La Corte Permanente de Arbitraje de La Haya (CPA) ha condenado a España a indemnizar al grupo energético francés EDF con un pago de 29,6 millones de euros por la retirada retroactiva de las primas a las renovables. El proceso quedó resuelto el pasado mes de abril, aunque la publicación definitiva del laudo y su comunicación oficial al gobierno de nuestro país se ha producido en los últimos días
La victoria judicial que ha cosechado la compañía gala viene a ampliar la larga lista de sentencias condenatorias contra el Reino de España por este asunto. Para ser precisos, ya se han emitido 23 laudos que instan al Ejecutivo de Pedro Sánchez a resarcir a las compañías afectadas.
Électricité de France, o EDF, es una multinacional parcialmente participada por el Estado francés. Creada en 1946, su facturación anual supera los 80.000 millones de euros. Cuenta con más de 165.000 empleados y sus activos bajo gestión tienen un valor de más de 360.000 millones de euros.
EDF es una de las empresas más importantes afectadas por la retirada retroactiva de las primas a las renovables, pero la lista también incluye a otras corporaciones como RWE, Antin o Next.Era. Próximamente se espera la resolución del proceso que involucra a E.ON, cuya reclamación asciende a 600 millones de euros.
La mayoría de los laudos se han canalizado a través del Banco Mundial y de su Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Sin embargo, el proceso de EDF se tramitó ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya (CPA), de modo que esta resolución amplía la cobertura legal que están recibiendo los denunciantes ante los tribunales internacionales.
España acumula más de 1.200 millones de euros en laudos pendientes de pago. Asimismo, la estrategia del gobierno de Pedro Sánchez de negarse a resarcir a los afectados ha generado un coste adicional de 250 millones de euros en concepto de gastos legales, condenas en costas e intereses de demora.
Ante esta circunstancia, algunas de las compañías afectadas han puesto en marcha los procesos legales orientados a conseguir el embargo de bienes del Reino de España. De momento, los denunciantes han logrado el visto bueno de la justicia británica y australiana y han abierto la veda a la incautación de todo tipo de activos, caso de la indemnización por la catástrofe del Prestige (más de 900 millones de euros) o el embargo cautelar de la sede del Instituto Cervantes en Londres.
En el caso concreto del proceso iniciado por EDF, el gobierno de Pedro Sánchez ya ha contratado los servicios del despacho suizo MLL Meyerlustenberger Lachenal Froriep. Esta decisión anticipa que el Ejecutivo pretende litigar contra la ejecución del laudo y seguir manteniendo su estrategia de impagar las indemnizaciones decretadas por los tribunales internacionales.