La Comisión Europea vuelve a dejar en evidencia al Gobierno. El mismo día que la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha desmentido "categóricamente que se vayan a pagar" peajes en las autovías españolas, Bruselas dice lo contrario.
"El plan de recuperación español, que fue propuesto por España y posteriormente aprobado por la Comisión y el Consejo, incluye el compromiso de España de adoptar una ley sobre movilidad sostenible y financiación del transporte antes de diciembre de 2023", recuerdan fuentes de la Comisión Europea a 20 Minutos, y añaden que uno de los objetivos de esta ley es "establecer un sistema de financiación del uso de las carreteras del Estado, que se implantará a partir de 2024", basado en el principio de "quien contamina paga".
Como viene recordando Libre Mercado, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ya incluyó en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que envió a Bruselas este compromiso. En concreto, cuando todavía José Luis Ábalos ejercía como ministro de Transportes, el Gobierno incluyó en el Componente 1 de dicho plan su intención de imponer "un pago por uso que permitiría garantizar la conservación de la red viaria, además de generar incentivos hacia la mayor eficiencia en este modo de transporte, lo que a su vez redunda en una minoración de las emisiones de gases de efecto invernadero".
Para ejecutar este golpe al coche, el Gobierno prometía a Bruselas que elaboraría una "Ley de Movilidad y Financiación del Transporte" y daba una fecha para su puesta en marcha. "Esta Ley también prevé la posible articulación de un mecanismo de pago por el uso de las carreteras estatales que podría implantarse a partir del año 2024, buscando un acuerdo social y político, lo que supone avanzar hacia la internalización de los costes externos del transporte bajo el principio del cobro al usuario usuario pagador y también del principio de quien contamina paga" rezaba el texto.
Además, después de enviar este documento a Bruselas, el Ministerio de Transportes encargó a la consultora pública Ineco la elaboración de varios informes para buscar alternativas para financiar las carreteras de nuestro país entre las que se encontraban la implantación de un sistema de peajes en todas las autovías a partir de 2024.
Sin embargo, en la antesala de las próximas elecciones del 23-J, el Gobierno ha vuelto a generar polémica alrededor de este asunto después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se lo echara en cara a Sánchez en su debate televisivo y este lo negara.
Pero Feijóo no fue el único que desenmascaró al líder del PSOE. Hasta el director general de Tráfico, Pere Navarro, reconoció días después que España iniciaría el cobro de peajes en las autovías "por imposición de Bruselas", aunque el Ejecutivo no tardó en hacerle rectificar.
Ahora, es la propia Comisión Europea la que confirma -y defiende- la evidencia con la excusa de la protección del medioambiente. "El objetivo de esta medida es internalizar el coste externo del transporte por carretera, creando así incentivos para una mayor eficiencia en este sector y conduciendo a una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero" declaran las mismas fuentes de la Comisión. No obstante, la medida será examinada "en el quinto tramo" de fondos.