La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos denuncia que el Gobierno de Pedro Sánchez ha aumentado las restricciones al sector agrario más de lo que exige la normativa de la Unión Europea. En declaraciones a Libre Mercado, el portavoz de esta patronal agraria, Carles Vicente, explica que a raíz de esta situación están notando un aumento de inspecciones para controlar si se cumple las excesivas obligaciones para el campo.
"Hay una presión por temas del bienestar animal, de los nitrogenados... Cada vez tenemos muchas más exigencias", cuenta indignado este representante que, además, también es ganadero y sufre estas circunstancias. "Hay que cumplir con la declaración de cultivos, la declaración anual de nitrógeno, con las restricciones de bienestar animal, con la normativa relacionada con las aguas..." y esto acarrea "un aumento de las inspecciones". Estas inspecciones, según explica Carles, son competencia autonómica pero el Ministerio de Agricultura marca la cantidad que se deben hacer.
El portavoz indica, además, que el Gobierno está acorralando más a los ganaderos y agricultores de lo que marca la norma Europea, que ya es suficientemente restrictiva. "Esta presión se debe, en parte, a las restricciones de la Unión Europea" pero el Ejecutivo de Sánchez "acaba imponiendo más que Europa. Quiere ser el primero de la clase y eso no siempre es bueno". Nos transmite, además, que lo que se debería de hacer es pedagogía en Europa para evitar, precisamente, que España sufra estas normativas excesivas. "Luchamos poco y explicamos poco a Europa que esto no se puede hacer en España. Hay muchas cosas en las que somos diferentes, pero no porque nos dé la gana sino porque nuestro territorio padece unos problemas que otros no padecen, por ejemplo con elementos fitosanitarios o con la alimentación de la ganadería".
Los antecedentes
Pero no sólo el Ministerio de Agricultura asfixia al campo con todo tipo de obligaciones y restricciones. Ya desde el 2020 este medio viene informando sobre el trato del Ministerio de Trabajo al sector primario. Por ejemplo, en mayo de ese año desde la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) de Andalucía mostraban su "perplejidad y disgusto" ante lo que denominaron una campaña "tóxica" de la inspección extraordinaria que puso en aquel entonces en marcha el departamento de Yolanda Díaz para tratar de detectar casos de "esclavitud o prácticas similares". Tal fue el escándalo ocasionado por emplear esas palabras que el propio ministro de Agricultura, Luis Planas tuvo que salir afirmando que la esclavitud "acabó legalmente en España en 1886".
Tras aquellas inspecciones comenzaron a llegar multitud de restricciones al campo que han regulado hasta los restos de poda y ramas de deben quedar en el suelo sin recoger además de provocar, por ejemplo, que se agrieten los terrenos, por lo que estamos presenciando una presión inédita sobre el rural. Esta presión se ve también por el lado de la legislación laboral, que según denuncian los propios agricultores a través de plataformas como Unión de Uniones, se ha hecho sin "consultar al sector" lo que ha provocado "una caída del 33,4% en las contrataciones" desde que entró en vigor la nueva ley.
Todas estas presiones legislativas que se han ido desarrollando, según lo anteriormente mencionado, han tenido como consecuencia, además de los efectos comunes, un aumento de controles a modo de inspecciones para que nadie se escape al ojo avizor del Gobierno y se cumpla a rajatabla con la excesiva normativa que mantiene atados a los empleados y empleadores del sector primario.