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Todos los detalles de la nueva Ley de Vivienda: de intervenir los precios de los alquileres a retrasar los desahucios

Control de los alquileres, dificultar los desahucios o hacer pagar al arrendador por todo... Así se va a intervenir el mercado inmobiliario.

Control de los alquileres, dificultar los desahucios o hacer pagar al arrendador por todo... Así se va a intervenir el mercado inmobiliario.
La portavoz de ERC, Pilar Vallugera, ofrece una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados. | Europa Press

Los partidos separatistas ERC y Bildu han anunciado este viernes que se ha alcanzado un acuerdo con el Ejecutivo de Pedro Sánchez para sacar adelante la nueva Ley de Vivienda e inmediatamente después han convocado una rueda de prensa a la que han acudido Oscar Matute y Pilar Vallugera para explicarlo.

"Es la primera Ley de Vivienda que reconoce el derecho a la vivienda", comenzaba el diputado de Bildu justo antes de enumerar todas las medidas intervencionistas que van a implementar. Y es que, ninguna de sus propuestas pasa por la ampliación de la oferta dentro del mercado inmobiliario, sino que han optado por controlar la economía todo lo que el PSOE les ha permitido siguiendo los pasos de Portugal.

La primera medida será la intervención de los precios de los alquileres que serán limitados en todas las áreas que han denominado "tensionadas". Para que un lugar pueda llamarse "tensionado" debe cumplir, según el acuerdo, una de estas condiciones: "Que la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler más los gastos y suministros básicos supere el 30% de la renta media de los hogares, o bien que el precio de compra o alquiler de la vivienda haya aumentado al menos 3 puntos por encima del IPC en los cinco años anteriores a la declaración de área tensionada".

La limitación del precio de los "grandes tenedores" irá asociada a un índice "de contención" y la actualización anual de los contratos será limitada en un 2% en 2023, un 3% en 2024 y, a partir de ahí, "se creará un nuevo índice en estos términos, más estable e inferior a la evolución del IPC, que tope los aumentos de la renta por la renovación anual".

Es decir, se elaborará un criterio arbitrario desde el Estado para decidir de forma centralizada los precios y sus revisiones periódicas controlando de esta forma completamente el mercado del alquiler. El criterio para determinar si alguien es un "gran tenedor" se rebajará, pues en vez de necesitar tener 10 inmuebles bastará con tener solamente 5.

Otra medida estrella es la prohibición de "los desahucios sin fecha y hora predeterminada" y se pondrán impedimentos "que aplazarán los procesos más de 2 años" aumentando de forma innecesaria la burocracia. Además, se ofrecerán "nuevos instrumentos" tanto a las CCAA como a los Ayuntamientos para "evitar los desahucios injustificados".

En cuanto a la relación entre el arrendador y el arrendatario, todos los "gastos y honorarios" de la empresa inmobiliaria "producidos por el alquiler de un inmueble" pasarán a estar completamente a cargo del propietario a la vez que se prohíbe aumentar otros como los gastos de comunidad o las tasas de basuras. Además, "se eliminan las cláusulas que permitían la no aplicación" de estas medidas aunque exista "un acuerdo entre las partes".

Un año paralizada

Esta ley ha estado paralizada cerca de un año, sobre todo a causa de las discrepancias sobre el grado de intervencionismo que a las diferentes fuerzas políticas les gustaría aplicar sobre el mercado inmobiliario. Hace unos pocos días, por ejemplo, vimos que entre las propuestas de Podemos estaba la de tratar de ignorar el Código de Buenas Prácticas que el Gobierno ha acordado con las patronales bancarias para establecer la gratuidad de forma obligatoria y permanente del cambio de hipoteca de tipo variable a tipo fijo.

Pero las discusiones han afectado a más temas. Tanto Podemos como ERC y Bildu habían conseguido llegar a un preacuerdo que Nadia Calviño se apresuró a rechazar, imposibilitando, de esta manera, poder llegar a un punto en común y volviendo a retrasar la Ley de Vivienda.

El acuerdo, no obstante, llega después de que fuentes socialistas hayan afirmado a la agencia EFE que tanto Pedro Sánchez como Yolanda Díaz se estaban implicando personalmente en las negociaciones para tratar de desbloquear la ley. Las consecuencias de esto, sin embargo, afectarán profundamente al mercado inmobiliario generando un contexto de mucha mayor rigidez y control injustificado.

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