronales de empresarios han rechazado de forma contundente la nueva reforma de pensiones que ha presentado este viernes José Luis Escrivá. La reforma del ministro socialista pretende cargar contra la economía productiva los ajustes urgentes que necesita el sistema de pensiones para garantizar su supervivencia y que exige Bruselas. En lugar de centrar los cambios en recortar por el lado de los jubilados, Escrivá ha optado por subir impuestos a los trabajadores, aunque todavía no se conocen los detalles exactos.
Ante la propuesta de reforma del sistema público de pensiones planteada este viernes por el Ministerio de Seguridad Social, CEOE, CEPYME y ATA muestran "nuestra más frontal oposición. El sostenimiento del sistema se hace recaer en los trabajadores y las empresas del país mediante una subida generalizada de cotizaciones que mermará los salarios de todos los trabajadores e incrementará los costes laborales poniendo en peligro la creación de empleo".
"La propuesta que se pretende aprobar, sin perjuicio de un análisis exhaustivo del documento entregado en la reunión de hoy, es regresiva en toda su extensión porque implica más años de trabajo, más esfuerzo contributivo y menos pensión" aseguran los empresarios.
Para estas patronales "resulta inconcebible, por otra parte, que el Gobierno afronte la reforma del sistema de pensiones sin el necesario debate y diálogo social tras alcanzar un acuerdo con Europa en una cesión de soberanía sin precedentes. Así, la propuesta vulnera el necesario debate que tenía que haber tenido lugar en el Pacto de Toledo y no va acompañada del análisis de impacto que llevamos reclamando los interlocutores sociales desde el verano". Esta es la postura de las empresas y trabajadores autónomos tras haber acudido a la reunión del diálogo social de esta mañana," en un ejercicio de responsabilidad, con una convocatoria recibida en la víspera y sin documentación previa de la propuesta, que sin embargo sí hemos visto reflejada hoy en los medios de comunicación antes del comienzo de la reunión, y todo ello después de meses de ausencia de diálogo por parte del Ministerio".
Insisten "en que la voracidad recaudatoria del Gobierno, a través de propuestas populistas como esta, socavará el esfuerzo de las empresas en las negociaciones salariales, ya que los trabajadores, con mayor carga por el lado de sus cotizaciones, verán absorbidos parte de los incrementos en su retribución. Esta propuesta, por último, pone en serio riesgo a las pequeñas empresas y autónomos, que son la mayoría del tejido productivo del país, con menor músculo financiero y con costes crecientes -- energéticos, materias primas, financieros, alquileres, hipotecas, fiscales y salariales--, con el consiguiente efecto negativo para la creación de empleo".