La contundente derrota que sufrieron PSOE y Podemos en las elecciones municipales y autonómicas celebradas el pasado 28 de mayo ha precipitado el adelanto de los comicios generales que estaban previstos para final de año. El 23 de julio sabremos quién tiene representación parlamentaria suficiente para formar gobierno pero, sea quien sea el jefe del próximo Ejecutivo, lo cierto es que su política económica estará muy condicionada.
Como explicó Libre Mercado, la gestión de Pedro Sánchez entre los años 2018 y 2023 deja como legado una "herencia envenenada", marcada por un galopante aumento de la deuda pública que no ha sido capaz de evitar el estancamiento de la economía y el desplome de la renta de los ciudadanos. Por tanto, al igual que sucedió a finales de 2011, cuando Mariano Rajoy sucedió a Rodríguez Zapatero en la presidencia del país, España enfrenta un punto de inflexión.
Los presupuestos para 2024 serán la prueba del algodón. Como es sabido, la Unión Europea suspendió la aplicación de sus reglas fiscales durante la pandemia y alargó el periodo de gracia hasta 2023, pero el próximo año supone el regreso a la normalidad. Esto significa que nuestro país debe reducir el déficit público del 5% al 3% del PIB y recortar su deuda del 115% al 60% del PIB.
Por tanto, en los PGE para 2024 se deberá establecer un aumento del gasto público primario inferior al 2,6%, de modo que sea posible reducir el déficit estructural y poner rumbo a un escenario de cumplimiento. En la práctica, hablamos de un primer ajuste valorado en 9.000 millones de euros.
Pero los quebraderos de cabeza no terminarán ahí. El próximo gobierno también tendrá que lidiar con el encarecimiento de los gastos financieros asociados a la refinanciación de los pasivos del Estado que expiran en los próximos años. A nadie escapa que la subida de los tipos de interés está teniendo consecuencias directas en las condiciones de endeudamiento que enfrentan los países, las empresas y las familias.
En el caso de España, y a la luz de la experiencia del pasado curso 2022, esta circunstancia se traducirá en un golpe cercano a los 10.000 millones de euros solamente en 2023. Es cierto que el nuevo gobierno podría recortar sus costes financieros elevando su perfil de solvencia a partir de medidas económicas generadoras de confianza y también puede ocurrir que las condiciones monetarias frenen su endurecimiento, pero de momento todo apunta a que el escenario al que vamos es el comentado en las anteriores líneas, con todo lo que ello conlleva.
De modo que el nuevo gobierno, sea de derechas o de izquierdas, deberá asumir las consecuencias del despilfarro ocurrido entre 2018 y 2023. Los niveles de gasto público se han disparado durante este periodo desde los 500.000 hasta los 630.000 millones de euros. El peso del Estado sobre el PIB ha crecido del 41,3% observado en 2017, el último año completo de gobierno de Mariano Rajoy, al 47,8% de 2022. Semejante escalada tendrá que ser revertidla a partir de 2024, con medidas correctivas cercanas a los 20.000 millones de euros.
Por otro lado, con la convocatoria de elecciones generales también han quedado en el aire otras cuestiones como la tramitación de unas sesenta leyes y normas o el despliegue de 90.000 de los 140.000 millones de euros que recibirá España en concepto del "rescate" europeo canalizado mediante los fondos Next Generation EU. Los resultados electorales indicarán si la agenda legislativa de la izquierda queda definitivamente suspendida o vuelve a reactivarse y también servirán para esclarecer cómo se emplean los recursos comunitarios.