Hace ahora tres años, el Tribunal de Justicia de La Haya certificó la sentencia que condena a Rusia a indemnizar con 50.000 millones de euros a los accionistas que sufrieron la expropiación arbitraria de la empresa petrolera Yukos. Aquella operación constituye uno de los mayores escándalos económicos del régimen de Vladimir Putin, que orquestó una campaña de acoso y derribo contra los dueños de la compañía.
Yukos pasó a manos del Estado, en el marco de una estrategia de incautaciones, confiscaciones, nacionalizaciones y expropiaciones mediante la cual Vladimir Putin ha revertido las tímidas liberalizaciones económicas que siguieron al colapso de la Unión Soviética. Estas compañías que han pasado a ser de dominio público de forma arbitraria e irregular representan el brazo económico del régimen y son, además, un foco de corrupción, como bien documenta la periodista Catherine Belton en su prestigiosa y monumental obra de investigación sobre Putin y el KGB.
Este tipo de operaciones han convertido a Rusia en una de las economías más afectados por sentencias, laudos y arbitrajes internacionales. El listado también incluye a Venezuela, que de hecho es el país con un mayor número de condenas de este tipo. Pero Putin y Maduro no están solos y, de hecho, han encontrado un aliado en España.
Nuestro país suma más de veinte condenas por la retirada retroactiva de las primas a las renovables. Lejos de resarcir a las empresas afectadas, Sánchez ha comunicado por carta al Banco Mundial que se niega a cumplir estas resoluciones, a pesar de que España reconoció y se personó todos los procesos y, de hecho, invirtió más de 70 millones en su estrategia de defensa legal.
Pues bien, el hecho de que España haya socavado su seguridad jurídica de forma tan acusada ya está dando pie a sorprendentes y bochornosas alianzas internacionales con los regímenes de Venezuela y Rusia. Libre Mercado informaba ayer, por ejemplo, de la decisión del gobierno de Sánchez de contratar al mismo bufete de abogados que ha canalizado la defensa de Venezuela y su petrolera estatal, PDVSA, en procesos internacionales similares a los que enfrenta nuestro país.
Pero la cosa no acaba ahí. Según publica el boletín de información jurídica Law360, España también ha colaborado con Rusia con ánimo de sumar fuerzas y defender los impagos. En 2021, nuestro país se personó voluntariamente y sin ser parte implicada en el proceso abierto por la justicia estadounidense para resarcir a los afectados por la toma de la petrolera rusa. España defendió entonces que los magistrados del país norteamericano no debían autorizar las medidas de protección invocadas por las víctimas de la expropiación de Yukos.
Con esta decisión, el gobierno de Sánchez pretendía deslegitimar los procedimientos de recuperación de activos que permiten embargar bienes soberanos de aquellos países que incumplen sentencias y arbitrajes internacionales. Como es sabido, esta es la estrategia que están siguiendo las empresas afectadas por los impagos del Ejecutivo de coalición PSOE-Podemos, lo que ha resultado en la toma de activos como la indemnización por la catástrofe del Prestige, la toma de la sede del Instituto Cervantes en Londres o la declaración de un default técnico en cuatro bonos de deuda española.
Pues bien, dos años después de aquella intervención de España a favor de Rusia, el régimen de Putin ha presentado nuevas alegaciones ante la justicia estadounidense para frenar la reclamación de los accionistas afectados por la expropiación de la petrolera Yukos. Así, la defensa rusa ha aludido explícitamente a la decisión de España de negarse a pagar los más de 35 millones que se adeudan por la condena derivada del caso "Infrared", de Blasket Renewable Investments.
Los abogados de Putin en Estados Unidos han invocado la posición española para negarse a compensar a los afectados por la expropiación, devolviendo de esta forma el favor prestado en su día por Sánchez y consolidando una "pinza" jurídica hispano-rusa para defender los impagos de sentencias y laudos internacionales.