La moralidad es otro de esos conceptos que han ido quedando vacíos en las sociedades cuyo nivel de progreso es tan grande que no tienen que preocuparse por lo básico. Se ha ido convirtiendo, poco a poco, en un arma arrojadiza, en otro instrumento de acción política que se enarbola para atacar al contrario. Simple y llanamente, es inmoral aquella persona que piensa o actúa de forma diferente a mis criterios morales.
Estos días hemos asistido a una muestra perfecta de esto al hilo del bono social eléctrico (y térmico) recibido por uno de los consejeros de la Comunidad de Madrid, cuya capacidad económica dista mucho de hacerle un consumidor vulnerable. Con sobrados recursos, conocimos que Enrique Osorio estaba acogido al bono social de electricidad y, por defecto, también al bono térmico para la calefacción. Inmediatamente, desde las antípodas políticas, se procedió a calificar de inmoral su proceder. Pasando por alto, por supuesto, que esas mismas antípodas estaban también pobladas de personas que estaban haciendo lo mismo, como la propia candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Mónica García (la primera en pedir la dimisión de Osorio), o algún miembro del equipo de la propia ministra Teresa Ribera.
La falacia, sin embargo, consiste en considerar que estas personas son consumidores vulnerables y atacarles por ello como si estuvieran cometiendo algún tipo de fraude de ley o estuvieran recibiendo estas ayudas por algún tipo de influencia debido al cargo que ostentan. Y es una falacia porque la legislación vigente del bono social está desarrollada para proteger a los consumidores vulnerables y, también, para apoyar a las familias numerosas. Tanto el consejero, como el marido de la candidata (como muchos otros) no reciben el bono social porque sean consumidores vulnerables. Lo reciben porque la propia legislación establece que "se reconoce a determinados colectivos la percepción del bono social con independencia de su nivel de renta". Y esos colectivos son las familias numerosas.
Apelar a la moralidad del ciudadano cuando se cumplen los requisitos para recibir determinadas ayudas es absurdo. Es obligación del legislador hacer su trabajo de manera adecuada, en lugar de apelar a la moralidad para tapar su deficiencia legislativa. En los últimos años se han modificado las condiciones del bono social en varias ocasiones y en ninguna de ellas se cambiaron los requisitos para ser beneficiario del mismo. Si tan preocupados estaban en el gobierno por la inmoralidad del asunto, ¿por qué no introdujeron requisitos de renta para las familias numerosas? Perdieron la ocasión en sendas modificaciones que ellos mismos llevaron a cabo en 2018 y 2022.
Las ayudas públicas deben darse a quien realmente las necesita. Y el umbral de renta debe ser una condición indispensable. Es obvio que el señor Osorio o la señora García no necesitan la ayuda del bono social y se está obligando a todas las familias de España, mucho menos pudientes, a financiárselo. Esta transferencia de renta de pobres a ricos sí que es absolutamente inmoral. Pero la inmoralidad no la cometen los que tienen derecho a esas ayudas y las solicitan, la inmoralidad la comete el legislador que escribe las condiciones en el BOE.
Y ya puestos a ver inmoralidades en las transferencias de rentas, conviene también aclarar que las personas más necesitadas están financiando los coches eléctricos de los más pudientes, los paneles solares de sus lujosas casas, el cambio de sus calderas de gas, de sus nuevas ventanas de PVC o las modificaciones en sus chalets para mejorar la eficiencia energética. Las políticas medioambientales (y muchas otras políticas) se han convertido en un traspaso de rentas de pobres a ricos, donde personas que cobran el salario mínimo están financiando los flamantes coches de los directivos mientras a ellos se les prohíbe entrar en el centro de Madrid porque jamás tendrán el dinero para pagar el peaje necesario. Entre otras cosas, porque se lo estamos quitando para dárselo a quien no lo necesita. Eso es lo verdaderamente inmoral, el resto es relato político.