Los que se pensaban que ya se habían acabado los sobrecostes ecológicos, se equivocaban. La Comisión Europea acaba de impulsar una nueva cruzada de la fiscalidad verde. Y el resultado será que, desde el 1 de octubre próximo, las empresas tendrán que evaluar toda su ‘huella de carbono’ y, por supuesto, empezar a prepararse para pagar impositivamente por ella.
La Comisión Europea se encuentra en medio del lanzamiento de las normas "que rigen la aplicación del Mecanismo de Ajuste de las Fronteras de Carbono (CBAM) durante su fase de transición, que comienza el 1 de octubre de este año y se extiende hasta finales de 2025", señala la UE. El proyecto de Reglamento de Ejecución impulsado detalla "las obligaciones de presentación de informes y la información que se solicita a los importadores de productos CBAM de la UE, así como la metodología provisional para calcular las emisiones integradas liberadas durante el proceso de producción de productos CBAM". Durante todo el proceso. Es decir, lo que los ecologistas denominan como la "huella de carbono" total.
"En la fase de transición del CBAM, los comerciantes sólo tendrán que informar sobre las emisiones incorporadas en sus importaciones sujetas al mecanismo sin pagar ningún ajuste financiero" señala la comunicación oficial de Bruselas. "Esto dará tiempo para que las empresas se preparen y proporcionará la información necesaria para ajustar la metodología definitiva para 2026". Momento en el que, obviamente, se aplicará el principio de que "el que contamina paga" para exigir una mayor carga fiscal sobre toda la ‘huella de carbono’.
El proyecto de Reglamento de Ejecución permite una relativa "flexibilidad en lo que respecta a los valores utilizados para calcular las emisiones integradas en las importaciones. Durante el primer año de implementación, las empresas tendrán la opción de informar de tres maneras: (a) informar de forma completa de acuerdo con la nueva metodología (método de la UE); (b) informar sobre la información basada en sistemas nacionales equivalentes de terceros países; y (c) informar sobre la base de valores de referencia. A partir del 1 de enero de 2025, solo se aceptará el método de la UE". Bruselas puntualiza que "este enfoque gradual dará a los productores tiempo para adaptarse de una manera predecible".
Además, "la Comisión también está desarrollando herramientas para ayudar a los importadores a realizar e informar sobre estos cálculos, así como una orientación en profundidad, materiales de capacitación y tutoriales para apoyar a las empresas cuando comience el mecanismo de transición". Eso sí, "se pedirá a los importadores que recopilen los datos del cuarto trimestre a partir del 1 de octubre de 2023, su primer informe solo tendrá que presentarse a finales de enero de 2024".
Según la Comisión Europea, se trata de "un proceso totalmente transparente", y Bruselas defiende que ya se "consultó informalmente a un grupo de expertos con la plena participación de terceros países, las partes interesadas y la industria, al tiempo que preparaba las obligaciones de presentación de informes". Traducido: cuando empiece el nuevo castigo, según la UE, nadie podrá quejarse porque, de nuevo según su versión, ya han sido todos escuchados.