El gobierno de España sigue asfixiando a las empresas y las familias españolas a golpe de hiperregulación y malas técnicas legislativas. Esta semana ha trascendido que el Ejecutivo de coalición conformado por PSOE y Podemos ha modificado dos veces en un mismo día la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS), una auténtica ceremonia de la confusión que pone de manifiesto la nefasta técnica jurídica de la Administración Sánchez.
Así, de acuerdo con la información recogida en el BOE, se han introducido distintas disposiciones que modifican el mismo apartado de la LISOS. Uno de los cambios emanó del ministerio de Trabajo que encabeza Yolanda Díaz, mientras que la otra modificación partió del ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero. La primera invocó la nueva Ley de Empleo como fuente de derecho para alterar la LISOS, mientras que la segunda apeló a la conocida como Ley Trans para justificar el cambio.
Como ambas disposiciones se han aprobado en la misma fecha, ni siquiera existe la posibilidad de considerar que una de las dos está derogada, puesto que las dos modificaciones han sido tipificadas con misma fecha de entrada (28 de febrero). El BOE se ha visto obligado a publicar ambas redacciones y dejar la pelota en el tejado del gobierno, que deberá redactar una nueva modificación de la LISOS para aclarar lo sucedido.
Trabajo e Igualdad actuaron sobre el artículo de la LISOS que regula las infracciones de carácter muy grave por parte de empresas, agencias de colocación o entidades de formación. Para ser precisos, los dos ministerios han acotado los datos de carácter personal que se pueden solicitar en los procesos de selección, colocación, intermediación o contratación.
Díaz ha incluido la solicitud de cualquier tipo de información referida a la salud como una infracción "muy grave", mientras que Igualdad actuó en referencia a la condición sexual. Por lo tanto, si se da por buena la versión redactada por el equipo de Díaz, entonces no sería de aplicación la disposición enviada por Montero, y viceversa. La descoordinación entre ministerios resulta evidente y obligará al gobierno a tomar nuevas medidas normativas, en forma de decreto o de redacción unificada del articulado de la LISOS.
La técnica legislativa del gobierno de Sánchez ha sido fuertemente criticada, especialmente a raíz de la conocida como Ley del Sí es Sí, que ha rebajado las condenas de más de 1.000 agresores sexuales, y de la norma aludida como Ley Trans, que reduce el cambio de sexo a un mero acto administrativo. Además, los expertos económicos vienen denunciando que el problema de hiperregulación que sufre España se ha multiplicado bajo gobierno de Pedro Sánchez, puesto que el gobierno de PSOE y Podemos ha aprobado 2.300 leyes, decretos y normas entre los años 2019 y 2021.
El problema de inseguridad jurídica también se extiende a otros frentes. El acoso y derribo que ha sufrido Ferrovial tras el anuncio de su traslado a Holanda o el impago de decenas de sentencias internacionales que obligan al Estado a indemnizar a los afectados por la retirada retroactiva de las primas renovables son solo otros ejemplos relevantes de un mal cada vez más dañino para la economía española.