La colaboración público-privada juega un papel fundamental en el campo de la salud. Aunque el grueso de la atención médica sigue estando en manos de las Administraciones Públicas, el sector empresarial tiene un papel cada vez más relevante. De hecho, un cuarto de la población cuenta con seguro privado, lo que supone un aumento del 30% durante la última década.
La aportación del sector empresarial a la sanidad no solo se desarrolla en la red de hospitales y consultas privadas, sino que también juega un papel relevante en el propio campo de la sanidad pública, puesto que parte importante de sus procesos se derivan al sector privado a través de conciertos y acuerdos para la derivación de los pacientes.
La cercanía de las elecciones autonómicas ha puesto esta cuestión encima de la mesa, puesto que partidos políticos de izquierda como PSOE, Podemos, Sumar o Más País han planteado la posibilidad de recortar o incluso eliminar estos conciertos. El gobierno de España ha presentado incluso un Anteproyecto de la Ley de Equidad Sanitaria en el que apunta su pretensión de "priorizar la gestión pública" y "limitar las derivaciones de pacientes al sector privado".
El coste de rescindir los conciertos
¿Qué impacto tendría acabar con los conciertos? Un informe del Instituto para el Desarrollo y la Integración de la Sanidad (IDIS) al que ha tenido acceso Libre Mercado pone de manifiesto que España tiene hoy 271 hospitales privados con concierto, lo que permite disponer de hasta 36.777 camas que dan servicio de forma complementaria a la red pública.
En porcentaje, el 16% de las intervenciones quirúrgicas y el 12% de las consultas y de las urgencias hospitalarias se canalizan por esta vía. En cifras redondas, hablamos de 574.000 operaciones, 10 millones de consultas y 2,5 millones de ingresos. Por lo tanto, el posible impacto de la eliminación de los conciertos sería una evidente sobrecarga en la red pública, que tendría que asumir estos procedimientos y lidiaría con mayores costes y tiempos de espera más dilatados.
Vayamos primero al impacto económico. En comparación con la red pública, la diferencia de precio en las estancias en centros concertados asciende, de media, a 135 euros. Si se mide en términos porcentuales, esta opción es un 47% más económica para las arcas públicas. En el caso de las consultas, la diferencia media se acerca a los 30 euros, lo que supone un 36% menos. Si hablamos de pruebas de diagnóstico, también encontramos una diferencia notable: la red concertada hace malograrías por 47 euros menos, resonancias magnéticas por 126 euros menos, TAC por 47 euros menos, ecografías por 10 euros menos, etc. Con las sesiones de hemodiálisis también hay una brecha notable, de 100 euros, que supone un 37% menos. Así, en términos agregados, el informe de IDIS estima que la diferencia de coste que tendría que asumir el sector público sería del 25-35% en relación con el modelo actual. Tal efecto económico aumentaría el gasto público en 2.700 millones.
Centremos ahora el tiro en los tiempos de espera. El estudio de IDIS parte de que el fin de los conciertos y las derivaciones supondría un salto del 153% en las listas de espera de primeras consultas, elevando los plazos en 58 días. Las intervenciones quirúrgicas también manejarían plazos mucho más dilatados, con un repunte del 102% en las listas de espera que se traduciría en una demora media adicional de 75 días. Asimismo, el incremento en la ocupación hospitalaria sería de 14 puntos, pasando del 71% al 85%.
De modo que, en caso de que se sigan dando avances en esta dirección, los contribuyentes soportarían un gasto mucho mayor y los pacientes de la red pública enfrentarían demoras mucho más acusadas. Dos golpes letales a la sostenibilidad económica y sanitaria del Sistema Nacional de Salud, cuya supervivencia sin la colaboración público-privada se antoja inviable.