2023 será el año decisivo para el futuro de los siete reactores nucleares españoles: ese año se revisará el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, el documento con la "planificación estratégica nacional" energética que incluye los planes para cerrar cuatro reactores hasta 2030 (el resto se cerrarán entre 2031 y 2035). Por otro lado, la primera central en cerrar según los planes del Gobierno, Almaraz 1, se está quedando sin tiempo: según el calendario se clausurará en 2027, pero en 2024 como tarde tendrá que estar decidido si sigue adelante, acometiendo inversiones y comprando un combustible que se adquiere con tres años de planificación, o arranca los preparativos para el cierre.
La inminencia del punto de "no retorno", el momento en que "técnicamente" será inevitable cerrar la primera de las centrales españolas, ha llevado al sector a lanzar un manifiesto "en defensa de las nucleares españolas como fuente de energía estratégica en España" reclamando al Gobierno que paralice sus planes. El documento, presentado por la Sociedad Nuclear Española, que agrupa a profesionales del sector, es una "petición formal" al Ejecutivo para que reconsidere el cierre. España "se está quedando sola" en su política antinuclear, ha señalado el presidente de la SNE, Héctor Dominguis, en un encuentro con periodistas.
Nuestro país, señalan, "necesita prolongar la vida de sus centrales nucleares" y hacen cinco peticiones al Gobierno para la "continuidad del parque nuclear español":
- Una revisión de la contribución de la energía nuclear al PNIEC: recuerdan, entre otros datos, que la energía nuclear aporta "más del 20% de la demanda" y que ha sido "la primera fuente de generación de energía eléctrica durante más de diez años". También señalan los 20.000 empleos generados por el sector.
- Un "marco económico, fiscal y regulatorio estable y adecuado" que permita la viabilidad de las empresas. Según ha recordado Dominguis, el 45% de los 55 euros que cuesta el megawatio/hora generado en nucleares se van en "tasas e impuestos".
- Un reconocimiento del "papel clave de las centrales nucleares en la producción de energía de base que complementa y respalda el crecimiento e las renovables en nuestro país": el presidente de la SNE ha advertido de que el cierre de las nucleares conllevará la quema de más gas ante unos objetivos de renovables que no se están cumpliendo. Desde el sector defienden que la nuclear es una energía "verde", como señaló la UE con las críticas del Gobierno español.
- Evitar "la crítica a las centrales nucleares" basadas en la generación de residuos radiactivos, una petición que llega poco después de que el Gobierno se haya decantado por descartar el ATC, la solución preferida de los expertos, para levantar en su lugar puntos de almacenamiento "descentralizados".
- Reconocer "pública y políticamente el papel que juegan las centrales nucleares españolas para proporcionar de manera estable un bien necesario y estratégico como es la energía eléctrica".
En el manifiesto recuerdan algunos datos para apoyar su petición: el 20,3 de energía generada en 2022; la capacidad de la nuclear de "operar ininterrumpidamente", favoreciendo "la seguridad de suministro energético"; que la nuclear y la eólica "son las que menos CO2 emiten en su ciclo de vida" o que "la nuclear tiene un coste de generación muy estable" que no se ve alterado por factores geopolíticos: según Dominguis, el coste del combustible "supone menos de un 5% del coste total".
"Contamos con instalaciones seguras y fiables para operar veinte o cuarenta años más", ha defendido Dominguis recordando cómo otros países sí están apostando por alargar la vida de sus centrales. Su papel, ha dicho, "debería ser protagonista" y ha señalado que decidir en torno a este tipo de energía "no debería obedecer a ideologías".
"Esperamos que se escuche el mensaje", ha dicho el presidente de la SNE, que cree que esta decisión "es de la máxima relevancia para el futuro del país": "Las decisiones de los próximos 24 meses las sufriremos en las próximas décadas".