Uno de cada cinco. Esos son los hogares en España que tienen electricidad gracias a la energía nuclear (algunos más, en realidad). Es la base de nuestro sistema eléctrico, produce energía de manera fiable día y noche. No importa que llueva o no, que haga viento o no, que brille el sol o no. Asegura el suministro, reduce la dependencia energética exterior, baja los precios de la electricidad y no emite gases de efecto invernadero. Por si todo esto no fuera suficiente es, junto a la energía solar, la tecnología de producción de electricidad más segura que existe.
Por eso no era racional que el gobierno anterior concurriera a las elecciones generales con un programa electoral que postulaba el cierre de todas las plantas nucleares españolas. De este modo, cuando alcanzaron la Moncloa, "pactaron" un calendario de cierre con los propietarios de las centrales nucleares. Calendario que han utilizado como coartada estos últimos años para decir que "son los propietarios" los que las quieren cerrar, no el gobierno.
Ante la nueva convocatoria de elecciones, el candidato del Partido Popular declaró esta semana que su intención es revertir ese calendario de cierre porque no se pueden "desenchufar" las centrales nucleares que producen el 21% de la electricidad en nuestro país. Algo que debería ser obvio para cualquier gobernante con miras a largo plazo y la mente puesta en el crecimiento y la competitividad de nuestra economía.
Las reacciones a este anuncio no se hicieron esperar. Yolanda Díaz acusó la idea de "tóxica", "fracasada" y "no rentable". Sin embargo, la reacción más llamativa fue la de la propia Teresa Ribera que calificó la idea de "eslogan y pancarta". Y resulta especialmente llamativo porque Ribera declaró en más de una ocasión que su gobierno no tenía nada contra la energía nuclear, sino que eran los propietarios los que las querían cerrar por motivos económicos. Sin embargo, ahora que se abre la posibilidad de que su operación continúe, le ha faltado tiempo para saltar a descalificar la propuesta. Para no tener nada contra las centrales nucleares, lo disimula poco.
Lo cierto es que es muy difícil llevar a cabo una transición energética en España sin energía nuclear. ¿Se puede hacer? Sin duda. Pero será más lenta, más difícil, con más riesgo, con más emisiones y, sobre todo, más cara para todos. ¿Por qué pasar por ese calvario cuando disponemos de unas centrales en plena forma que nos ayudan en nuestros objetivos climáticos? ¿Por qué ese empeño en prescindir de unas centrales que otros países de Europa conservan como oro en paño por ser una fuente irrenunciable de soberanía energética?
Sin embargo, no podemos obviar el injusto trato que las centrales nucleares han recibido en los últimos años. La enorme presión fiscal que sufren nuestros reactores ha ocasionado, en algún ejercicio, que su flujo de caja fuera negativo. No es que las centrales nucleares no sean rentables (lo son), no es que sus propietarios no quieran continuar con su operación (quieren), más bien no parecen estar de acuerdo en seguir siendo la gallina de los huevos de oro, la vaca a la que ordeñar hasta asfixiarla completamente mientras seguimos con huidas hacia delante en un sector eléctrico cada vez más caótico.
Las centrales nucleares tienen impuestos hasta triplicados en algunos casos, varios de ellos declarados inconstitucionales y alguno de ellos que se cobra igualmente, a pesar de su inconstitucionalidad. Se les aplican impuestos medioambientales, cuando no tienen impacto sobre el medioambiente y se les obliga a incurrir en gastos de los que se exime al resto de tecnologías. Un trato ciertamente injusto, con el que perdemos todos. Lo cierto es que la energía nuclear en España no necesita ayudas, no necesita subvenciones ni trato de favor alguno. Lo único que necesita es que le quiten la soga del cuello, esos que dicen que no tienen nada contra ella. O lo hacemos pronto o lamentaremos durante décadas haber cometido semejante error. Que se lo digan a Alemania.