Lena Sandberg es socia del bufete californiano Gibson, Dunn & Crutcher LLP, un despacho que cuenta con veinte sedes internacionales y una plantilla de más de 1.900 abogados. La destacada jurista danesa, especialista en el campo del derecho comunitario y en todo lo referido a la legislación de mercados y competencia, ha visitado España para participar en distintos eventos y conferencias en los que ha presentado su estrategia de defensa jurídica contra los impagos de los laudos que condenan a España por la retirada retroactiva de las primas a las renovables.
"El marco de incentivos ofrecido a los inversores por España en el ámbito de las energías renovables fue similar al aprobado en otros países de la Unión Europea. La inversión extranjera fluyó hacia el país y, en total, España captó hasta 70.000 millones de capital foráneo. Al retirarse las primas de manera retroactiva, los inversores tomaron medidas para salvaguardar sus intereses y protegerse ante una arbitrariedad manifiesta. Las denuncias se han canalizado a través del Tratado de la Carta de la Energía y dentro del Convenio del CIADI, es decir, se han dado bajo el paraguas de acuerdos internacionales que España suscribió hace décadas", explica Sandberg.
La socia del bufete Gibson, Dunn & Crutcher subraya que, "la inmensa mayoría de estos procedimientos se han resuelto en contra de España, y el mecanismo de compensación ofrecido por el gobierno de Pedro Sánchez fue considerado inapropiado por la inmensa mayoría de los afectados. Desde entonces, el Ejecutivo se ha enrocado en una postura incomprensible. Así, tras reconocer la legitimidad de estos procesos, y después de pactar la composición de los tribunales de arbitraje y de invertir decenas de millones de dólares en la contratación de bufetes internacionales, España se está negando a pagar las indemnizaciones dictadas en los más de veinte laudos que ya se han resuelto".
"Ante estas sucesivas derrotas judiciales, el gobierno ha intentado defender en Bruselas que el pago de estas indemnizaciones supondría una "ayuda de Estado". En realidad, si esto fuese así, cada vez que un tribunal reconociese una indemnización, podríamos decir que las personas que las reciben se benefician de una distorsión de la competencia, lo cual sería absurdo", explicó la jurista nórdica.
Sandberg explica que "el derecho y la jurisprudencia europea señalan que una indemnización solamente puede quedar catalogada como una "ayuda de Estado" bajo supuestos muy concretos y limitados. Por ejemplo, un régimen especial debe ser comunicado y notificado, pero tal obligación queda sujeta a una prescripción a diez años y tales plazos ya se han superado. De igual manera, para que exista una "ayuda de Estado", la financiación del mecanismo tendría que venir directamente del Estado, pero como sabemos estas primas no se pagaban de tal forma, sino con una tarifa sobre los consumidores que luego se repercutía sobre las empresas del ramo. Por tanto, este argumento tampoco tiene recorrido".
Pide "zanjar de una vez los litigios"
"Para poner en perspectiva todo esto, hay que decir que la inversión generada ascendió a 70.000 millones, mientras que las condenas terminarán rondando los 2.000 millones, una vez se hayan resuelto todos los procesos. España puede pagar esas indemnizaciones, apenas suponen el 0,1% o 0,2% del PIB, y zanjar de una vez los litigios", señaló durante su paso por la capital de nuestro país.
En opinión de Sandberg, "la estrategia de involucrar a la Comisión Europea solamente sirve para dilatar los procesos, porque lo normal es que Bruselas emita apenas dos o tres decisiones al año sobre este tipo de cuestiones. Así, con más de veinte procedimientos en el aire, la intención del gobierno español es clara, lo único que quiere es seguir ganando tiempo. Sin embargo, mientras esto ocurre, los intereses de demora se acumulan, los costes reputacionales se disparan y la incautación de bienes en países como Reino Unido o Australia se va volviendo una realidad cada vez más tangible".