El gobierno de Pedro Sánchez se niega a pagar las sentencias internacionales que condenan a nuestro país por la retirada retroactiva de las energías renovables, pero las empresas e inversores afectados no se han quedado de brazos cruzados y ya han empezado a tramitar la incautación y el embargo de bienes pertenecientes al Reino de España, como medida compensatoria.
Dentro de esta dinámica, uno de los procesos más llamativos es el que puede resultar en el embargo de la indemnización por la catástrofe que provocó el hundimiento del barco petrolero Prestige frente a las costas de Galicia, en noviembre del año 2002. Aquel desastre abrió un largo proceso de litigios orientados a determinar la indemnización que debe recibir nuestro país como compensación por el daño ecológico provocado por el accidente. En Reino Unido, uno de estos procesos judiciales se saldó con una sentencia que impone a la compañía petrolera el pago a España de una indemnización de casi 1.000 millones de euros.
Pues bien, el fondo Antin, uno de los más importantes de Europa en el ámbito de la energía y las infraestructuras, ha requerido a la justicia británica que intervenga dicha indemnización para así resarcir el escenario de impago que ha venido sufriendo. Para ser precisos, a Antin se le debe una indemnización de 100 millones de euros, además de otros 20 millones en concepto de intereses de demora y alrededor de 5,5 millones por distintas condenas en costas. En total, más de 125 millones de euros. Esta es la cantidad pendiente de pago que la empresa quiere recuperar interviniendo el pago de la indemnización del Prestige.
Como informó Libre Mercado, España ha intentado evitar esta situación litigando ante la Corte Suprema de las islas británicas. Nuestro país, representado por el bufete Simmons & Simmons, argumentó que los tratados bajo los cuales se ha dirimido el proceso no son vinculantes. Sin embargo, en una sentencia emitida el pasado 24 de mayo, el magistrado Peter Fraser ha tumbado este razonamiento, ha denegado la "soberanía de Estado" que invocó España para evitar la congelación e intervención de sus bienes y ha concluido que la sentencia es válida, auténtica y queda totalmente reconocida ante la justicia británica.
Esta decisión puede servir como antesala para la resolución definitiva del embargo cautelar que pende sobre el derecho de cobro de la indemnización del Prestige. Así, es de esperar que en los próximos meses quede definitivamente resuelto tal procedimiento y, en línea con la jurisprudencia, España termine pagando 125 millones de euros por dicha vía.
Este no es el único frente legal con el que lidia España en las islas británicas. Recientemente se autorizó de forma cautelar la incautación de la sede del Instituto Cervantes en Londres. Además, hay cuatro bonos de deuda soberana en una situación de default técnico con motivo de los impagos. Próximamente se esperan medidas similares en Australia, incluyendo la posible incautación de la filial de Navantia en el país oceánico.
Los sobrecostes judiciales y financieros derivados de la estrategia del gobierno de Pedro Sánchez de impagar estas sentencias internacionales ya ascienden a 250 millones de euros. Sin embargo, y como demuestra esta nueva decisión de la Corte Suprema británica, la mayoría de los procesos se están saldando en contra de los intereses de España y, además, los impagos no son el fin de la conversación, puesto que la incautación de bienes permite que los afectados por los incumplimientos se puedan resarcir de tal forma.