Podemos sigue en su sprint final de legislatura para imponer su agenda comunista. Y tras la batería intervencionista sobre las viviendas particulares en alquiler, llega un nuevo impulso a su deseo de castigar penalmente a los supermercados que no apliquen las rebajas de precios que, según ellos, se han generado con su política fiscal y de control del precio de la cadena alimentaria.
Podemos ha dado un nuevo impulso a su plan de intervención de los precios de los alimentos con una proposición de ley donde remarca su exigencia a Pedro Sánchez de instaurar una "Agencia de Información y Control Alimentarios" que tenga poder para "monitorizar los precios de la cesta de alimentación con carácter semanal, con especial atención a las grandes superficies". El propósito es que ese organismo inicie "de oficio el procedimiento sancionador en caso de que las bonificaciones financiadas por la Administración General del Estado sean capturadas por los márgenes empresariales y no den lugar al correspondiente descuento al cliente". Según Podemos, gracias a esa Agencia se debería dar lugar "a una infracción administrativa sancionada mediante multa y, cuando el aumento de precios realizado por una empresa sea reiterado, generalizado y sostenido en el tiempo, la infracción cometida tendrá una consideración similar a la de delito fiscal". Es decir, que saltaría a la escala penal.
El argumento de los comunistas se basa en que "a lo largo de los últimos años, primero debido a los efectos de la pandemia de la covid-19 y después debido a los efectos de la invasión de Ucrania, las familias españolas han experimentado un aumento de los costes en diferentes epígrafes de su economía doméstica". Pero, tras asumir el resultado de la situación de España bajo su mandato, señalan que "para mitigar las consecuencias negativas de estos aumentos, el Gobierno de coalición ha sido capaz de poner en marcha políticas valientes de contención en diferentes ámbitos". Según su versión, se ha instaurado un "muy exitoso mecanismo ibérico de tope al gas, que ha conseguido contener de manera eficaz el aumento del precio de la electricidad" y "la limitación del precio de la tarifa regulada del gas".
"El gobierno también ha implementado estrictos límites a la subida interanual de los contratos de alquiler y ha desplegado una serie de bonos gratuitos o de precio muy reducido en el transporte público. Todo ello ha contribuido a que, en estos momentos, nuestro país presente una de las inflaciones más bajas de Europa —un 3,3% interanual en marzo—, demostrando que la intervención estatal de los mercados en situaciones excepcionales constituye una política económica enormemente eficaz para proteger el interés general".
Podemos olvida el simple hecho de que España tiene el doble de paro de la UE, el doble de paro juvenil, es el país con mayor pérdida de poder adquisitivo de toda la OCDE, precisamente por la ineficaz lucha contra la inflación, y que es el único país, también de toda la OCDE, que no ha recuperado el poder adquisitivo previo al covid. Pero todo eso deben ser detalles sin importancia en su explicación.
Podemos prosiguen con su exposición: "Sin embargo y a pesar de estos éxitos, persisten en estos momentos dos ámbitos de gasto de las familias españolas que se han disparado y respecto de los cuales las medidas implementadas por el gobierno de coalición no han sido eficaces. Estamos hablando de las hipotecas de tipo variable y del precio de los alimentos". Y en esas áreas, los comunistas reclaman más intervención política. En el caso de las hipotecas es ya conocida su propuesta de "poner un tope del 0,1% al diferencial sobre el euríbor de todas las hipotecas de tipo variable con cuantía total inferior a los 300.000€" y de "facilitar el cambio de hipoteca sin coste".
Para los alimentos y los supermercados reclaman "una bonificación temporal y extraordinaria de un 16,5% sobre el precio de la cesta básica de productos, en línea con el aumento del IPC de alimentos y bebidas no alcohólicas en el último año", que debería ser "aplicada por parte de todos los establecimientos comerciales —grandes superficies y comercios minoristas— y la mencionada "Agencia de Información y Control Alimentarios" para perseguir a los que no bajen los precios.