Desde hace años, Libre Mercado ha venido advirtiendo del grave deterioro del marco regulatorio en el que se mueven las empresas españolas. Pues bien, la decisión de Ferrovial de trasladar su sede a suelo holandés bien puede entenderse como el canario en la mina que confirma el problema de inseguridad jurídica que sufre nuestro país.
Una buena forma de estudiar la gravedad del problema es fijarnos en los resultados que obtiene España en los Indicadores de Gobernanza que elabora el Banco Mundial. Dicho informe sitúa nuestro grado de cumplimiento de la ley en la zona media-baja de la OCDE, a la par con antiguas epúblicas soviéticas y a años luz de los países líderes. En una escala que va de -2,5 a +2,5 puntos, solo recibimos 1 punto.
En cuanto a la calidad de la normativa producida, España vuelve a quedarse por debajo del umbral promedio y ni siquiera llega a recibir 1 punto. De nuevo, figuramos en la zona media-baja de la tabla y hay un abismo de separación entre nuestros resultados y los de las principales democracias.
Estos cálculos, presentados por el Instituto de Estudios Económicos, revelan que existe un vínculo muy positivo entre la mejora del marco regulatorio y el aumento del crecimiento. Para ser precisos, la correlación entre ambas variables sería cercana al 80%.
Hay que tener en cuenta, además, que la normativa fiscal aplicada en nuestro país está sujeta a continuos cambios que, además, siempre inciden en una mayor carga tributaria sobre los agentes económicos. Libre Mercado ha estimado que el gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado 54 subidas de impuestos entre 2019 y 2022.
En la misma línea, la producción normativa ha escalado hasta alcanzar cifras récord. Las encuestas del Círculo de Empresarios señalan que la sobrerregulación es el segundo mayor problema para hacer negocios en nuestro país. Solamente por las trabas autonómicas, las familias de nuestro país son 1.900 euros más pobres. A esto hay que sumarle el efecto de las regulaciones europeas y nacionales. Una auténtica losa de burocracia.
Si analizamos la situación a nivel micro, podemos encontrar numerosos casos concretos. Aquí van dos ejemplos muy significativos:
- En el mercado de la vivienda, la inseguridad jurídica es rampante. En los últimos años se han aprobado controles de precio, limitaciones de uso y medidas que protegen a los okupas. Además, la discrecionalidad política ha vetado el crecimiento urbanístico de las grandes ciudades, impidiendo la construcción de cientos de miles de viviendas.
- En el campo de la energía, se ha acelerado el uso de centrales nucleares perfectamente viables. Además, se ha vetado el desarrollo del fracking. Por último, se han incumplido los incentivos ofrecidos a las energías renovables y, cuando estos procesos han culminado en decenas de arbitrajes internacionales, el gobierno ha acabado impagando sus obligaciones.
Peor aún, cuando todas estas cuestiones se judicializan, los tiempos de los juzgados son cada vez más lentos y dilatados. Y, si nos fijamos en los indicadores internacionales, encontramos que España es uno de los países que peor protege los derechos de propiedad y, también, una de las economías desarrolladas con más trabas para las empresas.
Considerando todo lo anterior, podría decirse que la salida de Ferrovial es un aviso a navegantes del problema más general que están sufriendo los operadores privados. Algunos lectores habrán oído hablar del uso de canarios como medio de alerta ante la presencia de grisú en las minas de carbón. Pues bien, la decisión de la compañía de Rafael del Pino debe interpretarse como el canario en la mina de la inseguridad jurídica que hoy por hoy lastra el funcionamiento de la economía española.