La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha hecho la foto con UGT y CCOO firmando el Estatuto del Becario que su departamento lleva meses preparando. Lo han llamado "Estatuto de las personas en formación práctica no laboral en las empresas". Se trata de una nueva lista de requisitos que tendrán que cumplir las empresas que pretendan incorporar un becario a su actividad.
Sin embargo, a pesar del pomposo acto que celebraron ayer jueves Yolanda Díaz, Unai Sordo y Pepe Álvarez hay muchas dudas de que el ala socialista del Gobierno vaya a permitir que la líder de Sumar se apunte el tanto de su aprobación antes de la celebración de las elecciones generales del próximo 23 de julio. Por tanto, el texto podría quedar en papel mojado si se produce un cambio de gobierno.
¿Asalariados fantasma?
Eso sí, desde que se conocieran las intenciones de Díaz de firmar este documento este mes, las universidades y la CEOE volvieron a cargar contra la medida. Díaz lo justifica asegurando que su puesta en marcha acabará con el "fraude" y la "precariedad" que gira en torno a los becarios. Sin embargo, tanto las empresas como las universidades vienen alertando de lo contrario: con lo que acabará será con los becarios per se.
"Se ha acabado el tiempo de utilizar a las personas jóvenes como trabajadores de usar y tirar. Se ha acabado el tiempo de utilizar a las personas jóvenes en práctica como asalariados y asalariadas fantasma", aseguraba ayer Díaz. "Una vez más, España se adelanta al debate europeo a punto de empezar la presidencia semestral de turno de la Unión Europea cuyas instituciones comienzan a revisar el marco europeo de prácticas de calidad" afirmaba Trabajo, que parece olvidar que en lo que destaca España respecto a Europa es en el liderazgo del paro juvenil, con una tasa de desempleo del 28,4% frente a la media del 13,8%. Por tanto, alejar a los estudiantes de las empresas con más trabas no parece ser la mejor de las ideas.
Como ya explicó hace unos meses la directora de operaciones de la Fundación Universidad Empresa, Carmen Palomino, a Libre Mercado, la norma de la ministra comunista "parte de un error de base, que es confundir al becario con un trabajador. Una persona de prácticas se está formando, es decir, está realizando una actividad académica, pero Yolanda Díaz lo que quiere es laboralizarlo".
Palomino también desmontó la falsa creencia de que tener un becario en una empresa sea todo un chollo para el empleador. "Hay que formarle, enseñarle, supervisarle... No todas las empresas pueden dedicar sus recursos y su tiempo en tener becarios. Y ese el problema principal: que a las universidades nos cuesta mucho encontrar empresas donde colocar a todos los becarios que hay. De eso el Ministerio de Trabajo no habla, se queda solo en el fraude, que lo hay, pero no es el principal problema de los becarios, que son las dificultades para encontrarles prácticas" señalaba la experta.
Por tanto, poner más impedimentos a la hora de incorporar a estos estudiantes en los negocios privados "no va a hacer más que reducir la oferta de las empresas dispuestas a coger a una persona que hay que tener claro que no está produciendo, sino que está aprendiendo" vaticinó.
"Amenaza el modelo de prácticas"
En la misma línea fue hace unos días la conferencia de rectores (Crue Universidades Españolas), que aseguró que el texto de Díaz "constituye una amenaza para el modelo de prácticas vigente en el sistema universitario español".
En cuanto al procedimiento, Crue discrepa abiertamente "de la forma en que se ha negociado porque supone en las prácticas un contenido jurídico-laboral del que carecen, tal y como Crue ha puesto de manifiesto en diferentes ocasiones. Las prácticas de estudiantes universitarios son un asunto estrictamente académico y no se entiende por qué razón sindicatos y patronal tienen que pactar su régimen jurídico".
Las claves del Estatuto del Becario
Entre las imposiciones más problemáticas del estatuto está el encarecimiento de las incorporaciones de los becarios. Y es que, las empresas tendrán que abonar una compensación económica "por una cuantía mínima para compensar todos aquellos en los que la persona en formación práctica incurra como consecuencia de esta", como el gasto de desplazamiento, alojamiento o manutención, si bien la empresa no estará obligada "si existen otras becas o ayudas que los cubran".
Crue se opone "radicalmente al establecimiento de una compensación obligatoria por los gastos en que pueda incurrir el estudiante en prácticas. Se trata de una previsión inédita en nuestro Derecho y cuya consecuencia inmediata será la disminución dramática del número de empresas y, sobre todo, de entidades públicas dispuestas a acoger estudiantes en prácticas. Además de todo ello, la valoración de tal compensación generará con toda seguridad una gran complejidad y dificultades añadidas a la gestión ordinaria de las prácticas" aseguran.
Además, los becarios accederán a "todos los servicios con los que cuenten las personas trabajadoras en el centro de trabajo, tales como restauración, zona de descanso, aparcamiento u otros, en las mismas condiciones que aquellas, en la medida en que la organización e infraestructuras de la empresa u organismo equiparado lo permitan".
El nuevo texto establece que la formación respetará "los límites y descansos, incluidos festivos y vacaciones, fijados en las normas legales y convenios colectivos que resulten aplicables" al resto de trabajadores de la empresa. Además, con carácter general "las actividades formativas no podrán desarrollarse en horario nocturno ni a turnos" y la empresa deberá garantizar la compatibilidad de las prácticas con el resto de la actividad formativa del estudiante.
El estatuto establece una limitación de horas en las prácticas. En las curriculares desarrolladas durante los estudios oficiales de grado, máster doctorado no podrán superar el 25% de las horas del grado; en el caso de un grado de 240 créditos ECTS, que suma 6.000 horas, el límite será de 1.500 horas.
El nuevo texto establece que "el número de personas en formación práctica no podrá superar el 20% de la plantilla del centro de trabajo". El estatuto del becario incorpora un régimen sancionador que pena los incumplimientos con multas que van desde los 70 euros hasta los 225.018 euros, y encomienda la vigilancia de las condiciones de los estudiantes en prácticas a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS). Según el Ministerio de Trabajo, en los últimos cinco años, y con resultados todavía provisionales en 2022 y parciales del año en curso, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha permitido aflorar cerca de 7.000 empleos realizados por becarios que ejercían como trabajadores.
Eso sí, en ningún caso las empresas están obligadas a asignar un salario a los becarios y finalmente no se han prohibido "las prácticas extracurriculares", que son las que no son obligatorias para el alumno en la carrera y no le computan créditos, pero le sirven para coger experiencia. La idea inicial de Yolanda Díaz era acabar con esta opción. Para las prácticas extracurriculares de los mismos estudios universitarios el límite se encuentra en el 15%, de manera que no podrán superar las 480 horas.