Las trampas estadísticas introducidas en los indicadores de paro han saltado a la luz. Más de medio millón de fijos discontinuos engordan la lista de supuestos empleados estables e incluso teóricamente indefinidos y otro medio millón camuflado adelgaza por su lado el dato del paro registrado en el SEPE. Pero las trampas son demasiado evidentes y no engañan a dos indicadores muy básicos y visibles. El primero, el de horas trabajadas totales: sigue por debajo del inicio del covid; y el segundo, el de ingresos de la Seguridad Social: acumula una deuda de 106.000 millones de euros. Por ello, la Inspección de Trabajo, dependiente del Ministerio de Yolanda Díaz, ha saltado a la calle con una orden: convertir los contratos fijos discontinuos –trabajadores que mantienen el contrato pero que sólo trabajan y cotizan unos meses del año, no todo el ejercicio– en fijos indefinidos. La Inspección presiona a las empresas para forzar ese cambio, un cambio que convertiría en realidad las promesas fallidas de Yolanda Díaz. Y haría cotizar mucho más a las empresas.
La reforma de la nueva aspirante política por Sumar, Yolanda Díaz, no ha conseguido ni por lo más remoto eliminar la precariedad laboral en España: un 44% de la población tiene contratos inferiores a los seis meses y casi un 30% de menos de un mes.
Manipulación estadística
Las estadísticas oficiales de empleo, sin embargo muestran otra imagen. Una en la que se supone que la inmensa mayoría de los empleados lo son fijos, pero, claro, fijos discontinuos. Pero la evidencia en las trampas estadísticas de Yolanda Díaz con respecto al paro empiezan a saltar día a día. Si la metodología de contabilización de los puestos fijos discontinuos era ya, de por sí, toda una demostración de manipulación estadística –un parado que trabaja sólo un mes al año computa todos como empleado–, el dato desvelado por el sindicato USO en base a los indicadores oficiales del paro es plenamente delator: mientras el Gobierno alardea de haber creado medio millón de puestos de trabajo, lo cierto es que las horas trabajadas en España, no es que no crezcan, es que siguen por debajo de las previas a la pandemia. Los últimos datos avalan que se sitúan en 654.538 horas semanales, según los indicadores de febrero, y al cierre de 2019 eran de 662.607. El dato esconde una caída anual de 419.551 horas en total.
El departamento de estudios del sindicato USO destaca que "la población activa se ha incrementado, tras el descenso producido en 2020, en 388.100 personas, de las que un 79% son mujeres. Ellas se han incrementado en 307.700, por los 84.400 hombres". El Gobierno eleva esa cifra hasta casi medio millón de empleos.
Con ello, a cierre de febrero, el maquillaje estadístico de Yolanda Díaz por medio de los fijos discontinuos se elevaba a 651.000 personas que no figuran en las listas del paro, pero no están trabajando.
Y Yolanda Díaz ha decidido que esto se tiene que acabar, pero por la vía de forzar a las empresas a que su ilusión óptica se convierta en realidad. Y, para ello, ha lanzado a la Inspección a la calle a reclamar a las empresas que los contratos de varios meses como fijo discontinuo sean convertidos, por deseo y gracia de la vicepresidenta, en contratos fijos indefinidos, pasando la empresa a tener que cotizar todo el año y Trabajo a mejorar sus estadísticas aunque las horas trabajadas no den para más, tal y como han confirmado varias grandes empresas a Libertad Digital. "El problema radica en que si eres una grande, a lo mejor te puedes permitir el gasto de tener que pleitear con Trabajo, pero si eres una pequeña, aunque tengas toda la razón y la ley de tu parte, puedes acabar pagando y aceptando la imposición por no tener más problemas", señala uno de los empresarios consultados.
Mientras, la Inspección denuncia al Ministerio
Para colmo, la Inspección a la que Yolanda Díaz ha reclamado esta labor de seguimiento y cobro es la misma que acaba de denunciar ante la UE a su propio empleador –el Ministerio de Trabajo– por incumplir los compromisos adquiridos en materia laboral. La denuncia, firmada por CCOO, CIG, CSIF, Sitss, Sislass, UPIT y Usess, ha sido presentada ya en la sede de la Unión Europea en Madrid y en ella se alega que el Gobierno ha "vulnerado" la Carta de Derechos Fundamentales en materia de negociación colectiva. Además, recalca que se han incumplido los compromisos en cuanto a la Inspección de Trabajo dentro del Plan de Recuperación del Ejecutivo.
En este sentido, las organizaciones sindicales creen que la situación que vive la Inspección y el incumplimiento de los compromisos adquiridos demuestra la "nula voluntad política" por parte del Gobierno para dar solución a las deficiencias de la Inspección de Trabajo. Así, los inspectores argumentan que la anterior Relación de Puestos de Trabajo de la Inspección data de hace más de 20 años, por lo que piden dar cumplimiento a lo acordado e incorporar de manera inmediata los 500 efectivos que se habían prometido de manera urgente y, progresivamente, el resto de personal comprometido.
En concreto, las centrales sindicales alertan de que la Inspección está funcionando por voluntad de sus trabajadores, porque realmente "está en colapso". En esta línea, alegan que el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz mantiene a sus empleados con jornadas laborales "insoportables", que requieren trabajar sábados y domingos para cumplir objetivos, y todo ello "a costa de la salud y seguridad" de su plantilla.