Corren tiempos difíciles para el Tesoro español. Para empezar, el endurecimiento de la política monetaria ha elevado los tipos de interés hasta el 3,75%. En paralelo, el fortísimo aumento de la deuda pública, que ha subido del 95% al 115% del PIB bajo gobierno de Pedro Sánchez, también ha elevado el perfil de riesgo asociado a las operaciones de financiación del Estado. Y, por si no fuese suficiente, los impagos a las empresas afectadas por la retirada retroactiva de las primas ofrecidas a las energías renovables han desatado el default técnico de cuatro bonos de deuda negociados en los mercados internacionales y valorados en casi 1.000 millones de euros.
Los gobiernos autonómicos ya empiezan a sufrir en carne propia estas difíciles circunstancias financieras. Es cierto que buena parte de la deuda regional se negocia a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y otros mecanismos mediante los cuales el gobierno de España facilita el acceso a los mercados de deuda de las comunidades. Sin embargo, ese paraguas no es suficiente para evitar un fuerte encarecimiento de los costes financieros derivados de emitir nuevos pasivos.
A lo largo del año 2021, el tipo medio de referencia que abonaron los gobiernos autonómicos fue de apenas un 0,1%. Un año después, en 2022, el coste de financiación se había disparado hasta el entorno del 1,6%. Y, si nos fijamos en los primeros meses de 2023, podemos ver que las emisiones se están realizando a un tipo medio del 3,2%. De 2021 a 2023, esta rúbrica se ha multiplicado por treinta.
Si se realiza una comparativa interanual de los dos primeros meses de 2022 y 2023, encontramos que las operaciones de deuda asociadas a los gobiernos autonómicos se han encarecido casi un 34%, puesto que el pago de intereses ha subido de 467 a 625 millones de euros. Todo un aviso de lo que puede ocurrir durante el conjunto del año.
En total, las regiones deberán refinanciar unos 42.000 millones durante el presente curso. De todos los gobiernos autonómicos, el que presenta más necesidades brutas de financiación durante el año 2023 es el de Cataluña, con una cifra cercana a los 12.000 millones de euros. Desde que se creó el FLA en el año 2012, Cataluña ha recibido 123.000 de los más de 367.000 millones canalizados a través de dicho vehículo (la tercera parte del total). En el extremo opuesto figuran Madrid y las comunidades de régimen común, Navarra y País Vasco.