Diez años después de su desconexión de la red, el Gobierno ha autorizado el inicio de los trabajos de desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña, que comenzó a operar en 1971 y que fue apagada en 2012 por decisión del Gobierno Zapatero pese a los informes del Consejo de Seguridad Nuclear que avalaban que podía seguir en funcionamiento con seguridad.
En una orden ministerial publicada este lunes, el Ministerio que dirige Teresa Ribera ha autorizado el comienzo del desmantelamiento que se hará a imagen de la ya prácticamente desmantelada central nuclear de José Cabrera, en Zorita. Se trata del último trámite necesario para el traspaso de la titularidad de la central, perteneciente a Nuclenor (50% Iberdrola y 50% Endesa) a la empresa pública de gestión de residuos Enresa, que ahora acometerá el complejo proceso de desmontar el reactor y resto de instalaciones.
Garoña, en el Valle de Tobalina, en Burgos, contaba con una potencia instalada de 466 MW. Pese a que la empresa propietaria había reclamado seguir operando hasta 2019, el Gobierno socialista decidió que dejara de operar en 2013 por razones ideológicas. Tras la desconexión y el cese definitivo de explotación, la empresa propietaria solicitó en 2014 que se renovara la autorización, pero fue denegada definitivamente en 2017.
Desde entonces, la central entró en tareas de predesmantelamiento a la espera de los informes del Consejo de Seguridad Nuclear, la declaración de impacto ambiental y finalmente la autorización del Ministerio. Este 17 de mayo el CSN publicó un informe favorable sobre el cambio de titularidad. Hoy, ha llegado el trámite pendiente, el visto bueno del Gobierno que posibilitará que empiecen los trabajos de desmontaje en dos fases. La primera, según el ministerio, durará hasta 2026 e incluirá la retirada de estructuras, sistemas y componentes del edificio de turbina y el traslado del combustible gastado desde la piscina hasta el Almacén Temporal Individualizado en la propia central (cabe recordar que el Gobierno decidió descartar, en contra del criterio de los expertos, la construcción del almacén centralizado que en principio iba a acoger los residuos del conjunto del parque nuclear español a la espera de su ubicación definitiva).
En una segunda fase, entre 2027 y 2033, se desmontarán los edificios "de carácter radiológico" hasta la "restauración del emplazamiento". El Gobierno estima el coste en 475 millones aunque ahí no incluye la gestión del combustible gastado. En total, se emplearán hasta 350 personas de forma simultánea.