España todavía se encuentra en el vagón de cola de la recuperación económica después de sufrir la peor crisis del periodo de paz por la pandemia. Con la inflación erosionando la riqueza de los ciudadanos, con unas cuentas públicas completamente desequilibradas, con la tasa de paro más alta de los países desarrollados y con el Gobierno de PSOE y Podemos asfixiando con sus medidas a la economía productiva, un elevado grado de incertidumbre se cierne sobre nuestro país.
Así, en medio de toda esta vorágine, la Universidad Francisco de Vitoria ha creado su Observatorio Económico. Este think tank tendrá como objetivo analizar el panorama actual, generar recomendaciones para intentar solucionar los graves problemas que arrastra la economía española y emitir previsiones. El director del Observatorio es el colaborador semanal de Libre Mercado, José María Rotellar, que junto con Pedro Schwartz, Francisco Cabrillo, Jaime García-Legaz o Gregorio Izquierdo integran este grupo de discusión.
Pregunta (P): Se observa una cierta corriente liberal entre los miembros del Observatorio...
Respuesta (R): Sí, todos coincidimos en un pensamiento liberal clásico o liberal europeo. Nuestros miembros son economistas muy potentes que tienen una amplia experiencia en el ámbito público, en el privado, en el académico y saben lo que es gestionar.
(P) Mientras el plan de la izquierda es seguir alargando todavía más los tentáculos del Estado, en la derecha han aparecido partidos que han intensificando el discurso proteccionista y contra el libre comercio ¿Está más amenazado el liberalismo que antes?
(R): Sí. En los últimos tiempos, justo antes de que empezase la crisis de coronavirus, hemos visto un retorno a cierto proteccionismo, como en las luchas de China con Estados Unidos o de Estados Unidos con la Unión Europea. También hemos visto una vuelta a esa defensa de la producción nacional que no es nada positiva porque encerrarse en uno mismo merma las posibilidades que tiene un consumidor de poder elegir más variedad, un producto más barato y mejor servicio. Además, secuestrar los negocios con aranceles merma las posibilidades de las empresas de salir al exterior y les ofrece menos incentivos a hacerlo mejor y ser más productivas. Sin embargo, cuando hay crisis económicas, lo primero que hace el populismo es buscar un culpable. Y lo fácil es señalar al extranjero.
Hay muchos ejemplos que demuestran que cuando se ha aplicado el proteccionismo ha ido peor la economía en el mundo. Lo hemos visto en España, cuando se aplicaron aranceles sobre el carbón asturiano o leonés o con el arancel Cambó, que se hizo para proteger a la burguesía catalana textil. Lo que crearon fueron burbujas que impidieron el desarrollo de estas industrias españolas.
También es cierto que el liberalismo siempre ha estado acosado porque es una orientación menos fácilmente vendible que la socialdemócrata. Aunque la experiencia lo avala, en el discurso liberal se ven los frutos a medio y largo plazo, por lo que hay que esperar. Sin embargo, la orientación socialdemócrata se ve a corto plazo, con subvenciones a los billetes de tren o entradas de cine de los mayores de 65 años, lo que hace que el ciudadano no se dé cuenta de que al final lo está pagando él a través de sus impuestos, o con más deuda, que son impuestos diferidos, o con más inflación, que es un impuesto artificial y que genera más sufrimiento a las personas más desfavorecidas por el incremento de los precios.
Por eso, los principales riesgos para la economía, y de los que tiene que huir cualquier partido español que tenga una inspiración liberal-conservadora, son el gasto público ilimitado y el proteccionismo.
(P) Un pilar fundamental del liberalismo es la propiedad privada. ¿Está más desprotegida ahora en España?
