La crisis energética y el cambio de rumbo en otros países no alteran el plan de cierre de las nucleares que arrancará en 2027 y concluirá en 2035 con la clausura de la última central nuclear española. Tanto Pedro Sánchez como la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, rechazan detenerlo alegando, entre otras cosas, que no solucionaría los problemas actuales, que la estrategia energética debe pasar por las renovables o incluso que son las empresas las que apuestan por el cierre.
Sin embargo, el PSOE, que sistemáticamente ha votado en contra de cualquier propuesta a favor de lo nuclear en el Congreso, no opina lo mismo en otros puntos de España. Hace sólo unos días, el grupo socialista de la Diputación socialista de Cáceres pactó y aprobó junto a PP y Ciudadanos una Declaración Institucional para prorrogar la vida de las centrales nucleares con planteamientos radicalmente contrarios a los de Sánchez.
En la declaración, afirman que "las políticas energéticas diseñadas recientemente a corto, medio y largo plazo se están viendo superadas por los acontecimientos" y señalan a Alemania "como ejemplo de lo que no se debe hacer", por desmantelar "casi toda su capacidad de producir energía nuclear" para pasar a una economía libre de emisiones "sin tener asegurada su independencia energética".
Tras recordar cómo países como Bélgica, Finlandia y la propia Alemania "ya están reprogramando el cierre de sus centrales", destacan cómo España sigue adelante con su propio plan de cierre y cómo los primeros reactores en clausurarse, en 2027 y 2028, serán los de la central de Almaraz, en Cáceres. Apuntan los socialistas, junto a populares y Ciudadanos, que Almaraz produjo en 2021 más de 15.000 Gwh, "el 61,63% de la energía producida en Extremadura". Añaden que la central "es el motor más importante de la economía de la comarca de Campo Arañuelo y de Extremadura", cifrando en 800 los trabajos directos y más de 2.100 los indirectos.
"El cierre de esta central", continúan, "supone un serio varapalo a la economía de la comarca y de Extremadura, por su importancia en el empleo y la generación de riqueza en nuestra tierra". "España no puede permitir al menos en varias décadas prescindir de la energía que producen sus centrales nucleares y mucho menos de la de Almaraz", sentencian; de ella, dicen que "es la más segura de España y la más productiva" del país.
La declaración concluye instando al Gobierno de España a "modificar la política energética, prorrogando la vida de las centrales nucleares por el tiempo que permita la seguridad de las mismas" y a acordar con las empresas propietarias de Almaraz "la continuidad de la producción de energía eléctrica después de 2028" con las inversiones y estudios necesarios.
Los "noes" a la nuclear en el Congreso
La rotundidad de esta declaración contrasta con los múltiples "noes" de los socialistas en el Congreso, incluidos los diputados elegidos en Extremadura, contra las resoluciones y propuestas para retrasar el cierre de las centrales. La última se produjo tras el debate del Estado de la nación el pasado mes de julio: en una propuesta de resolución, Foro Asturias y Vox instaron al Gobierno a
"Poner en marcha todos los mecanismos necesarios de cara a revertir el desmantelamiento de las centrales térmicas de generación eléctrica y prolongar la vida útil de las centrales nucleares, construir un almacén temporal centralizado de combustible nuclear gastado en Villar de Cañas (Cuenca) y en cualquier caso, facilitar la utilización de todas las tecnologías disponibles para evitar la dependencia de una sola. España debe adaptar los plazos de la transformación a una economía menos contaminante sin poner en peligro el empleo y la economía de los españoles".
La propuesta de resolución, que incluía otros puntos pidiendo ayudas para la industria y contra la despoblación de territorios, salió adelante gracias a la abstención de Unidas Podemos y los votos a favor, entre otros, de PP y Ciudadanos. El PSOE votó en contra, incluidos los diputados por Cáceres Ana Belén Fernández Casero y César Joaquín Ramos Esteban.