España se posiciona nuevamente como el tercer país de la Unión Europea con más restricciones para la implantación y ejercicio de la actividad comercial. Esta información proviene del último Retail Restrictiveness Index publicado por la Comisión Europea. Los países que superan a España en este aspecto son Francia y Austria, mientras que Alemania se encuentra al mismo nivel. Lamentablemente, España no ha logrado mejorar su situación en comparación con el informe anterior de 2018 y mantiene restricciones especialmente severas para el ejercicio de la actividad, siendo superada únicamente por Francia.
Siguiendo el informe, los aspectos en los que España califica de peor manera tienen que ver con los horarios comerciales, y los impuestos propios aplicados al comercio. Y es que, en el primero de los casos, a excepción de la Comunidad de Madrid, donde los comercios pueden elegir los días y horarios de apertura, la mayoría de las comunidades autónomas mantienen un régimen de apertura autorizada en 10 domingos y festivos al año.
En cuanto a los impuestos específicos que gravan la actividad comercial, solo Francia y Portugal tienen una fiscalidad más onerosa que España en este sector. Algunas comunidades autónomas españolas cuentan con un Impuesto sobre los Grandes Establecimientos Comerciales. Además, Hungría y Polonia reciben la misma puntuación negativa que España en este aspecto.
Los aspectos positivos en los que nuestro país ha mejorado con respecto al último informe, publicado en 2018, son la longitud de los procedimientos para autorizar la implantación, que ha disminuido de un valor de 3 a 1,50, y las promociones de ventas, que han pasado de 2,10 a 1,20.
También lo corrobora otro informe
La Comisión Europea, en su último informe país del Semestre Europeo, destaca a España como uno de los países más restrictivos para la actividad comercial. Bruselas advierte de manera contundente que la fragmentación del mercado y el exceso de regulación son obstáculos que afectan negativamente a la productividad. Cabe señalar que este informe es independiente del anterior, aunque ambos denuncian lo mismo: el exceso de regulación en España para el desarrollo de la actividad comercial.
Según las autoridades comunitarias, en la última década, el bajo desempeño en términos de productividad en España ha generado una brecha más amplia con respecto a los socios europeos. A juicio de estas autoridades, esto se debe al escaso gasto privado en investigación y desarrollo (I+D) y a las deficiencias en el entorno empresarial, que incluyen la fragmentación del mercado, la regulación basada en el tamaño de las empresas y las preocupaciones acerca de la calidad de la legislación.