No ha sido asaltada del todo, que sería complicado, pero se están dando pasos que la amenazan, como la Ley de Vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez. En el caso de los límites de los precios de los alquileres, si yo tengo algo y no puedo disponer de ello como yo considere oportuno, estás cercenando mi derecho de propiedad. Lo mismo ocurre con que yo quiera tener mi piso vacío y el Estado me obligue a alquilarlo. El Gobierno no le puede decir a nadie qué hacer con sus posesiones, sólo debe regir el libre juego del mercado para que la oferta y la demanda se pongan de acuerdo. Si el Estado se entromete, lo único que va a conseguir es que los dueños de los pisos los saquen del mercado, y al haber menos pisos disponibles, el precio subirá, lo que perjudica, de nuevo, a los que tienen menos recursos.
Lo mismo ocurre con los ataques a los fondos que invierten en el mercado de la vivienda. Cada vez serán menos fondos los que quieran invertir en nuestro territorio, lo que perjudica directamente a la construcción y a los empleos a los que va ligada, lo que generará la necesidad de otorgar más prestaciones por desempleo y más gasto público. Al final, el intervencionismo va afectando a todas las ramas de la actividad. Es un círculo vicioso que hay que romper bajo la premisa de que la propiedad privada es sagrada.
(P) Además del informe sobre las nefastas consecuencias que tendrá la Ley de Vivienda que entró en vigor el pasado viernes, en el Observatorio también habéis analizado la reforma de pensiones de José Luis Escrivá, que supone un aumento de gasto y de las cotizaciones sociales. Para garantizar la sostenibilidad del sistema ¿hay que desindexar ya las pensiones del IPC? Con más de 9 millones de pensionistas, sería muy impopular...
(R): Sí. Hay que hablar claro: el sistema de pensiones tiene que ser reformado para que sea sostenible. Los pasos que dio el PP iban en la buena dirección con el factor de sostenibilidad, pero este Gobierno ha vuelto a la indexación de las pensiones al IPC y eso echa más gasolina al fuego porque genera una carga para los próximos años difícilmente soportable.
Lo perfecto sería avanzar hacia un sistema de capitalización, pero es complicado porque ya hay dos generaciones que no tendrían capacidad de ahorro suficiente. Al menos, se podría intentar avanzar hacia un sistema de cuentas nocionales como los países nórdicos. Sea como fuere, las pensiones tienen que reformarse para bajar cotizaciones, que será un incentivo para que las empresas generen más puestos de trabajo y pagar mejores salarios. Y así habrá más cotizantes. De lo que se trata es de ensanchar la base no de que haya menos personas cotizando y cobrarles más impuestos a ellos.
(P) ¿Tiene margen para bajar impuestos el próximo gobierno que llegue al poder?
(R) Bajar los impuestos siempre es positivo siempre que sea posible, pero para eso también hay que bajar el gasto. Es obvio que tenemos un IRPF altísimo, que tenemos un Impuesto de Sociedades altísimo y un nivel de cotizaciones a la Seguridad Social altísimas. Por eso, hay que rebajar todo que se pueda esos impuestos para liberar renta que permita a la economía valerse por sí misma junto a un ajuste de todo ese gasto improductivo y no esencial que es mucho.
Desde que Sánchez llegó al gobierno, se ha elevado el gasto más de 75.000 millones de euros, que si le quitamos la parte de los fondos europeos se quedan en más de 40.000 millones, que es muchísimo gasto estructural en cinco años y que no se ve reflejado en unos mejores servicios públicos. Lo que refleja es que se están destinando recursos a cosas no esenciales.
Eso sí, aunque subir un impuesto nunca es positivo, si llegáramos al punto de redefinir el mix impositivo distorsiona mucho menos subir los impuestos indirectos, como el IVA, que los directos, como el IRPF, que tienen un mayor riesgo de pérdida de puestos de trabajo.
(P) ¿Alguna otra receta económica que creas urgente?
(R): Hacer fácil que las empresas quieran invertir, que no se le pongan trabas y que no sea todo un galimatías horrible de burocracia. También debemos afrontar la circunstancia económica sabiendo que hay que cumplir con la estabilidad presupuestaria y hay que reducir la deuda, no sólo en términos porcentuales sobre el PIB nominal, sino el valores absolutos. No podemos tener una deuda de más de 1,5 billones de euros porque es una bomba de relojería cuando suben los tipos y, por último, tampoco hay que tener miedo al superávit.