Podemos pasa de la ley contra los propietarios de viviendas en alquiler a perseguir penalmente a los supermercados por no bajar los precios lo que los morados ordenan, pasando, ahora, por las empresas que pagan tarde las facturas. Eso sí, en este último punto se olvida de que el peor pagador de todos es justo la Administración Pública, donde están ellos al frente del Gobierno.
La última exigencia del partido de Ione Belarra e Irene Montero pasa por lanzar una oleada de sanciones contra las empresas que pagan tarde sus facturas. Eso sí, Podemos olvida en su argumentación que es la Administración la que no ha actualizado sus contratos con la inflación y que es, de nuevo el sector público, el peor pagador de todos.
Morosidad sector público y privado
Los últimos datos destacan que las Administraciones locales son unas de las peores pagadoras a sus proveedores, según el estudio de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMCM). Ese informe señala que la ratio de morosidad en España aumentó el año pasado hasta situarse en un 5%. El plazo medio de pago para el sector público, de hecho, se incrementó el pasado año en seis días, llegando hasta los 67 días. Y ese plazo es nada menos que el doble del plazo legal: 30 días.
En el sector privado el plazo de pago medio fue el mismo, pero con la tendencia contraria: bajó cinco días con respecto a 2021. Además, el incumplimiento es claramente inferior: la ley permite el plazo de pago en un máximo de 60 días.
De hecho, Podemos parte de estos datos, pero lo hace para atacar sólo a las empresas. "El pasado mes de marzo, la Plataforma Multisectorial Contra la Morosidad (en adelante, PMCM) publicó el último estudio sobre morosidad en España, que recoge información obtenida a partir de la realización de más de medio millar de encuestas a empresas. Los datos de dicho informe muestran la grave problemática existente en nuestro país con respecto al cumplimiento de los plazos de pago entre empresas", afirma. Y lo hace ocultando las conclusiones reales de ese estudio.
Podemos selecciona datos y afirma que "un ejemplo de ello lo encontramos en los 100 días de plazo medio de pago de las empresas adjudicatarias de los contratos públicos a los subcontratistas; una cifra muy superior al límite de 60 días establecido en la Ley 15/2010, de 5 de julio, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales".
Más intervención y sanciones mayores
La solución de Podemos, por supuesto, pasa por más intervención pública y mayores sanciones. "Durante la presente legislatura, dentro del marco de reformas incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se han aprobado modificaciones normativas con el objetivo de incentivar el efectivo cumplimiento de los plazos de pago entre empresas". Sin embargo, "la efectividad de las medidas aprobadas hasta el momento es escasa o nula, por lo que se requiere que el Ejecutivo desarrolle los mecanismos oportunos para garantizar el cumplimiento de la norma".
Observatorio Estatal de la Morosidad Privada
Y, con esa argumentación, Podemos pasa a exigir que se garantice "el despliegue de las herramientas oportunas que permitan a las Administraciones Públicas, entidades gestoras de subvenciones y órganos de contratación garantizar el cumplimiento de las medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales comprendidas en la Ley de Contratos del Sector Público y en la Ley de Subvenciones". Y, además, "agilizar los trabajos relativos a la creación y regulación del Observatorio Estatal de la Morosidad Privada, en el marco del Consejo Estatal de la Pequeña y Mediana Empresa, cumpliendo así con el mandato recogido en la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas".
Ese observatorio sería el encargado de investigar a las empresas por sus plazos de pago y de sancionar en caso de incumplimiento.