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Embargan edificios y cuentas del Reino de España por impagos de Sánchez a las renovables

La sede del Instituto Cervantes en Londres, uno de los activos afectados.

La sede del Instituto Cervantes en Londres, uno de los activos afectados.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. | EFE

La sede del Instituto Cervantes en Londres ha sido embargada por la justicia británica. La decisión viene motivada por los reiterados impagos del gobierno español al sector de las energías renovables, que acumula más de 1.200 millones de indemnizaciones pendientes de cobro por la retirada retroactiva de las primas que se habían prometido al sector.

Libre Mercado alertó el pasado año de que España es el segundo país con más laudos internacionales pendientes de pago, solo por detrás de Venezuela. Esta circunstancia ha motivado la reacción de organismos y entidades internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional o las agencias de calificación de deuda, Standard & Poor’s, Fitch y Moody’s. En clave doméstica, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) también ha avisado al gobierno de las consecuencias de seguir incumpliendo sus obligaciones. El bochorno institucional es evidente, pero en los últimos días se ha producido una nueva escalada.

Así, a lo largo de la pasada semana, la magistratura británica autorizó tres medidas de protección reclamadas por las empresas e inversores afectados, entre las que destaca el embargo de dos edificios ubicados en Londres. Uno de estos inmuebles es la sede del Instituto Cervantes, a cuya operativa en la capital de Inglaterra también se le ha aplicado un segundo embargo, en forma de congelación de sus cuentas bancarias. También se ha incautado un edificio de promoción exterior de Cataluña.

Según ha podido saber Libre Mercado, las medidas adoptadas por la justicia británica están vinculadas a uno proceso judicial que no quedará resarcido hasta que las empresas e inversores afectados reciban un pago de más de 30 millones de euros, cifra a la que deberán sumarse los intereses pertinentes por la demora en el desembolso de estas obligaciones.

Las mismas empresas e inversores están litigando para cobrar otros 100 millones que el gobierno de Pedro Sánchez se resiste a abonar, a pesar de que los arbitrajes internacionales también fueron condenatorios con el Reino de España. Fuentes consultadas por este diario vinculan la eventual resolución de dicho proceso al embargo de nuevos activos dependientes del Reino de España.

El procedimiento de rastreo e identificación de activos ha sido elaborado por diversos despachos jurídicos que han detectado numerosos bienes de España en el extranjero. Tras varios intentos fallidos de acercar posturas con Moncloa, los afectados han optado por activar estas medidas y proceder a recuperar el dinero adeudado a través de estas incautaciones de bienes.

Cabe recordar que la indemnización del Prestige también está "congelada" de forma cautelar. En este caso, se trata de un pago cercano a los 1.000 millones de euros que España no puede recibir hasta que no cumpla también con las empresas e inversores que sufrieron la retirada retroactiva de los incentivos y primas ofrecidos al sector renovable.

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