No sabemos si Alberto Núñez-Feijóo hablará a menudo con Mariano Rajoy. Si no lo hace, quizás debería mandarle aunque sea un whatsapp. Para preguntarle cómo es eso de celebrar una victoria electoral (si es que ese triunfo llega el próximo 23 de julio) sabiendo que lo que te espera será cualquier cosa menos sencillo. Que tienes un país en bancarrota y decisiones muy complicadas por delante. Que tendrás que comerte el marrón que otros generaron.
Además, puede que esa llamada le haga ver el vaso medio lleno. Porque sí, hay signos preocupantes en el horizonte de la economía española, pero nada parecido a lo que sucedía en noviembre-diciembre de 2011, cuando el país estaba al borde de la quiebra y el rescate de la troika.
Incluso, podría ser que esa llamada le lleve a pensar que sólo puede ganar: si vence en las urnas, porque ya habría logrado su objetivo. Y si no, porque tendría cuatro años de líder de la oposición mientras Pedro Sánchez se encarga de tomar las medidas más duras.
El déficit y el pacto
El punto de partida es conocido: España terminó 2022 con un déficit equivalente al 4,8% del PIB y una deuda pública superior a los 1,5 billones de euros (el 113% del PIB aproximadamente). Por supuesto, en ambos casos se trata de un nivel muy superior al comprometido con Bruselas (3% y 60% respectivamente, según lo que marca el Pacto de Estabilidad y Crecimiento). Y no es algo nuevo ni consecuencia de la crisis del Covid o la Guerra: las excusas más habituales en los últimos meses no sirven para esto, porque España lleva ya quince años sin cumplir con esos compromisos. No es una forma de hablar: desde 2008, nuestro país sólo ha terminado una vez con un déficit público por debajo del 3% del PIB (en 2018, tras seis años de crecimiento y fue en el -2,6%).
Por supuesto, el problema no es sólo el pasado, sino el futuro. La AIReF, en su Informe sobre la Actualización del Programa de Estabilidad 2023-2026 que publicó el pasado 11 de mayo, preveía una senda de reducción del déficit y la deuda con una pendiente muy suave. De hecho, anticipaba un déficit entre el 2,5 y el 3% del PIB en 2026, con la deuda todavía instalada por encima del 105% del PIB. Para intentar mejorar esas cifras, pedía "un ajuste de 0,46 puntos anuales en los próximos cuatro años". O lo que es lo mismo: 30.000 millones de recorte de gasto. Será el sucesor de Sánchez el que tenga que acometerlo (si lo hace).
Aquí podría plantearse la cuestión de si lo hará. O de cómo de obligatorio es ese ajuste. La respuesta: todo apunta a que será más obligatorio de lo normal.
En la mayoría de los países, los que se financian en los mercados, los ajustes de gasto los determinan los inversores. Si un Gobierno quiere gastar más y no puede, se disparan sus costes de financiación. Su credibilidad es lo que establece en cierto sentido hasta dónde puede llevar los números rojos. En la Eurozona esto es cierto sólo en parte. Es el conjunto del área monetaria el que tiene o no credibilidad y es el conjunto de sus integrantes el que ve cómo suben o bajan sus costes de financiación. Luego, hay diferencias entre unos y otros (la famosa prima de riesgo, que no es otra cosa que la diferencia entre la deuda soberana de unos países y la alemana). Pero, incluso así, el apoyo de unos a otros es fundamental para explicar los costes de financiación. Ni España, ni Italia ni Grecia habrían podido acceder a los mercados de renta fija en la última década en las condiciones en las que lo han hecho sin el apoyo de sus socios de la Eurozona (de hecho, todo empezó con el famoso "whatever it takes" de Mario Draghi). A cambio, se suponía que estos países pondrían en orden sus cuentas públicas, para no abusar de la confianza del resto y porque el desequilibrio fiscal de unos acaba contagiando los costes de financiación de los otros (alemanes u holandeses podrían pensar que ellos solos podrían conseguir mejores condiciones que con el lastre de la Eurozona).
Aquí España tiene un problema grave de credibilidad. Algo que siempre ha sido preocupante, pero en los últimos meses se ha vuelto más acuciante: Alemania ha elevado el tono y Bruselas se ha sumado. Quieren reglas fiscales más duras y medidas más exigentes para hacer que se cumplan, incluyendo sanciones. Esto quiere decir que el nuevo Gobierno tendrá que sacar mejores notas y convencer al maestro de que se está esforzando. Sería terrible para la Economía española que perdiéramos el apoyo de nuestros socios más ricos.
¿Recesión a la vista?
En este contexto, aparece un nuevo problema en el horizonte: la recesión. Bueno, en el horizonte si miramos desde España, porque Alemania tuvo ya un crecimiento negativo del PIB en el primer trimestre de este año (tras haberse contraído también en el cuarto trimestre de 2022). Eso es un problema para España por muchas razones: desde las exportaciones al turismo. Pero también porque las negociaciones políticas son más sencillas creciendo al 2% que con recesión. Probablemente no es casualidad que los políticos germanos hayan comenzado a endurecer su discurso con los malos datos económicos. Cómo pedirles sacrificios a tus ciudadanos o aplicar reformas no siempre populares mientras España, con tu dinero o al menos tu aval, sigue saltándose las normas. No es sencillo. Además, como ya hemos explicado en otras ocasiones, cuando vienen mal dadas no está mal tener un chivo expiatorio en el que distraer a la opinión pública. La solidaridad en la Eurozona, esto ya lo hemos visto otras veces, dura mientras no se tuercen las encuestas.
El cóctel es explosivo: una recesión en Alemania y en otros países muy relevantes para nuestra economía (los datos en EEUU o Reino Unido tampoco son para tirar cohetes), que lo normal es que termine impactando en el crecimiento de España a lo largo del segundo semestre del año. Esto no sería bueno para el déficit (habría menos ingresos y más gastos), lo que enfadaría todavía más a Bruselas. Y, por supuesto, la sensación de que no se han acometido las reformas exigidas, especialmente en lo que hace referencia a las pensiones: cuando se presentó, numerosos organismos (entre otros la AIReF) ya advirtieron de que probablemente en la primera revisión, en 205, habría que tomar medidas extra para asegurar que las cuentas cuadrasen. Otro regalo con sorpresa para el nuevo inquilino del Palacio de la Moncloa. Puede que en un par de años Feijóo piense que como líder de la oposición vivía más tranquilo.