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Noruega cambia su voto y respaldará en la junta el traslado de Ferrovial

Mientras el Ejecutivo de Pedro Sánchez sigue insistiendo en que la sede debe quedarse en España.

Mientras el Ejecutivo de Pedro Sánchez sigue insistiendo en que la sede debe quedarse en España.
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El fondo de pensiones del Estado noruego, que posee una participación del 1,49% en Ferrovial, ha decidido finalmente votar a favor del traslado de la sede social de la compañía a Países Bajos en la junta de accionistas que el grupo presidido por Rafael del Pino celebrará mañana en Madrid.

Todo ello a pesar de que previamente anunciara que votaría en contra de la fusión inversa a través de la que Ferrovial sería absorbida por su filial holandesa. "Cuando evaluamos transacciones corporativas, consideraremos también si hay suficiente transparencia para tomar una decisión completamente informada, si todos los accionistas son tratados de forma equitativa y si hay conflictos de intereses innecesarios", explicaba entonces el fondo para justificar este voto en contra.

No obstante, según el informe de voto publicado este miércoles en su página web, el considerado mayor fondo soberano del mundo votará finalmente a favor de todos los puntos del orden del día de la junta de accionistas, trece en total.

La decisión del fondo noruego, que invierte los ingresos del gas y del petróleo en el extranjero, se produce cuando faltan menos de 24 horas para que Ferrovial celebre una junta histórica para su futuro y refuerza los apoyos con los que ya cuenta el grupo para sacar adelante este traslado a pesar del fuerte rechazo que ha generado en el seno del Gobierno y de las presiones que ha recibido para dar marcha atrás a esta operación.

Además, este cambio de postura tiene lugar después de un insólito intercambio de cartas iniciado por el Gobierno horas antes de que los accionistas deban decidir su voto y con la que, según trataba de justificar ayer el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, no se buscaba presionar sino "trasladar información" a los accionistas de cara a una operación trascendental.

Mientras se siguen evidenciando las presiones del Gobierno, al que Ferrovial le pide que respete la voluntad de los accionistas, siendo estos los verdaderos propietarios de Ferrovial, el grupo sigue atando las mayorías suficientes para sacar adelante esta propuesta, que anunció de forma sorpresiva a finales de febrero. Además del fondo noruego, Rafael del Pino, que suma un 20,4%, su hermana María con el 8,2%, y el fondo TCI, con el 7%, votarán a favor de esta propuesta.

Por su parte, Leopoldo del Pino, hermano del presidente de Ferrovial y cuarto accionista del grupo con un 4,15%, se inclina a votar en contra, aunque parece que no ejercerá su derecho de separación, que ascendería a casi 800 millones, por encima de los 500 millones que ha fijado la compañía para no verse afectada negativamente desde el punto de vista financiero y de rating.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez sigue insistiendo en que la sede debe quedarse en España y en que no hay razones económicas que justifiquen esta decisión. Un punto clave para poder acogerse a la exención de tributar por las plusvalías latentes que afloren con la operación y que deberá ser estudiada por la Agencia Tributaria, que niega presiones del Gobierno y avisa de que estos análisis pueden demorarse años.

La Administración hace oídos sordos, por tanto, a las reclamaciones que el propio Rafael del Pino llevaba meses haciendo al reclamar que se acabara con la inseguridad jurídica que se está instaurando. Estos sucesos no están sirviendo, por lo tanto, como una lección para mejorar el contexto jurídico-empresarial y evitar que otras empresas se vayan en el futuro sino que el Gobierno se enroca responsabilizando a los demás.

Por su parte, Ferrovial insiste en que no hay un motivo fiscal en este traslado y que las razones económicas son "sobradas y conocidas". "La secretaría de Estado de Economía no debería prejuzgar ni condicionar el criterio puramente técnico que correspondería aplicar a otros organismos" dijo el consejero delegado de la firma de infraestructuras, Ignacio Madridejos, respondiendo a los ataques gubernamentales en una contundente carta y refiriéndose a la Agencia Tributaria.

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