A dos semanas de las elecciones autonómicas y municipales y tres días antes de la gran manifestación del campo en Madrid, el Gobierno de Pedro Sánchez ha tirado de la chequera pública para aprobar un paquete de ayudas de 2.190 millones de euros destinados a paliar los efectos de la sequía. Sin embargo, la medida no ha contentado a los ganaderos y agricultores, que consideran que este ‘pan para hoy, hambre para mañana’ es una medida "ineficaz, insuficiente y tardía".
El presidente de la organización agraria Asaja, Pedro Barato, ha considerado que estas ayudas son "netamente insuficientes" porque las pérdidas son "superiores a los 10.000 millones". También ha echado en falta más acciones en sectores como los cultivos leñosos (frutales, viñedos, olivos, frutos secos), "en los que no sólo peligra el fruto sino también la arboleda".
Desde la organización agraria COAG, han solicitado al Ejecutivo "apoyos de mayor calado" ante la "gravedad" de la situación, que ya afecta al "80% del territorio agrario". El secretario general de esta organización, Miguel Padilla, ha reclamado ayudas directas extraordinarias para los cerealistas, "que en muchos casos no recogerán cosecha alguna".
Los grandes olvidados
En cuanto a las ayudas directas a los ganaderos, llama la atención la exclusión de los criadores de cerdos y pollos, una carne, ésta última, que paradójicamente es la más consumida en el mundo y en España. "Somos un sector que está sufriendo muchísimo y nos han ignorado por completo -denuncia Alexis Codesal, presidente de la asociación Defiende Tu Avicultura-. La sequía provoca un alza en los precios de los cereales, que es con lo que se hace el pienso con el que se alimentan los pollos, y la cama que se utiliza para ellos, que o bien se hace con paja picada o con cascarilla de arroz también se ha incrementado muchísimo".
Los ejemplos hablan por sí solos: "La paja picada costaba hace un año unos 71 o 72 euros la tonelada. Ahora, va a estar en torno a los 180 o 190. Y hay otros productos como el hueso de aceituna, que se utiliza para la biomasa para calentar las estufas, que ha pasado de 65 euros a 300, es decir, el coste se multiplica casi por cinco, así que, si no nos permiten subir el precio a las integradoras y no nos dan ayudas, obviamente el sector está abocado a la ruina".
De hecho, él mismo está en proceso concursal. "Estamos criando a pérdidas. A día de hoy, criar un pollo cuesta 50 céntimos y nos están pagando 42", explica indignado. A quienes se pregunten por qué entonces no todos los avicultores hacen lo mismo que él y echan el cierre, Codesal se lo explica muy fácilmente: "Muchos ya lo están haciendo, pero otros no pueden permitirse el lujo de hacerlo porque, en su desgracia, arrastran a su familia, que es la que les ha avalado con un piso o con lo que sea, y esa es la razón por la que muchos siguen trabajando a pérdidas, consumiendo todos sus ahorros y rezando para que la situación cambie".
Respecto a los motivos del Gobierno para dejarles fuera de las ayudas directas, el presidente de Defiende Tu Avicultura aporta dos: una posible cesión a Marruecos -ya que desde el año pasado se permite importar carne de dicho país- y la nula defensa que las principales asociaciones hacen de los derechos de los avicultores. "Nosotros representamos al 27% de la cabaña nacional, más que UPA, COAG Y ASAJA juntas. Sin embargo, son ellas las que se sientan en la mesa de negociación y precisamente porque no tienen tanto interés en el sector avícola, nadie lucha por nosotros", lamenta Codesal, que denuncia que, a pesar de ser conocedor de estas circunstancias, el Gobierno se niegue a sentarse con ellos y considerarles un interlocutor válido.
Derribo de embalses en plena sequía
Por su parte, el movimiento ciudadano SOS Rural, organizador de la manifestación de este domingo en Madrid, considera que las medidas contra la sequía que el Gobierno "ha improvisado" son "ineficaces, insuficientes, tardías" y que "si alguna se consolida en ese batiburrillo de inanidad, se implementará dentro de muchos meses, cuando ya sea tarde". También ha criticado la actitud electoralista de la medida: "Reaccionan justo ahora, después de meses y meses de sufrimiento en el campo sin que nadie nos escuchara, ni el Gobierno ni las Comunidades Autónomas".
"España sufre sequías de forma cíclica. Ocurrió en 1995 y está ocurriendo ahora. El agua hay que conservarla cuando llueve para que no falte para beber ni para ninguna actividad económica, sea en el campo, la industria o el turismo. Y esto se consigue con un buen plan hidrológico nacional solidario y vertebrador que conserve y reparta el agua. Es aplicar el sentido común", afirma SOS Rural.
En este sentido, la plataforma ha recordado que el derribo de embalses y azudes "sólo contribuye a agudizar la sequía y a derrochar agua". "Es un disparate que sólo alimenta el problema y que da carta de naturaleza a tirar agua de forma absolutamente incomprensible e irresponsable. La norma no es aplicable para un país como España, que sufre históricamente periodos de sequía como el actual", aseguran.