La UE ha pasado de los incentivos a sus empresas "sociales" a la discriminación a las que no cumplan con sus gustos pro Agenda 2030. Los nuevos paquetes de ayudas relegan a las sociedades que no asuman los criterios políticos y restringen el riego de fondos de manera que la prioridad en la financiación la tengan las compañías woke.
"La UE necesitará inversiones adicionales de alrededor de 700.000 millones de euros cada año para cumplir con los objetivos del Pacto Verde Europeo", desvela Bruselas en una reciente comunicación. Se trata de un auténtico dineral al servicio de la Agenda 2030. Y la Comisión Europea lo sabe. De hecho, lo sabe hasta tal punto, que quiere redirigir su potencial financiador a las empresas verdes y pedir que se sumen a esos pagos los bancos privados.
Bruselas admite en una reciente comunicación que "la mayor parte de estas inversiones tendrán que provenir de financiación privada". Y que, "para hacer frente a este desafío", la UE ha puesto en marcha tres bloques de construcción para un marco financiero sostenible. El primero es el que denomina como "taxonomía de la UE, un diccionario común para las actividades económicas que contribuyen sustancialmente a los objetivos climáticos y medioambientales de la UE"; el segundo, es el que engloba "las reglas sobre divulgaciones y presentación de informes tanto para empresas como para inversores, para garantizar una transparencia adecuada para todas las partes interesadas"; y el tercero, el compuesto por las "herramientas, como estándares y etiquetas para los puntos de referencia climáticos y el estándar de bonos verdes de la UE". Y en base a esos tres llegarán las subvenciones.
"El marco de financiación sostenible de la UE está empezando a funcionar según lo previsto, facilitando la financiación privada para las inversiones verdes y de transición", señala Bruselas. Pero la Comisión Europea quiere más y reclama una dosis financiera adicional.
"Cumplir con los nuevos requisitos de divulgación y presentación de informes también es un desafío, ya que el primer ciclo de presentación de informes para las empresas puede plantear preguntas de implementación y uso y puede requerir inversiones en, por ejemplo, el procesamiento de la información requerida". Por ello, la "Comisión se compromete a apoyar activamente esta implementación y a garantizar la usabilidad e inclusión del marco para empresas de diferentes tamaños, modelos de negocio y con diferentes puntos de partida en la transición", apunta la UE.
Para todo ello, Bruselas acaba de impulsar una propuesta de "reglamento sobre transparencia y operaciones de los proveedores de calificación ambiental, social y de gobernanza (ESG)" que garantizará que "las calificaciones ESG se conviertan en un componente más confiable y transparente de la cadena de valor de las finanzas sostenibles". Pero, además, la recomendación de la Comisión abarca la "financiación de transición y explica cómo las empresas, los inversores y los intermediarios financieros pueden utilizar voluntariamente el marco financiero sostenible actual para financiar su transición a una economía climáticamente neutra y sostenible, con ejemplos prácticos y explicaciones".
Para completar este avance hacia el ecologismo y la Agenda 2030, "las próximas normas europeas de presentación de informes de sostenibilidad (ESRS) en virtud de la Directiva de Información sobre Sostenibilidad Corporativa (CSRD), actualmente sujetas a la retroalimentación pública (desde el 9 de junio), permitirán a las empresas comunicar información sobre sostenibilidad de manera estandarizada a una variedad de prestamistas, inversores y otras partes interesadas".