En estos días hemos podido asistir a una de las últimas ocurrencias de Podemos que, ante lo que parecen ser sus últimos coletazos en política, trata de generar controversia con propuestas cada vez más delirantes. Esta vez le ha tocado a Pablo Echenique explicar que desde Podemos se propone la creación de un supermercado público, para combatir lo que ellos creen que es una subida indecente y sin justificación de los precios por parte del "oligopolio que rige el sector". Dicha propuesta es sólo un añadido más a la feroz campaña que desde el partido morado se lleva haciendo a empresas como Mercadona, Lidl y Carrefour, calificando como "capo" o "usurero" al máximo accionista de Mercadona, Juan Roig. Podemos estima que, con esta empresa pública, se crearían de forma directa 50.000 empleos y hasta 1.000 establecimientos por todo el país, y pone los casos de Renfe, Navantia e Indra para justificar la creación de esta empresa estatal. A continuación, vamos a explicar los errores más significativos que encontramos en estos postulados.
Empecemos por el final, y es que Echenique trata de reforzar su argumentación aludiendo a que ya existen empresas públicas en España como Indra, Navantia o Renfe, y que por ello no sería descabellado la creación de otra empresa pública. El caso es que, si lo que intenta es dar argumentos a favor con estos tres casos, lo que realmente hace es ponerse palos en las ruedas, porque si hay malos ejemplos son esos tres. Renfe es una empresa pública que no empezó a dar beneficios hasta el año 2017, aunque su creación tuvo lugar en 1941, es decir, 76 años de pérdidas consecutivas. Pero no sólo esto, sino que en los últimos cuatro años (desde 2019-2022) también ha arrojado un resultado negativo. Por su lado, Navantia ha encadenado 13 años de pérdidas consecutivas (desde 2008 hasta 2020) y más de 1.000 millones de pérdidas entre 2016 y 2020. Por último, el caso de Indra no es apropiado porque no es una empresa pública, sino que el sector público tiene una participación del 28% en esta S.A., siendo del 18,7% hasta 2022.
En este sentido, Echenique no se limita a proponer dicha idea, sino que el 8 de mayo compartió en Twitter un artículo donde se ilustraba como la idea de un supermercado público ya existía en países como EE. UU., pero esta comparación es errónea por varios motivos. En primer lugar, porque dicho supermercado público se creó para una población de menos de 2.000 habitantes, mientras que Podemos aspira a crear un supermercado que abastezca a más de 47 millones de personas. En segundo lugar, porque el motivo por el cual se creó este supermercado no fue porque hubiera cadenas de supermercados que comenzasen a subir los precios artificialmente (como dice Podemos), sino por todo lo contrario, ya que ninguna empresa, como Walmart o Winn-Dixie, estaba interesada en instalarse en este pequeño pueblo dada la poca rentabilidad que les ofrecía. De hecho, la cadena de supermercados IGA operó hasta el 2018 en Baldwin, donde cesó su actividad ante la falta de rentabilidad.
Súper públicos en los años 80
En realidad, Podemos no está proponiendo algo nuevo en nuestro país, ya que a finales de los años 80 se intentaron varias aventuras estatales en el sector de la alimentación. Por un lado, con la adquisición de Jobac (José Bacete Cardós) por parte de la empresa pública Mercasa en 1988, y con su posterior venta en 1991 a Consum. Y, por otro lado, con la compra de Dirsa (Distribuciones Reus S.A.) por la empresa pública Tabacalera en 1988, y con su rápida venta en 1990 al Banco Bilbao Vizcaya. Ambas empresas, cuando estaban en manos privadas, llegaron a prosperar hasta tal punto que Dirsa llegó a ser la décima empresa de distribución alimentaria por cifra de negocio, procurando empleo a más de 250 personas. Por su parte, Jobac llegó a dar trabajo a 1.300 trabajadores y a abrir más de 80 establecimientos por toda España. Fue justamente cuando pasaron a estar bajo una gestión pública cuando la actividad decayó hasta tal punto que tuvieron que ser rápidamente privatizadas.
De esta manera, no es necesario siquiera recurrir a ejemplos de países más socialistas como Cuba o la extinta Unión Soviética cuando se habla de una gestión estatal de la alimentación, aunque sí conviene recordar dos cosas que ocurren con una gestión pública de la alimentación: 1) la escasez de alimentos y de variedades de los mismos como consecuencia de la falta de competencia y de una mala gestión de los recursos ante la falta de incentivos, y 2) las largas colas y cartillas de racionamiento que se llegaron a implantar en estos países como consecuencia de la falta y/o mala utilización de los recursos, provocando la mencionada escasez de alimentos.
En definitiva, lo que se propone desde Podemos es algo que intuitivamente al ciudadano medio le puede parecer muy atractivo a nivel teórico, pero que en la práctica se convierte en un desastre justamente porque lo que hace que las empresas tengan la "obligación" de ofertar mejores productos a sus clientes es la competencia, la "amenaza" de desaparecer del mercado si no se cumplen las expectativas de los consumidores. La empresa privada sobrevive en base a los recursos que ella misma ha de procurarse, a diferencia de una empresa pública que se nutre con los impuestos recaudados a los ciudadanos, lo que también elimina este incentivo de tener que mejorar de forma constante. Por contraintuitivo que pueda parecer, lo mejor que puede hacer el Estado para garantizar la mayor disponibilidad y calidad de productos alimentarios en cada lugar del país, es alejar sus manos del mercado.